La multa de mil millones de pesos será exclusivamente por faltas administrativas
El IFE no logró acreditarle al PRI ningún delito electoral en el Pemexgate
No fue posible probar el desvío de recursos públicos de Petróleos Mexicanos al tricolor
ALONSO URRUTIA
A pesar del elevado monto de la multa que la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) propone para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -mil millones de pesos-, este organismo político saldrá indemne de las acusaciones de haber cometido algún delito electoral, y especialmente de uno de los puntos medulares del origen de la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD): el desvío de recursos públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al tricolor. De acuerdo con el dictamen, aunque existen muchos elementos que corroboran la aportación del sindicato petrolero a la campaña presidencial priísta, no es posible llegar a la convicción jurídica de que la paraestatal utilizó al sindicato para transferir deliberadamente esos recursos.
Todavía la semana pasada, el PRD insistía en que para el IFE debería ser ineludible sancionar al PRI por la violación del tope de gastos de campaña, pues señalaba que si se comprobaba la aportación de los 500 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) -como se corroboró- era claro que había superado ese tope.
En síntesis, de la revisión de las 40 mil fojas, la acumulación de pruebas, el IFE no pudo acreditarle al PRI un solo delito electoral, razón por la cual la multa será exclusivamente por faltas administrativas, esto es, no reportar el ingreso de 500 millones de pesos y violar el tope de aportaciones de organizaciones sociales, que era de 50 millones.
Irregularidades en el convenio 9399
Al hacer el desglose de lo relativo al préstamo de Pemex, el dictamen de la comisión fiscalizadora recoge los reportes del auditor superior de la Federación, de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde la coincidencia son las irregularidades registradas en el convenio 9399, mediante el cual se aprobó el préstamo de Pemex al sindicato, ello a pesar de que se reconoce que había insuficiencia presupuestal de la empresa.
De igual forma, se asienta que era absurdo establecer pagos mensuales de 32 millones de pesos dejando como garantía las cuotas sindicales, cuando éstas eran solamente de 22.6 millones, lo cual hacía materialmente imposible el pago. Otra irregularidad detectada es el desmesurado crédito otorgado totalmente fuera de las proporciones de los últimos años, cuando no habían pasado de 5 millones de pesos, es decir, fue un préstamo 130 veces mayor del máximo otorgado en los tres años anteriores.
Al justificar sus conclusiones, el dictamen señala que si bien hay coincidencias en la detección de las irregularidades en los informes del auditor superior de la Federación, Secodam y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no hay coincidencia en cuanto a definir la legalidad o ilegalidad, pues para el primero es legal, no así para el gobierno federal, ya que desde su punto de vista dicho préstamo requería del aval del Consejo de Administración y no lo hubo. De igual forma, se hace hincapié en que el préstamo fue totalmente ajeno a la relación laboral entre empresa y sindicato -punto en el que coinciden las tres partes- e incluso ''extraño, pues fue un préstamo en el que no hubo beneficio a los trabajadores''.
En sus conclusiones, el dictamen señala que "hay indicios de un acto de simulación, de un acto jurídico premeditado por Pemex''. Sin embargo, para configurar la ilicitud cometida por el tricolor, ''los elementos de convicción no son suficientes para acreditar la naturaleza pública de los recursos obtenidos por el PRI".
Más adelante añade que de los elementos con que cuenta el IFE no se puede comprobar que la finalidad de los directivos al otorgar el préstamo era "un ardid para desviar recursos al PRI". Cita los reportes de las dependencias citadas señalando que sus conclusiones y sus indicios "son insuficientes para que el Instituto Federal Electoral pueda demostrar fehacientemente que haya existido simulación''.
Existe duda razonable -agrega- para sustentar la hipótesis del desvío de recursos de Pemex al tricolor, utilizando como interpósita persona al sindicato. El IFE asume que es un hecho probado la recepción de recursos del Revolucionario Institucional provenientes del sindicato, "pero está en la disyuntiva de determinar si la recepción de recursos constituyó la simulación del convenio 9399 o bien que del préstamo recibido el sindicato otorgó de manera independiente recursos al Partido Revolucionario Institucional".
Faltan elementos que generen certeza
Por todo ello, el dictamen concluye en este punto "que no existen elementos para sustentar de manera indubitable esta hipótesis. Esta autoridad debe inclinarse por elementos que le generen certeza y no por los que le generen dudas razonables, y hay una duda razonable sobre la simulación del convenio, pero hay convicción de la aportación del sindicato al PRI".
A pesar de todo ello, en el razonamiento de la Comisión de Fiscalización, aun a pesar de que no existen elementos para probar la intencionalidad de Pemex en trasladar esos recursos desde la firma del convenio, "ninguno de los argumentos del PRI son eficaces para debilitar o poner en duda la convicción a la que esta autoridad ha llegado en el sentido de recibir dinero en efectivo proveniente de Petróleos Mexicanos".
