Fox, Zedillo, Macedo de la Concha y varios funcionarios podrían ser acusados de negligencia

El Parlamento de Mujeres exige a la PGR investigar los crímenes en Juárez

Se contradice el gobierno cuando afirma que el tema es prioridad nacional y la autoridad local realiza las pesquisas: Martí Batres Basta de pronunciamientos, demandamos acciones, el clamor

CIRO PEREZ SILVA

Las mil 500 personas que asisten al quinto Parlamento de Mujeres de México, que organiza la Comisión Bicameral de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, demandaron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigación sobre los asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua e inclusive este asunto se presente ante la Corte Internacional de Justicia.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática, María de los Angeles Sánchez Lira, secretaria de la Comisión de Equidad y Género, recordó que existe una demanda en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la negligencia y el eventual encubrimiento de las autoridades judiciales mexicanas, tanto del ámbito estatal como del federal, respecto de los casos de asesinatos y desapariciones de más de 300 mujeres en esa ciudad fronteriza. Si dicha demanda prospera, el asunto se llevaría a los tribunales internacionales y se fincaría responsabilidades a los funcionarios involucrados, tanto de ésta como de pasadas administraciones.

Entrevistada durante un receso de la mesa denominada El caso de Ciudad Juárez, al inicio del Parlamento de Mujeres de México, la legisladora advirtió que el resultado de este proceso sería una condena de la comunidad internacional al sistema de procuración de justicia mexicano y al gobierno mismo. Dijo que el objetivo principal de ésta es que por fin se atraiga el caso al ámbito federal, porque es muy grave que haya rebasado las fronteras del país y llegado a la sede de la ONU. "Creo que el presidente Vicente Fox y quien debe impartir justicia en el país ya no pueden esperar", dijo.

Sostuvo que en caso de aceptarse la demanda en la ONU no sólo resultarían con responsabilidad el presidente Fox y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha; sino también la procuraduría estatal de Chihuahua y el gobernador Patricio Martínez, e inclusive el ex mandatario en esa entidad, Francisco Barrio Terrazas, sus colaboradores en el ámbito de la procuración de justicia y desde luego el ex presidente Ernesto Zedillo.

Pilar Sánchez, representante de la sociedad civil, pidió que la PGR atraiga la investigación de los más de 300 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues "no podemos aceptar ni una muerta más, que se partidicen los asesinatos y se minimice la gravedad de la situación, aduciendo que las cifras son falsas".

Afirmó que durante 10 años se ha exigido la rendición de cuentas y justicia en el caso, pero hasta el momento no hay respuestas convincentes. "No queremos más pronunciamientos ni acciones parciales, sino actos concretos y justicia; no cejaremos en la denuncia pública hasta que obtengamos una respuesta justa y adecuada, que demuestre voluntad política por parte de las autoridades federales".

Patricia Espinosa Torres, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, comentó que el esclarecimiento de los crímenes sólo será posible mediante la voluntad incondicional, capacidad de colaboración y coordinación de los gobiernos estatal y federal.

Al inaugurar el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Eric Villanueva Mukul, se refirió también a los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez e hizo un enérgico exhorto a las autoridades para que atiendan este asunto "por demás indignante para nuestro país", que cada día se vuelve más grave.

Reiteró la solidaridad del Poder Legislativo con las familias de las víctimas, y recalcó que la Cámara de Diputados seguirá pendiente de este doloroso y vergonzoso asunto hasta que se esclarezca, porque no pueden quedar sin castigo más de 300 crímenes.

En tanto, la priísta Concepción González Molina, presidenta en turno de la Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México, demandó dejar a un lado los discursos e intervenir decididamente en el caso de las personas asesinadas. "No podemos cruzarnos de brazos si el gobierno federal rehuye una responsabilidad y una exigencia para atraer el caso a las instancias federales de procuración de justicia. No deseamos más discursos, queremos que la violencia termine", enfatizó.

La también presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados agregó que han sido muchas las protestas en demanda de poner un alto a la violencia en Ciudad Juárez, y el tema llama mucho la atención de la opinión publica nacional, pero los esfuerzos no han sido suficientes para que las autoridades pongan un alto y se decidan a intervenir con toda la fuerza de ley en este doloroso asunto.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó la urgencia de que la PGR atraiga el caso de los homicidios, porque es un clamor nacional, ya que "es una contradicción decir que el tema de las mujeres muertas en Juárez es una prioridad nacional y dejarlo a las autoridades locales para su resolución", subrayó.

María de los Angeles Sánchez Lira confirmó que en el corto plazo podría concretarse la intervención de tribunales y jueces internacionales en el caso, y dijo que inclusive ha habido encuentros con legisladores estadunidenses, quienes han sugerido que intervenga la Interpol, pero no se han logrado avances al respecto.

"Nosotras, como diputadas, como legisladoras, hemos hecho pronunciamientos y hemos ventilado el caso en el Parlamento Latinoamericano; ya se tuvo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que reconocer que este tema nos avergüenza por la deficiente procuración de justicia y ha rebasado ya las fronteras del país.

"Yo creo -concluyó la legisladora- que lo mínimo que puede hacer el presidente Vicente Fox es atraer el caso al ámbito federal. No hay razón ni justificación alguna para no hacerlo."

Por otra parte, Lilia Alejandra Silva Sánchez, una de las asistentes a la reunión, denunció que fue impedida de realizar una propuesta para que las asistentes escribieran en una mampara un pensamiento de rechazo a la guerra, además de que el personal de seguridad le negó el acceso al salón de plenos argumentando falta de espacio, aunque finalmente logró ingresar cuando a gritos pidió el apoyo de otras participantes.