Conclusiones de la segunda Reunión Nacional Indígena realizada en Baja California

Exigen grupos étnicos respuesta rápida y positiva en conflictos agrarios

ROSA ROJAS

Representantes de 32 pueblos indios, participantes en la segunda Reunión Nacional Indígena realizada en San José de la Zorra, Baja California, se sumaron "al clamor mundial contra la guerra" y exigieron al gobierno de México "seguir con su tradición pacifista y de respeto a la autodeterminación de los pueblos". Concluyeron que uno de los factores que ponen en riesgo su integridad como pueblos es el despojo de sus tierras y territorios, por lo que emplazaron al gobierno del presidente Vicente Fox a que instruya a la Secretaría de la Reforma Agraria a dar "respuesta inmediata y positiva a las comunidades indígenas" en los conflictos que enfrentan.

En la declaración final de la reunión, denunciaron la "constante injusticia" de que son víctimas los pueblos indígenas por defender sus recursos naturales, como bosques, agua, minerales y, en general, la biodiversidad, lo que ha propiciado el encarcelamiento o asesinato y el permanente hostigamiento contra sus dirigentes.

Pusieron como ejemplo la comunidad cucapá, municipio de Mexicali, "acosada" por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pese a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos -la 8/2002, enviada al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinguer, que oficialmente fue aceptada- según la cual tienen derecho a pescar curvina en la zona núcleo de la reserva de la biosfera del alto golfo de California y delta del río Colorado, así como la indefinición de pertenencia municipal de los kumiai de San José de la Zorra y la invasión de tierras y territorios de los pueblos nativos de Baja California. También están otros casos en Michoacán, estado de México, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Durango y Morelos, donde en nombre del desarrollo se programan megaproyectos "para dar forma a los despojos".

Carlos de Jesús, dirigente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía -uno de los grupos convocantes- informó que a la reunión asistieron unas 250 personas de diversas organizaciones, como migrantes del valle de San Quintín, BC; el Consejo Municipal Chocholteco de Teotongo, Oaxaca; la tribu yaqui de Sonora y yaquis de Estados Unidos; tarahumaras de ANIPA-Chihuahua del municipio Coloradas de la Virgen y del ejido Guadalupe y Calvo; la Alianza de Pueblos Indígenas de la Sierra Oriente del Estado de México; organización de mayos y de migrantes oaxaqueños, y representantes de los cinco pueblos originarios de Baja California: kumiai, cucapá, pai-pai, kiliwas, oodham, con sus autoridades tradicionales, entre otros.

Los asistentes acordaron realizar el segundo Encuentro Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas los días 8 y 9 de abril en la ciudad de México.

En su declaración demandaron la reorientación de la política educativa dirigida a los pueblos indios, porque 20 lenguas indígenas están en riesgo de extinción "ante la falta de una política de Estado que asegure su desarrollo y permanencia".

Asimismo plantearon la necesidad de "promover un nuevo acuerdo migratorio que garantice, aparte del libre tránsito de los connacionales, su integridad física y el cese de la violación de sus derechos humanos y laborales", y demandaron que los gobiernos de México y Estados Unidos brinden las garantías necesarias tanto a migrantes como a residentes. Se pronunciaron también porque los centroamericanos y todos los migrantes que cruzan por la frontera sur de México sean tratados con dignidad y respeto a sus derechos humanos.

Reclamaron el reconocimiento de las autoridades tradicionales indígenas como representantes genuinos de sus pueblos ante las autoridades locales, estatales y federales, así como de sus formas de organización, participación y decisión, y se manifestaron por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Sak'amchén de los Pobres, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Además exigieron la libertad de todos los indígenas "presos por motivos políticos" y la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos y de conciencia del país.

Propusieron a los Congresos locales, en especial a los de Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, legislar reformas constitucionales para el reconocimiento de los pueblos indígenas nativos y residentes, "donde se contemple la representación directa en los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno". Asimismo, que en cualquier asunto que tenga que ver con los pueblos indígenas ellos formen parte del diseño, instrumentación, ejecución y participación en cualquier consulta o proceso legislativo, administrativo y judicial que competa a su desarrollo y representación.