Insisten en plantear la necesidad de que se decrete una ley de amnistía

Apremian campesinos a legislar para dar certeza a propiedad ejidal y comunal

Críticas al papel protagónico de gobernadores y diputados que acudieron ayer al diálogo

ANGELICA ENCISO L.

Tras siete largas intervenciones de legisladores y gobernadores durante la mesa sobre agenda legislativa del diálogo para una política de Estado para el campo, por fin se dio la palabra a las organizaciones campesinas. Víctor Quintana planteó si no hubiera sido mejor que se invirtiera el orden de las exposiciones: "Ƒno es éste el problema?, que primero hablan los políticos y después los ciudadanos?"

Con asombro, diputados de los tres principales partidos, y el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, escucharon el discurso del representante de El campo no aguanta más. La sorpresa aumentó cuando Quintana les preguntó si llevarían las demandas de este movimiento al Congreso de la Unión. "Levanten la mano quienes estén de acuerdo", les pidió. Los seis legisladores del presídium no se atrevían a comprometerse hasta que, con timidez, uno a uno alzaron la mano.

Y es que Quintana habló de frente al presídium, "para verles la cara". Lo hizo en un salón semivacío del Archivo General de la Nación, donde las primeras filas estaban ocupadas por diputados e integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Ahí, estaban viejos cenecistas como Augusto Gómez Villanueva, otros más jóvenes como César Duarte y el gobernador perredista de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien fue miembro de esa organización priísta, quien pareció recordar, en su participación, viejos tiempos. Dijo que se necesitaban más diputados de origen campesino, "eso se lo comenté a Heladio Ramírez (líder de la CNC)".

Al final, ni los legisladores perredistas Erick Villanueva y Gregorio Urías, ni el priísta Rafael Rodríguez Barrera o el panista Rafael Ponce, que escucharon a Quintana, dieron respuesta a los planteamientos de las organizaciones. "Si ahora tenemos sentados ante nosotros a los poderes Ejecutivo y Legislativo, no se debe a una graciosa concesión. Estamos aquí gracias a que, por fin, podemos hablar no de varios y dispersos movimientos rurales, sino del movimiento campesino nacional", les dijo el dirigente del Frente Democrático de Chihuahua.

Hasta ahora, abundó Quintana, no hemos visto señales claras de voluntad política o de cambio en la actitud del Ejecutivo federal. "Pero recordemos que el gobierno ejecuta órdenes de aprehensión contra los campesinos. Y es el Legislativo, que son ustedes, el que fija el rumbo; ustedes quienes señalan, con participación de la ciudadanía, el proyecto de nación que todos queremos. Y porque queremos un nuevo proyecto de nación por eso nos dirigimos a ustedes, primordialmente, señoras y señores legisladores".

Advirtió que es necesario impulsar una ley de amnistía: "muchos andamos con el amparo en la bolsa y no podemos signar ningún acuerdo con el Estado si no media la entrada en vigor de esa ley que otorgue incondicionalmente la libertad y el perdón a todos estos compañeros y compañeras nuestras". Puntualizó que en los pasados dos años en Chihuahua se han librado 70 órdenes de aprehensión contra campesinos, una de ellas en su contra por las protestas del primero de enero y por "presuntos ataques a las vías de comunicación".

El secretario de Gobernación dijo que la ley de amnistía no es posible, y propuso analizar expediente por expediente, recordó. "Rechazamos este procedimiento porque nos lleva al desgaste, juega con el tiempo y la libertad de nuestra gente; mantiene una espada de Damocles sobre los dirigentes y los militantes de las organizaciones, no elimina las amenazas a la gobernabilidad", agregó.

"No estamos pidiendo un acuerdo coyuntural y transitorio con algunas dependencias del Ejecutivo. El nuevo pacto que exigimos es un cambio estructural inmediato y a la vez de largo alcance en las relaciones entre la sociedad rural, la sociedad urbana y el Estado. Un acuerdo que consigne los compromisos del Estado mexicano con nosotros permanentemente y que se inscriba en la Carta Magna", precisó.

El gobernador Monreal -quien se fue en cuanto concluyó su discurso- dijo que el próximo 14 de marzo la comisión organizadora del diálogo se reunirá con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para entregarle un borrador del acuerdo nacional para el campo.

Planteó que en la más reciente reunión de la Conago se acordó agotar los mecanismos que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-CAN) y "una vez agotados revisarlo; fortalecer la interlocución con las organizaciones; revisar los programas de Alianza para el Campo y Procampo, y que los excedentes de las ventas de petróleo se destinen a las entidades federales para utilizarlos en apoyo de agricultores".

Distintos tonos hubo en la mesa, desde el del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien afirmó que el problema del campo era de todos y que entre todos había que solucionarlo. El mandatario expresó un deseo: "ojalá que todos los días hubiera mesas como ésta". Hasta Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, consideró "crucial que se refuercen los mecanismos institucionales que den plena vigencia a la propiedad ejidal y comunal".

El campo no aguanta más pidió reformas constitucionales mediante las que se consagre el reconocimiento del Estado al nuevo papel del campo en el proyecto de nación; que se reconozca el principio de paridad entre la población urbana y la rural; reconocimiento al derecho a la alimentación; cambios al artículo 27 constitucional para prohibir las sociedades mercantiles; convertir en ley los acuerdos de San Andrés y que el Congreso de la Unión tenga facultades para negociar, revisar y evaluar los tratados comerciales.

En cuanto a reformas a las leyes existentes indicó que se deben hacer seis cambios para consolidar el papel imprescindible de la agricultura campesina en el proyecto de nación. Dijo que se requieren nuevas leyes, como la de amnistía y bioseguridad para dejar de exponer el patrimonio genético de semillas.

Propuso además modificar el Presupuesto de Egresos para aplicar un programa emergente de reactivación del campo; establecer un presupuesto multianual, y que el Congreso expida un decreto de ley para ordenar al presidente la renegociación del TLCAN.

La UNORCA, por su parte, demandó reformar el artículo 27 constitucional en materia agraria para establecer que la propiedad ejidal sea declarada patrimonio familiar y no pueda ser embargable; reformar el sistema financiero rural para dar impulso a las instituciones financieras locales. La CNC destacó la aprobación de la ley de emergencia para el campo y otra más de desarrollo social.