Los auténticos responsables de los crímenes cuentan con impunidad absoluta, señalan

Seguirán los asesinatos de mujeres en Juárez, advierten especialistas

Ex peritos y líderes sociales presumen que han sido ocultados homicidios recientes Afirman que hay entre 31 y 76 víctimas que ni siquiera han sido identificadas por autoridades

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, Chih. En la historia interminable de crímenes contra mujeres -que suman más de 300 homicidios y 4 mil desapariciones- un aliado más peligroso que el desierto y los arenales que rodean esta ciudad fronteriza es la negligencia de las autoridades estatales. Y la certeza más pesimista es confirmada por ex peritos, dirigentes sociales y especialistas: los asesinatos seguirán ocurriendo porque los auténticos responsables cuentan con impunidad absoluta y no existe ningún método certero para prevenir ni localizar los cuerpos de las mujeres asesinadas. Incluso se presume que se han ocultado por lo menos tres crímenes recientes y que existen entre 31 y 76 víctimas no identificadas por las autoridades judiciales.

Oscar Máynez, ex jefe de peritos en la procuraduría estatal, uno de los primeros en detectar el patrón de uno o varios homicidas seriales desde 1993, es contundente: "las autoridades siguen apostándole a la resolución de problemas policiacos con medidas políticas. Mientras no exista una investigación seria no puede haber una hipótesis creíble". El especialista descarta que se trate de narcosatánicos, de videos snuff o de venta de órganos -tres de las principales hipótesis que se manejan- y precisa:

"Tengo hipótesis más o menos armadas, pero se requiere investigarlas. Y para hacerlo el primer paso es reconocer el problema. Las autoridades no lo están haciendo. La negación es el mecanismo de defensa más primitivo que existe. La procuraduría ha retornado a estrategias de los años setenta, que consisten en manipular pruebas y fabricar culpables. Dice que los jueces ya han consignado a los responsables. Todos sabemos que en México esto no significa nada".

El perfil de un homicida serial "nos habla de alguien metódico, a diferencia del criminal desorganizado y pasional. Aquí nos enfrentamos a crímenes organizados y no necesitábamos que la FBI nos lo viniera a decir", agrega el especialista en entrevista con La Jornada.

Las organizaciones no gubernamentales insisten en un elemento de la falta de rigor en la investigación que han llevado a cabo las autoridades de Ciudad Juárez: desde hace varios meses está embodegado en Monterrey el laboratorio para realizar las pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN) que le costó al erario de Chihuahua cien millones de dólares. El actual procurador, José Jesús Silva, ha negado la compra de este laboratorio, una de las añejas demandas para comprobar la responsabilidad de los culpables.

Irma Campos, dirigente del Grupo Ocho de Marzo, también descarta confirmar, de entrada, una sola hipótesis. "No es posible que anden diciendo que es el narcotráfico si no tenemos las pruebas". Y sintetiza la situación actual en la que se encuentran los presuntos homicidas seriales que han sido acusados por la procuraduría, desde la época del gobierno de Francisco Barrio:

a) El egipcio Abdel Sharif, quien fue señalado en 1996 como autor intelectual de seis crímenes. Luego se le procesó por dos y sólo se le ha condenado recientemente por uno. "Ahora, a siete años de distancia, la procuraduría dice que lo va a procesar por otros dos casos. Es insólito".

b) Los Rebeldes, a quienes se responzabilizan de otro grupo de crímenes y se acusa al egipcio de pagarles desde la cárcel 2 mil 500 dólares. No se ha sentenciado a ninguno y a algunos se les ha liberado por falta de pruebas.

c) Jesús Manuel Guardado, El Tolteca, quien fue detenido junto con cinco choferes de la banda conocida como Los Ruteros o Los Choferes. Inicialmente se les acusó de 20 crímenes, luego se les adjudicaron siete casos y ahora sólo los procesan por cuatro. "Dos años tardaron en confirmarles el auto de formal prisión", subrayó Campos, quien destaca que se documentó la tortura contra estos presuntos criminales.

d) Por último están Gustavo González Meza, La Foca y El Cerillo, acusados de ocho asesinatos de mujeres, ocurridos entre 2001 y 2002. El gobierno graba videos en los que ambos confirman su culpabilidad. En esas cintas dan los nombres de sus víctimas, pero resultó que de esos ocho casos siete no correspondieron con las pruebas de ADN. "ƑQuiénes son las otras siete víctimas? ƑDónde están?", se pregunta Irma Campos, para luego señalar que existe la presunción de ocultamiento de cuerpos por parte de la policía.

Por si las irregularidades no fueran suficientes, el abogado defensor de La Foca, Mario César Escobedo, fue asesinado el 5 de febrero de 2002 y recientemente falleció su cliente en medio de un escándalo local por los indicios de ajusticiamiento.

Al consultarle sobre el papel del actual procurador José Jesús Chito Solís, Irma Campos destaca que "ha pasado un año y no ha hecho nada. Por el contrario, se mata al abogado defensor y luego sospechosamente muere uno de los indiciados. Existe, sin duda, una espiral de mayor violencia y la sospecha de que están ocultando cuerpos y hallazgos".

Frente a esta ola de críticas, el procurador ha optado por acusar a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo al Grupo Ocho de Marzo y a la Casa Amiga, dirigida por Esther Chávez, de "complicar" las investigaciones e incluso de apoyar a los criminales y recibir financiamiento del exterior.

Cúmulo de críticas y condenas

Las críticas y condenas se han ido sumando como una ola de indignación sin que el gobierno de Patricio Martínez tome medidas efectivas para enmendar las acusaciones. El 8 de abril de 2002, el relator de las Naciones Unidas, Dato Param Cumaraswamy, in-cluyó en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México el conflicto en Ciudad Juárez y fue contundente: le sorprendía "la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones". En el numeral 190 del informe se anotó que "para el relator resulta evidente que estos asesinatos no se investigan ni en forma eficaz ni exhaustiva, si es que hubo algún tipo de investigación".

La relatora de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre, estuvo en Ciudad Juárez en febrero de 2002 y a finales del mismo mes de este año encabezó una audiencia en la sede de la comisión en Washington. Ahí expresó su preocupación por el clima de hostigamiento en contra de las integrantes de la campaña "Alto a la impunidad. Ni una muerta más". El procurador Silva Solís negó que exista impunidad en Ciudad Juárez, lamentó que los arrestados sean considerados "chivos expiatorios" y aseguró que es falso que no se indague en el caso de las adolescentes desaparecidas.

El panorama es desalentador, porque ni siquiera existen cifras sobre el número de muertes. El 14 de marzo de 2002, la procuraduría estatal dio a conocer sus estadísticas. Según estos datos, de 1998 a 2002 contabilizaban 192 asesinatos de tipo "situacional" y 76 "homicidios múltiples" o crímenes seriales. Reconocen sólo 20 crímenes de "homicidas múltiples" entre 1998 y 2002 y le atribuyen al gobierno anterior de Francisco Barrio el registro de 177 asesinatos, 56 de ellos del perfil de crímenes seriales.

El registro de Casa Amiga contabiliza, de 1993 al 2003, 91 crímenes seriales y 172 crímenes con otras características contra mujeres, que dan un total de 263. Esther Chávez reconoció en entrevista que "nos faltan aún 40 crímenes", con lo cual la cifra se eleva a 303, incluyendo los hallazgos recientes.