Adolfo Sánchez Rebolledo

El PRI contra el IFE

El PRI está metido en una intensa campaña para impedir que el próximo viernes el Instituto Federal Electoral (IFE) le imponga la multa que le corresponde por no declarar el ingreso a sus arcas de 500 millones de pesos durante la campaña del año 2000. La estrategia consiste en debilitar a la autoridad electoral, en especial a su consejero presidente y al responsable de la Comisión de Fiscalización, para que en una segunda instancia, intimidado, el Tribunal Electoral corrija y revise en su favor las sanciones que seguramente les serán impuestas por el Consejo General. Pero el daño ya está hecho y pasará mucho tiempo antes de que la situación vuelva a la normalidad.

En su defensa, el PRI ha elegido una línea destructiva que hace de la confusión deliberada entre política y justicia el único argumento en su favor. Sin entrar una sola vez al fondo de la cuestión, sus representantes alegan parcialidad de la autoridad electoral, pero los hechos son incontrovertibles: el PRI recibió 500 millones que no declaró al IFE, como era su deber legal, lo cual constituye un delito electoral cuya sanción la ley fija de manera inexcusable como el doble del monto de lo ingresado ilegalmente.

El IFE ni siquiera discute si tales recursos fueron desviados en forma ilícita desde sus fuentes originarias hacia sus destinatarios en el PRI, pues esa tarea le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR). Le basta con demostrar fehacientemente que ese dinero existió y que fue a parar al partido en cuestión, lo cual, hasta donde se sabe, está probado con lujo de detalles. Eso significa que aun si el caso Pemex se resolviera de manera satisfactoria para los líderes y funcionarios indiciados, el IFE tendría que proceder en forma semejante, pues su función permanente es evitar la discrecionalidad de los partidos en la aplicación del dinero, aun si proviniera de fuentes limpias y cristalinas.

Sin duda al PRI le asiste el derecho a la defensa y, sobre todo, a una investigación objetiva, rigurosa e imparcial, pero es una pésima señal para el futuro de la democracia mexicana que el partido mayoritario se refugie en una visión mezquina del derecho para evadir su responsabilidad en vez de admitir en buena lid los errores del pasado reciente, que es la primera condición para revertirlos

Al PRI, al parecer, lo único que le preocupa es el modo en que el IFE descubrió los detalles del ilícito a partir de una investigación de la PGR, y por ello se ha dedicado a buscar en esa colaboración legal la prueba de la connivencia entre la autoridad electoral y el gobierno de la República, pero se olvida que las relaciones entre ambas instituciones están normadas por la ley y sujetas a convenios que fueron suscritos mucho antes de que estallara el escándalo conocido como Pemexgate.

Resulta particularmente grave la acusación de que el IFE actúa por consigna, como lo hacían años atrás las autoridades electorales nombradas por el gobierno. Decir en todos los tonos que el IFE ha sido negligente para sancionar al PAN por el caso de los Amigos de Fox es, en el mejor de los casos, un argumento político que no está fundamentado en los hechos jurídicos comprobables: cualquiera que revise con rigor y sin prejuicios el expediente del caso advertirá hasta qué punto la autoridad electoral ha visto entorpecida su actuación por los vacíos jurídicos que permitieron a Korrodi y compañía ampararse, no obstante las resoluciones del Tribunal Electoral sobre el secreto bancario en asuntos de carácter comicial.

Si el PRI ve en esa dilación del Poder Judicial la mano del gobierno está en su derecho de denunciarlo, pero no puede acusar por ello al IFE, a menos que se olvide, como hacen el Revolucionario Institucional y una corte de repentinos desencantados, que las denuncias, como responde el IFE, "son cada una de naturaleza distinta, y también la información con que contamos procede de fuentes distintas. En el caso de la denuncia contra el PRI se estaba ante un presunto delito penal de desviación de recursos públicos (artículo 407 del Código Penal), que es de la competencia de la PGR; por eso se le dio vista. La denuncia contra los Amigos de Fox consiste en haber presuntamente recibido recursos del extranjero y de empresas mercantiles, lo que no constituye por sí mismo un delito penal, sino un posible ilícito electoral. Sólo si surgen indicios de que el dinero presuntamente aportado a la Alianza por el Cambio proviene de actividades ilícitas, cuya procedencia sea ilegal (artículos 400 y 400-bis del mismo código), el IFE procederá sin duda a presentar la denuncia correspondiente ante la PGR".

En fin, lo más grave de este lamentable asunto es la erosión del IFE, el ataque frontal a su credibilidad, como si fuera una institución prescindible en la construcción de un Estado democrático, y eso sí es trágico. Es la hora de que el gobierno y los partidos se decidan a cerrar este vergonzoso capítulo. México no puede salir adelante si en su futuro siguen pesando los Pemexgate y los Amigos de Fox, dos versiones del país que no queremos ser. Y ésos no los inventó el IFE.