Independentistas catalanes presentaron las acusaciones desde 1992

Tribunal de Estrasburgo estudiará denuncias de tortura cometida por la Guardia Civil

Rechazan en España el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Partidos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 12 de marzo. El Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo informó hoy que "estudiará" las 16 denuncias de tortura y malos tratos que presentó en 1992 un grupo de independentistas catalanes contra la Guardia Civil española.

Las víctimas denunciaron que durante su detención, en régimen de incomunicación en virtud de la ley antiterrorista todavía vigente, sufrieron diversas torturas, entre ellas el uso de una bolsa de plástico en la cabeza para provocar sensación de ahogo, sumergir la cabeza del detenido dentro de una bañera hasta que éste no puede aguantar más, golpes con el directorio telefónico o con una barra de hierro, choques eléctricos y amenazas de muerte con pistolas.

La decisión del alto tribunal se conoció días después de que los directivos del diario vasco Egunkaria (Día a día), suspendido cautelarmente por su presunta vinculación con la organización armada ETA, denunciaron haber sido sometidos a torturas durante su reciente detención.

Los hechos que investigará el tribunal internacional se circunscriben a 1992, cuando se celebraron las Olimpiadas en Barcelona. En aquellos días se detuvo a un grupo de unos 40 independentistas catalanes que fueron acusados de colaboración con banda armada y recluidos en comisarías bajo régimen de incomunicación. Las detenciones fueron hechas por agentes de la Guardia Civil bajo el amparo del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y de los entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, y director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, juzgados y condenados años después por diseñar la llamada guerra sucia contra ETA.

Diez años después de poner la denuncia y tras varias sentencias en contra de jueces nacionales, el tribunal de Estrasburgo decidió abrir una investigación ante la "gravedad" de los hechos narrados.

Sebastián Salellan, abogado de las víctimas, explicó que "si ganamos, el Estado tendrá que indemnizar a los afectados pero no estará obligado a abrir procedimientos contra los presuntos torturadores", que es competencia de los juzgados del Estado español.

Montserrat Monter, presidenta de la asociación Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura, explicó que todos los familiares y los propios detenidos denunciaron que "habían sido torturados por agentes de la Guardia Civil con el objetivo de obtener declaraciones autoinculpatorias y acusaciones contra otras personas".

Las denuncias narradas coinciden con las hechas por los directivos del único diario vasco escrito en lengua vasca o euskera, Egunkaria, quienes después de sufrir el régimen de incomunicación dijeron que en los calabozos españoles sufrieron diversas torturas, malos tratos y amenazas.

Preocupación de AI

Hoy mismo, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por estos hechos, al señalar que "atacar a presuntas víctimas de tortura y calificar de falsas sus afirmaciones antes incluso de que se haya completado una investigación significa crear y reforzar un clima de impunidad".

AI agregó que "no cree que en España se practique la tortura de forma sistemática, pero el gobierno debe resistir a la tentación de creer que todas las acusaciones de tortura son constitutivas de una estrategia inspirada por ETA".

Por otro lado, el Tribunal Constitucional español decidió hoy por unanimidad rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno vasco, del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, contra la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc para proscribir a la coalición de la izquierda separatista vasca, Batasuna, suspendida de actividades por su presunta vinculación con la organización armada ETA.

El recurso fue interpuesto el pasado septiembre al estimar que la citada ley "fuerza en extremo el principio de separación de poderes y restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos", como los de asociación política, libertad ideológica y participación en los asuntos públicos. El argumento para la ilegalización de Batasuna es que la coalición nunca ha condenado los atentados de ETA.

La decisión del alto tribunal sucede un año después de que la coalición abertzale fue suspendida de actividades; lo que ocasionó que se cerraran sus sedes y locales y fueran embargados sus bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias; y un día después de que los abogados de Batasuna alegaron ante el Tribunal Supremo -el órgano responsable de decidir su presunta ilegalidad- que "la no adhesión, mediante el silencio o la abstención, a los comunicados o documentos de condena de atentados de ETA no es un conducta ilícita a los efectos de la ilegalización de un partido político".

El juez Garzón arremetió contra los dirigentes del nacionalismo moderado vasco del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Akartasuna, partidos que detentan el gobierno regional, al sostener que "desafían a las instituciones" y asumen una "clara rebeldía con las decisiones judiciales" que se refieren a la ilegalización de la formación de la izquierda radical vasca.

Garzón estuvo hoy en San Sebastián para recibir el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez, por "representar la vanguarda de la lucha contra el terrorismo".

A su vez, el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, calificó hoy de inaceptable la clausura cautelar del diario Egunkaria y abogó por que las instituciones, la sociedad vasca y los trabajadores se unan para apoyar la inmediata salida a la calle de un nuevo periódico en euskera.

Asimismo, sobre el proceso de ilegalización de Batasuna se manifestó el ex vocero de la coalición, Joseba Permanch, quien explicó que la decisión de ilegalizar a la coalición "esta tomada hace tiempo por los políticos", con lo que queda de manifiesto que lo que se busca "no es sólo dejar a Batasuna fuera de la ley, puesto que ya fue suspendida por Garzón, sino lo que se pretende es impedir que las ideas de la izquierda abertzale (nacionalista) estén presentes en las próximas elecciones" municipales.

El dirigente vasco añadió que "al igual que en su día el Estado practicó la guerra sucia y sus responsables políticos se pasean actualmente por las calles con total tranquilidad, en el futuro los responsables de estos hechos ilegales también estarán en la calle".