Emilio Pradilla Cobos

Dos vertientes de la política social

La política social aplicada desde el inicio del actual Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene dos vertientes de distinta naturaleza que hay que diferenciar, y en ambos casos analizar críticamente su forma de aplicación.

Coincidimos con la Secretaría de Desarrollo Social (La Jornada, 23/2/03) cuando afirma que las acciones que se llevan a cabo en la educación, la salud, el empleo y la vivienda tienden a garantizar los derechos constitucionales de los capitalinos. Pero no es en estos campos donde se ha puesto la mayor prioridad presupuestal, pues compiten con los apoyos monetarios compensatorios y la inversión en obras viales para el automóvil privado.

Aún sigue sin resolverse la cuestión de la descentralización al GDF de la educación básica -lo cual es responsabilidad del gobierno federal-, manteniéndose la inadecuada distribución territorial de los planteles, el deterioro de éstos y la baja calidad de la educación impartida; y el gobierno local se lanzó apresuradamente a la construcción y operación de la Universidad de la Ciudad de México, cuya pertinencia y calidad son discutibles, y de una preparatoria por delegación, sin analizar su necesidad en algunas de ellas ni crear las condiciones académicas, operativas y presupuestales necesarias para su adecuado funcionamiento, más como un acto de visibilidad y publicidad que de planeación educativa.

Los programas de vivienda tienen dos problemas: su oposición con la incorrecta política del Bando 2, que eleva su costo por el lado del precio del suelo y reduce su cobertura territorial, y la baja calidad de las unidades habitacionales construidas y la falta de servicios complementarios que las caracteriza. En la salud se requiere una inversión en reconversión y modernización del sistema, construcción y operación de nuevas unidades, para adecuarlo a los cambios territoriales, de la estructura de edades de la población y de las enfermedades, que no está garantizada presupuestalmente.

La parte de la política social del GDF que es discutible es la de apoyos monetarios compensatorios a adultos mayores, hijos de madres solteras, discapacitados, jóvenes en situación de riesgo, desempleados, y los créditos a fondo perdido a microempresarios. Su monto no satisface las necesidades reales de los beneficiarios y son sólo una ayuda parcial para la subsistencia. En el caso de los adultos mayores, se asigna aun a personas de altos ingresos familiares, lo cual va en contrasentido con la justicia distributiva. En todos los casos se dirigen a sectores de alta vulnerabilidad, lo cual es bueno, pero dejan fuera a la mayoría de la población hundida en la pobreza extrema pero que no tiene estas características de riesgo. Ninguno de estos apoyos ha sido sustentado en leyes que garanticen su permanencia luego del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que puede significar su posterior desaparición, y lo más grave es que no está garantizada la forma de responder financieramente al crecimiento de los grupos sociales especificados.

Desde el Pronasol de Salinas de Gortari está claro que los apoyos focales de combate a la pobreza tienden a compensar los efectos antisociales del neoliberalismo, pero también está probado que son insuficientes para responder a la masiva generación de pobres por el actual patrón de acumulación de capital. Pero no son un proyecto alternativo que resuelva los factores estructurales de ella, como parece afirmar López Obrador (La Jornada, 29/1/03).

Para revertir el empobrecimiento creciente tendríamos que resolver las barreras estructurales que impiden el crecimiento sostenido de la economía, la garantía del pleno empleo estable, bien remunerado y con derecho a seguridad social; recuperar el poder adquisitivo del salario y los ingresos de los trabajadores, destruidos por 20 años de austeridad salarial, y superar las contradicciones de la informalidad que agobia a la mitad de la población. En el campo de los derechos sociales mayoritarios se requiere garantizarlos mediante la ley para que sean permanentes, y crear las instituciones sociales que los operen y aseguren. No es el caso, particularmente en el ámbito institucional, debido a la obsesión de la austeridad que tiene el jefe de Gobierno y su fobia a los "aparatos burocráticos"; no todos lo son ni todos son innecesarios.

Estamos seguros de que esta política es muy visible y da mucha popularidad -Ƒelectoral?-, pero dudamos mucho que lleve a la felicidad que tanto interesa a López Obrador. En la metrópoli, la nación y el mundo de hoy, entre la globalización neoliberal, el imperialismo exacerbado y la amenaza de guerras de agresión, parece muy difícil pensar que la felicidad llegará para las mayorías si no hay cambios radicales y muy profundos; no creemos que sea el proyecto del gobernante capitalino, ni que se logre antes de las elecciones de 2006.