De forma irregular, se admitieron en ese fondo más de $68 mil millones, según legisladores
Impide sentencia judicial a auditores del Fobaproa dar información a diputados
CIRO PEREZ SILVA Y VICTOR BALLINAS
En respuesta a una acción judicial iniciada por las instituciones bancarias, el juez quinto de lo civil ordenó a los despachos vinculados con la auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que se abstengan de entregar a cualquier tercero, "incluyendo al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o Cámara de Diputados", los papeles de trabajo e información confidencial, documentos y reportes en general que hayan recibido, utilizado o generado durante el desarrollo de dicha revisión, con lo que se impide, de acuerdo con los diputados, reducir en al menos 68 mil 402 millones de pesos los más de 876 mil 254 millones que al pasado mes de mayo representaban los adeudos que el gobierno federal tiene con las instituciones bancarias.
Las reducciones que de acuerdo con la Auditora Superior de la Federación alcanzaría ese monto, obedecen al hecho de que el Fobaproa, su consejo y su dirección, acordó de manera irregular la compra de cartera que no reunía los requisitos de las reglas establecidas por ellos mismos y que hoy debe pagar el contribuyente.
En el transcurso de una reunión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, representantes de los despachos les comunicaron a los legisladores de la Comisión de Vigilancia el impedimento para entregar los documentos solicitados con fechas 10 de octubre y 15 de enero de 2003, expedidos tanto por la Secretaría General de la Cámara como por la Presidencia de la misma, sobre Bancomer, Banco Internacional, Bital, Mercantil del Norte, Banamex y Banco Internacional.
Pero ha sido tan deficiente la Cámara para impulsar este caso que en el penúltimo párrafo del escrito que ayer entregaron a los diputados, los abogados de los despachos mencionan que sus asesores legales "están evaluando el mecanismo más adecuado que permita a la Cámara de Diputados comparecer en el procedimiento judicial mencionado, a efecto de que la instancia legislativa esté en posibilidad de sostener sus pretensiones y defender sus intereses".
Destacan que la resolución del juez les impide explícitamente no sólo proporcionar los documentos, sino que en un segundo apartado del mandato judicial les obliga a evitar que cualquier tercero, incluidos nuevamente el IPAB, Fobaproa o la Cámara de Diputados, acceda a la información.
