Los detenidos son torturados para hacer que se declaren culpables, asegura

Ex policía judicial de Guerrero muestra videos de supuestas cárceles clandestinas

Francisco Cortés dice estar dispuesto a señalar a quienes cometen estos actos

JESUS SAAVEDRA LEZAMA CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 13 de marzo. Francisco Cortés Pástenes, ex agente de la Policía Judicial del Estado (PJE) de Guerrero, exhibió en esta capital videos que presuntamente comprueban la existencia de cuatro cárceles clandestinas en Acapulco y Chilpancingo, a las cuales supuestamente se lleva a detenidos para torturarlos y hacer que se declaren culpables de diversos delitos.

Cortés Pástenes es el principal testigo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene en las investigaciones que realiza sobre la desaparición forzada de nueve guerrerenses, presuntamente a manos de efectivos de la PJE. La CEDH emitió al respecto, el año pasado, la recomendación 019/2002, en la que pidió el arraigo y una investigación contra dos ex directores de la corporación, nueve comandantes y alrededor de 20 agentes judiciales.

A partir de la citada recomendación se consignó a los hoy ex polcías judiciales Jaime Nicolás Cabañas, Alvaro Bello Clavel, Julio Caballero Bello y Saúl Martínez Mondragón, así como a su ex comandante, Fidel Morales Vargas.

Francisco Cortés mostró en esta ciudad videos que, dijo, sustentarían la existencia de una cárcel clandestina en Chilpancingo y tres en Acapulco. "Estamos cooperando en la investigación de estas personas y ahí, les puedo afirmar, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas", dijo.

El ex agente judicial exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que agilice las indagatorias en torno a la desaparición forzada de las nueve personas y aseguró estar dispuesto a señalar a los principales responsables de estos actos ilícitos.

Es responsable el gobierno estatal: Centro Miguel Agustín Pro Juárez

Entretanto, Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la desaparición forzada de nueve personas en los tres años anteriores "es responsabilidad" del Poder Ejecutivo del estado, "porque permite que los elementos de la PGJE utilicen métodos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos para investigar delitos".

Añadió que para el Centro Miguel Agustín Pro Juárez la situación "es preocupante", por lo que pidió al gobierno estatal que "se den garantías para que este tipo de actos no se repitan".