Según la versión difundida, no se tocarán los gastos de campaña del tricolor para 2003

Votan en el IFE dictamen que multa al PRI con casi mil millones de pesos

ALONSO URRUTIA

La comisión de fiscalización del Instituto Federal Electoral aprobará esta noche una multa histórica al Partido Revolucionario Institucional de unos mil millones de pesos por haber violado la legislación electoral correspondiente al régimen de financiamiento. De acuerdo con el proyecto de resolución que será votado, existen elementos para acreditar el ingreso de 500 millones de pesos a la campaña electoral del PRI provenientes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que no fueron reportados a la autoridad electoral.

En sus consideraciones para aplicar la multa se subraya que "ha de considerarse para fijar la sanción que el significativo monto no reportado e indebidamente recibido por el PRI suma un total de 500 millones de pesos, lo cual equivale a 54 por ciento del financiamiento público total recibido por dicho partido durante 2000. Se estima absolutamente necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas", pues en este caso, la aportación del sindicato petrolero excedió 10 veces el tope de las aportaciones de organizaciones sociales al partido, que era de 50 millones de pesos.

Sobresale en el dictamen que la multa se impondrá mediante la supresión total de la entrega de ministraciones del financiamiento que le corresponda por concepto de gasto ordinario permanente en 2003, a partir del mes siguiente de que haya finalizado para interponer recurso contra esta resolución o si es recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir del mes siguiente a la notificación de la sentencia.

A partir de enero de 2004, en la reducción del 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le correspondan por concepto de gasto ordinario permanente, durante los meses subsecuentes hasta que el monto total de las ministraciones retenidas sume los mil millones de pesos. Sobresale pues que el IFE no tocará los gastos de campaña del PRI para 2003.

Otro elemento destacable en la queja es que a pese a que a lo largo de los ocho tomos del dictamen se van estableciendo elementos sobre el presunto desvío de recursos públicos a la campaña presidencial del PRI, al final de cuentas, el IFE no encontró elementos probatorios suficientes. Determinó que tampoco hay elementos probatorios para sancionar el Sorteo Milenio Millonario el cual presumiblemente habría utilizado el PRI para justificar el ingreso de recursos.

Consideró infundada la parte de la queja del PRD sobre la violación en el tope de aportaciones de simpatizantes como lo exigía el sol azteca. Otra demanda del PRD en su queja relativa a la violación del tope de campaña tampoco fue considerada, en razón de que no existen elementos para comprobar el destino final de los recursos, puesto que ingresaron en efectivo, lo que dificulta dar seguimiento al dinero.

Ayer el coordinador jurídico del PRI, Miguel Angel Yunes, envió una solicitud a la comisión de fiscalización para estar presentes en la sesión, lo cual de antemano se descarta, pues éstas son privadas.

La distribución del dictamen generó reacciones contrarias en algunos consejeros, como José Barragán, quien deploró la forma en que se ha pretendido cerrar el caso. No descartó que pudiera solicitar ampliar el plazo de los consejeros para revisar las 800 páginas del dictamen.

El proyecto de resolución da cuenta de la gravedad de la falta del PRI, que con su conducta afectó la equidad de la contienda y subraya que la autoridad no puede permitirse obviarla, pues pondría en riesgo la capacidad fiscalizadora del IFE. La litis central es que el PRI recibió recursos económicos sin haberlos reportado. No es menester probar el destino final de los recursos, basta acreditar el ingreso de los mismos.

La parte medular del dictamen de la comisión señala que se retoman las declaraciones de Melitón Antonio Cázares y Alonso Veraza, entre otros, que eran funcionarios de finanzas del PRI y quienes participaron en recoger los recursos. Se subraya que estos funcionarios firmaron un documento de registro de firmas en el CEN del PRI y posteriormente, junto con otros cuatro llevaron el dinero al PRI. Descarta los 140 millones restantes del total de 640 millones de pesos que Pemex dio al sindicato, pues no existen elementos más allá de una declaración de Andrés Heredia quien señala que fueron retirados por el tesorereo del sindicato, Ricardo Aldana.

La autoridad concluyó que el PRI desplegó una actividad ilícita con el ánimo de ocultar la recepción de los recursos, máxime si se toma en cuenta de que fueron en efectivo. Esta violación -pues todo recurso de partidos debe llegar vía cuentas bancarias- es un agravante. Precisamente porque llegaron en efectivo la autoridad está imposibilitada de corroborar el cumplimiento cabal del PRI a los topes de campaña. Esta incertidumbre, consecuencia del propio proceder del PRI es otra agravante.

Un elemento que subraya el dictamen es que "el retiro por parejas, en el mismo lugar y firmando los valores en tránsito, se consideran cuestiones relacionadas, es una narración coherente e indubitablemente del hecho consistente en la recepción de recursos por parte del PRI".

La autoridad tiene la convicción de que dichas personas realizaron los retiros en nombre del PRI, pues además de pertenecer al mismo, la totalidad de las circunstancias en las que se realizaron los retiros permiten concluir a la autoridad que "el dinero retirado por ese grupo (...) ingresó al patrimonio del partido con el que se coordinaban".

Se añade que no hubo acto unilateral y autónomo por parte de algunas personas físicas que hubieran actuado a título personal, al contrario, se acreditó que quienes realizaron los retiros, formaban parte de un grupo organizado, coordinado y orientado al mismo fin".

No dar por probado el hecho de que estas personas realizaron los retiros en beneficio del PRI "implicaría un gravísimo atentado a las instituciones electorales pues pondría en tela de juicio todo el sistema de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos". No se puede omitir que fueron funcionarios del órgano de finanzas de un partido quienes retiraron esos recursos provenientes del sindicato. "Desmentir tales conductas implicaría una concesión indebida e ilegítima a los partidos políticos para que pudieran alterar a su gusto el sistema de financiamiento establecido en la Constitución.