Lanza plan de austeridad y de aportaciones entre gobernadores, legisladores y líderes
Ofensiva legal del PRI para que la multa del IFE se aplique después del 6 de julio
Denuncian la entrega de expedientes a Woldenberg Preparan amparo y recurso ante el TEPJF
ENRIQUE MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO Y CIRO PEREZ
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recurrirá al amparo e interpondrá un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como parte de una estrategia legal para que la multa que le impondrá el Instituto Federal Electoral (IFE) se aplique después de las elecciones del 6 de julio, e inclusive recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paralelamente, ante un escenario de crisis financiera, el partido inició un programa de austeridad y de aportaciones extraordinarias de sus gobernadores, legisladores y dirigentes.
El tricolor dio ayer el primer paso en esta fase de defensa jurídica y presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de haber entregado a José Woldenberg, consejero presidente del IFE, las averiguaciones previas que iniciaron la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado y delitos electorales contra ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del tricolor.
Uno de los principales argumentos que esgrimirá el PRI ante el TEPJF para que la sanción se difiera para después de las elecciones es una resolución que la propia Sala Superior asumió en febrero pasado, a partir de una queja que presentó el ciudadano José Luis Amador Hurtado contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que se declararan inconstitucionales los estatutos del partido. En esa fecha, el tribunal determinó que los asuntos que puedan afectar el principio de igualdad en la competencia electoral los resolverá hasta después de las elecciones.
El coordinador jurídico del PRI, Miguel Angel Yunes, afirmó que si la PGR no sanciona a los funcionarios que entregaron los expedientes al IFE, en los cuales el órgano electoral se basó para integrar su propia indagatoria, entonces interpondrán un amparo.
Sobre la defensa jurídica del partido, el diputado Ranulfo Márquez aseguró que el tricolor tiene preparadas "todas sus cartas" para buscar que la multa no opere de inmediato.
El representante de los diputados del PRI ante el instituto electoral confirmó que presentarán un recurso ante el tribunal electoral con la intención de "atarle las manos al IFE para impedir que los recursos que implica la multa le sean retenidos y con ello se afecte al partido en los comicios del 6 de julio".
Nuevo pase de charola
Mientras, el PRI inició un programa de austeridad y anticipó que pedirá recursos a gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y dirigentes para compensar la pérdida por la multa. Si en febrero de 1993 el partido pasó la charola a los empresarios para respaldar económicamente su campaña presidencial del año siguiente, ahora lo hará entre sus propios militantes, "para estar preparados ante cualquier escenario financiero negativo".
Ante la emergencia económica que prevé el partido, se tomaron medidas de astringencia en el gasto, especialmente el de salarios, y se decidió que los precandidatos a diputados federales en los 15 estados donde el Revolucionario Institucional no gobierna aporten una cuota de 10 mil a 15 mil pesos para contribuir a la organización de la consulta interna del 23 de marzo.
Inclusive se les comunicó que quienes resulten electos candidatos deberán organizar su propio comité de financiamiento para sus campañas, y en algunas entidades los comités directivos estatales, además, exigieron a los aspirantes copias de sus cuentas bancarias para comprobar que tienen recursos para gastos electorales.
La austeridad también afectará a las campañas a gobernador y diputados federales, y la comisión de fiscalización del IFE ajustó a la baja los recursos que estaban destinados a los candidatos.
Consultado sobre las medidas que asumirá el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) cuando se haga efectiva la multa del IFE, el secretario técnico de la presidencia del PRI, Samuel Aguilar Solís, dijo que todos los gastos del partido se subordinarán al "objetivo central" de ganar las elecciones y recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados. "Ya hemos aprendido a no ser tan gastalones", declaró.
-ƑSe acabará el PRI con la multa? -se le preguntó.
-Por dinero no nos van a quebrar. Si nos quieren secar financieramente, les advertimos que lo que se cuentan son los votos, no los pesos.
Justicia sin hipocresías, exige el PRI
El coordinador Jurídico del CEN del PRI, Miguel Angel Yunes Linares, acudió ayer por la mañana a la PGR para presentar una denuncia de hechos, en la que acusó a la Fepade y a la UEDO de haber violado la confidencialidad de las averiguaciones previas iniciadas por delitos electorales y peculado por el llamado Pemexgate.
En su escrito, que entregó en la Unidad de Documentación y Análisis del procurador, Rafael Macedo de la Concha, el abogado del PRI cita diferentes oficios que se giraron entre el presidente del IFE, José Woldenberg, y los titulares de la Fepade, María de los Angeles Fromow Rangel, y de la UEDO, Santiago Vasconcelos, en los cuales se pide y se admite la entrega de copias certificadas de las averiguaciones previas PGR/UEDO/182/2001 y 055/Fepade/2002 al consejero electoral.
La primera irregularidad que, dijo, se cometió en la integración del expediente contra el PRI, fue que la fiscalía entregó a la UEDO los 35 tomos de la averiguación previa 182/2002, que se refiere a la investigación por peculado contra funcionarios de Pemex, la cual se integró a los 35 tomos de la 055/Fepade/2002 casi en su totalidad y que, en conjunto, forman los 70 tomos que el IFE entregó al PRI en diciembre pasado.
Camino de la información
La ruta de la entrega de los expedientes al IFE se inició con el oficio 2063/2002, del 12 de marzo de ese año, que el titular de la mesa II/A/Fepade, René Cisneros González, dirigió a Santiago Vasconcelos para solicitarle "copia y anexos" del expediente 182 a las oficinas de Plaza de la República 31.
El 6 de abril, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la UEDO Alberto Téllez Bárcenas firmó el oficio CG/226/2002, en el que comunica a Cisneros el envío de los 35 tomos de la averiguación previa, que se inició a partir de la denuncia de la Contraloría federal por el desvío de fondos de Pemex a su sindicato.
El 7 de octubre de ese año el consejero presidente José Woldenberg pidió al procurador Rafael Macedo de la Concha que, con base en el convenio suscrito entre el IFE y la PGR en noviembre de 2001, le entregara copia certificada de la averiguación previa 055/Fepade.
La respuesta provino de Fromow Rangel, el 18 de octubre, quien turnó los 70 tomos a Woldenberg, pero le negó el pliego de consignación, pues le señaló que en éste "se sustenta el ejercicio de la acción penal, y contiene las peticiones específicas del juez de la causa relativas a las órdenes de aprehensión que, de conocerse por cualquier otra persona ajena al expediente o no autorizadas por la ley, implicaría incuestionablemente el quebrantamiento de la secresía a que está obligada la representación social".
Yunes exige en su escrito al procurador Macedo que abra una averiguación previa "por el indebido acuerdo y entrega" de los expedientes al IFE, y reclamó que la democracia y la justicia "no admiten hipocresías ni aplicaciones arbitrarias".
La titular de la Fepade rechazó que la institución a su cargo actúe de manera parcial en los casos Amigos de Fox y Pemexgate, y negó haber incurrido en ilícitos al entregar información a IFE sobre las transferencias de dinero Pemex al PRI vía el sindicato petrolero en 2000.
Entrevistada en el Club de Periodistas, Fromow Rangel aseguró que Miguel Angel Yunes se equivoca al afirmar que la UEDO desarrolló de manera ilegal las indagatorias del Pemexgate.
Señaló que la fiscalía entregó el expediente con base "en el artículo dos" del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que la información que les proporcionó la UEDO, de los presuntos desvíos de recursos petroleros al PRI, está sustentada en la legalidad, le permitieron perfeccionar la averiguación previa que se inició con motivo de la denuncia que presentó el órgano electoral en marzo de 2002.
