El presidente Vicente Fox se refirió ayer a la crítica circunstancia internacional, marcada por la guerra -que parece inminente, si no es que ya ha empezado- injusta, ilegal y bárbara que organizan los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, asistidos por escuderos como José María Aznar y Silvio Berlusconi, contra Irak.

La coyuntura es ciertamente grave para el mundo en general, el cual asiste, entre otros fenómenos regresivos y desesperantes, a la consumación de una fractura, acaso irreparable, en el Consejo de Seguridad de la ONU; al inicio de un proceso de desestabilización mayúsculo en Medio Oriente; a una criminal destrucción humana y material del pueblo iraquí; al ahondamiento de los rencores históricos que alientan el terrorismo de signo islámico; a una profundización del actual ciclo recesivo y a un quebrantamiento de la precaria legalidad internacional que había venido estableciéndose en la última década del siglo pasado.

Para México la actual circunstancia no es menos peligrosa. Lo más evidente es que la guerra será nociva para el conjunto de las economías, y la nuestra no va a ser la excepción. Por otra parte, la diplomacia nacional se mueve en la cuerda floja entre la sensatez y el pragmatismo, entre la defensa de principios éticos y las concesiones bajo cuerda al vociferante y amenazador gobierno de Estados Unidos, entre la dignidad y la inquietud por el qué dirá Washington. Las dificultades de la postura mexicana -cuyo voto en el Consejo de Seguridad de la ONU es crucial para Bush y sus designios militaristas, pero también para impedir la atrocidad de un bombardeo de las ciudades iraquíes en nombre de la ONU- son de tal magnitud que diversos analistas han llegado a afirmar que, asuma la postura que asuma, el actual gobierno habrá de pagar un enorme costo político y económico. Tal vez no les falte razón, pero a la hora de los cálculos cabe esperar que las autoridades nacionales tengan muy en cuenta que su mandato no les fue otorgado por Bush -quien, a su vez, no obedece al mandato de los electores estadunidenses, sino al de los intereses petroleros y armamentistas- sino por la ciudadanía mexicana, la cual, en su enorme mayoría, está en contra de la guerra y en favor de la paz.

Es sobre ese consenso de los mexicanos por la solución pacífica de los conflictos, por la legalidad y por la vida que puede y debe construirse la unidad nacional que demandó ayer el titular del Poder Ejecutivo a fin de encarar el sombrío momento que vive el mundo. Pero si el gobierno de Fox tuerce a última hora el sentido de sus gestiones internacionales, traiciona sus propósitos pacifistas y vota con Estados Unidos e Inglaterra, destruirá la unidad nacional en este tema y pondrá en entredicho su capacidad de representar con acierto el sentir nacional mayoritario.

Desde otra perspectiva, la construcción de consensos para hacer frente a las adversidades internacionales pasa necesariamente por la solución -no la negación, sino la solución- de diversos asuntos que fracturan a la sociedad. El más evidente es el conflicto en Chiapas, que, contra lo que afirman las autoridades, no está resuelto. Por si hiciera falta corroborarlo, ayer mismo ocurrió, en esa entidad, en plena zona de conflicto, un enfrentamiento con resultado de varios muertos y más de una decena de heridos. Por lo demás, la expresión "conflicto en Chiapas" tiene un inocultable significado extensivo a la irresuelta, injusta y agraviante relación entre la institucionalidad política y los pueblos indios, que reclaman un nuevo estatuto de dignidad y justicia.

La unidad nacional requerida debe pasar, por otra parte, por el pleno y equitativo esclarecimiento de los desaseos perpetrados por panistas y priístas en la elección de 2000, cuando los Amigos de Fox se hicieron con recursos de procedencia posiblemente ilícita y los priístas financiaron su campaña presidencial con fondos ilegalmente aportados por Pemex y transferidos al partido por medio del sindicato petrolero. El actual remedo de investigación y persecución de esos delitos, marcado por una descarada parcialidad a favor de los Amigos de Fox y por un ejercicio faccioso y patrimonialista del Ministerio Público, no es una buena base para fortalecer los necesarios consensos entre las fuerzas políticas de cara a la guerra que viene. Tampoco son buenas bases para la unidad las alianzas mafiosas y los pactos tras bambalinas que han establecido la directiva del PRI y el Ejecutivo federal. La unidad de los mexicanos y el respaldo que el gobierno demanda a la sociedad ante la difícil circunstancia mundial sólo pueden ser construidos con base en el más estricto respeto a la ética, a la legalidad, a la transparencia y a los principios históricos de la política exterior mexicana.