Un juez ordenó la detención de cuatro ex fucionarios iraníes sospechosos del ataque

Tensión entre Argentina e Irán por el caso del atentado a la AMIA en 1994

Buenos Aires deberá "reparar este error": Reza Assefi, vocero del ministerio del Exterior

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 10 de marzo. Un difícil momento enfrentan las relaciones entre Argentina e Irán después que el gobierno de este país cuestionó la resolución del juez federal argentino Juan José Galeano de ordenar la detención de cuatro ex funcionarios iraníes, adjudicándoles responsabilidades en el cruento atentado de 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA, a pesar de la escasa sustentabilidad probatoria.

La cancillería argentina se hizo eco de unas declaraciones radiales de Hamid Reza Assefi, vocero del ministerio del exterior iraní, quien habría expresado que "el gobierno argentino deberá reparar ese error", al referirse a la resolución judicial sobre el atentado advirtiendo que si no hay rectificación el país "adoptará las medidas apropiadas".

El canciller Carlos Ruckauf citó al encargado de negocios iraní, Muhammad Ali Tabatabaei, para que aclare el significado de "medidas apropiadas". Coincidiendo con el Ejecutivo explicó también que la resolución no era contra el gobierno de Irán sino contra cuatro ex funcionarios. Ruckauf, como otros funcionarios, aludió a la independencia de poderes en Argentina al señalar que se trata de una decisión del Poder Judicial y que en estos momentos "no existe conflicto con Irán".

Por supuesto que los círculos proestadunidense locales no interpretaron que los dichos de Assefi estarían referidos a lo que es común en estos casos, y que esas medidas que podría tomar su país pueden ser el rompimiento de relaciones diplomáticas o un cambio en las mismas. Algunos medios incluso mencionaron que Irán está acusado "de promover el terrorismo a nivel internacional", cargando las tintas, aunque evitaron mencionar que el acusador es Estados Unidos, cuyo gobierno busca argumentos para extender su política de guerra.

Asimismo la decisión judicial se basa en informes de la CIA y la inteligencia israelí, por lo cual, analistas locales consideran que esto supone una presión que desacredita la resolución misma. Todos los testimonios en que se basa la resolución son de ex funcionarios iraníes enfrentados con el gobierno de su país y generalmente protegidos por Estados Unidos u otros países, lo que de hecho deja una sensación de pruebas poco confiables, especialmente después de los escándalos de las informaciones falsas suministradas por Washington para justificar sus acciones de guerra contra Bagdad.

Falta de pruebas

"No se ha suministrado prueba convincente alguna sobre la participación de Irán (en el atentado de 1994). Nosotros no hemos dejado de repetir que esos rumores e informaciones provienen de los medios sionistas", dijo también Aseefi. Ruckauf era ministro de Interior en 1994 cuando sucedió el atentado que dejó 85 muertos y unos 300 heridos, y dos semanas después de registrado ya se acusaba a Irán sin pruebas. En 1994 las relaciones se tensaron y ambos gobiernos retiraron a sus embajadores quedando a nivel de los encargados de negocios. Nada nuevo de peso se agregó a aquellas presuntas pruebas en estos nueve años, por eso para muchos resulta sospechosa la actual actitud del juez Galeano.

Los acusados son Ali Akbar Parvaresh, el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex agregado cultural Mohsen Rabbani y el ex correo diplomático Barat Alí Balesh Abadi. Señalar a Irán es benéfico para el entramado bélico estadunidense e incluso para la ultraderecha israelí y, por otra parte, abre las puertas hacia una ocupación militar de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay), algo que Washington trata de forzar desde hace tiempo.

La detención de un presunto líder de Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, quien ingresó a Brasil con documentación verdadera en 1995, también es usada para el tema de la Triple Frontera como sede de terroristas, y esto suena a demasiadas coincidencias en días de guerra. Incluso en Brasil se recordó que Sheikh Mohammed no tenía ningún pedido de captura durante su paso por Brasil. El Consejo de Entidades Islámicas de Buenos Aires (Ceiba) rechazó hoy el fallo del juez Galeano considerando que el magistrado "carece de pruebas para condenar a hombres y mujeres de bien de nuestra comunidad, que no merecen semejante calumnia". La entidad consideró que el "fallo infundado está condicionado por datos de la CIA o el Mossad, organismos enemigos de los musulmanes, que a pesar de todos sus intentos jamás han podido ni podrán encontrar pruebas que involucren a personas como Rabbani o a gente de nuestra comunidad".

Por su parte, Laura Ginsberg, familiar de una de las víctimas del atentado, advierte también sobre la necesidad de una investigación seria para que la tragedia no sea utilizada por intereses diversos. "No en nuestro nombre" es el título de una carta que publica hoy en el diario Página 12 esta mujer que fue clave para la movilización de los familiares de las víctimas y que integra la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA).

"Decretos que impiden a los jueces citar como testigos a los espías públicos, cartas secretas de espías que públicamente se desdicen de sus declaraciones secretas", son parte de la campaña sucia que denuncia Ginsberg. Advierte que Galeano, careciendo de evidencias concretas, "redactó un fallo político previo al cierre de su investigación para satisfacer las necesidades del Estado argentino y sus compromisos internacionales... El tribunal se hizo eco de los argumentos y las presiones del Ejecutivo y sus aliados internacionales: Estados Unidos e Israel" añade, y pide la constitución de una comisión independiente "para investigar, juzgar y condenar responsabilidades políticas y criminales del Estado argentino y a sus socios internacionales en la matanza de la AMIA".