Demandan a Creel que cese la represión contra líderes agrarios y activistas sociales

Denuncian sistemáticas violaciones de derechos humanos en el campo

El titular de Gobernación rechaza la posibilidad de promover una ley de amnistía

ANGELICA ENCISO Y PATRICIA MUÑOZ

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, adelantó que se están revisando algunos mecanismos legales para "revertir casos de encarcelamientos y persecuciones injustas de campesinos que se han venido arrastrando durante años". Planteó, además, que el acuerdo nacional para el campo tendrá que incluir un capítulo que aborde está problemática y se tendrán que dar "pactos" en la materia.

Durante la inauguración de la sexta mesa, El campo y la gobernabilidad en el estado de derecho, el secretario de Gobernación descartó una posible ley de amnistía. Dijo que se revisará caso por caso y se analizará si realmente hubo violación de los derechos humanos para corregir el proceso e incluso se buscarán acuerdos con los legisladores, porque éste no es un asunto que concierna exclusivamente al Ejecutivo.

Desde que llegó al Archivo General de la Nación, donde se llevan a cabo estas mesas, Creel enfrentó la demanda constante acerca de la violación de los derechos de los campesinos. Apenas llegó al salón, los habitantes de San Salvador Atenco lo abordaron y en breve sesión le plantearon la cancelación de 308 órdenes de aprehensión, echar abajo 12 procesos judiciales contra activistas de esta comunidad y la indemnización a la familia de José Enrique Espinosa, quien murió durante las movilizaciones del año pasado. La respuesta del funcionario fue que hablaría con el gobernador mexiquense, Arturo Montiel, para llegar a una solución.

Innumerables quejas por la injusticia

A lo largo de las dos horas y media que duró la instalación de esta mesa, Creel recibió de manos de campesinos innumerables quejas de encarcelamientos injustos, procesos judiciales en curso contra indígenas, represión de movimientos sociales, violaciones a derechos humanos y problemas de invasión de tierras.

Incluso a su salida los campesinos lo despidieron con el grito de "šalto a la represiónš". Diversos dirigentes denunciaron que a pesar de este diálogo no han cesado los procesos judiciales contra productores agrícolas que participan en diferentes organizaciones sociales.

A diferencia de otras sesiones, en la de ayer se dio el micrófono a quien lo pidió, incluso fuera de agenda. A pesar de que se había reforzado la seguridad -más de una docena de miembros del Estado Mayor Presidencial custodiaban a Creel-, el titular de Gobernación accedió a intercambiar puntos de vista con quienes se acercaban al presídium, pero también la asistencia de organizaciones del campo fue menor.

Desde su primera intervención pareció responder a la principal demanda: cesar la represión, al señalar que "se está trabajando duro para que el acceso a la justicia en el campo sea oportuna y no se deje que los problemas se hereden de generación en generación. En este sentido, la garantía de respeto a los derechos humanos es indispensable para las mujeres y los hombres del campo, tantas veces tratados de manera injusta".

Señaló que hay plena conciencia de que ha habido abusos, encarcelamientos injustos y violación de derechos humanos. "Lo que aquí ofrecemos es plena disposición a revisar los casos, a encontrar los criterios para poder, de una buena vez, solucionarlos", pues este gobierno "no quiere quedarse con pendientes" y mucho menos en el campo de los derechos humanos, planteó el secretario de Gobernación.

Sobre los dirigentes encarcelados dijo que ya se pidió que le presenten todos los expedientes y una vez que tenga esta información se verá si es posible establecer criterios uniformes "donde haya habido violación de derechos humanos a corregir; donde haya habido injusticias a enderezarlas, de tal suerte que podamos ir solucionando los conflictos que se han presentado en el campo, particularmente la violación de los derechos humanos". Apuntó que el plazo para llegar a esta determinación es el del acuerdo, porque un capítulo de éste tendrá que abordar el problema y definir los compromisos.

Al preguntársele sobre las posibilidades jurídicas para que se promueva una ley de amnistía para los campesinos, respondió que más allá de las palabras son los hechos los que hablan. Añadió que durante el gobierno del presidente Vicente Fox se ha excarcelado a más gente que en ninguna otra administración.

Por su parte, José Narro, representante de El campo no aguanta más, denunció que en el sector rural hay una violación sistemática de los derechos humanos, los campesinos son detenidos por consigna y vencidos en juicios donde no se les escucha. Dijo que no es de extrañar que las cárceles estén llenas de campesinos e indígenas injustamente detenidos. "Ser pobres y no contar con una defensa es la causa de que miles estén encarcelados", manifestó. Propuso el establecimiento de leyes de amnistía estatales y federal, libertad a los presos políticos y sociales, así como el alto a la represión.

A su vez, el cenecista Horacio Duarte expuso que los problemas del campo no se deben resolver en el Ministerio Público, como lo refleja la persecución de cientos de dirigentes campesinos y el encarcelamiento desde hace siete meses de Armando Villarreal en Ciudad Juárez, acusado de motín.

Le pidió a Creel, como responsable de la política interior del país, que "tome las riendas y asuma el compromiso de este diálogo nacional. "Pareciera que hasta hoy sólo le hemos hablado a estas paredes", expresó.

La Confederación Nacional Campesina advirtió que de continuar las detenciones injustas en el largo plazo esto conducirá al caos. "Si el gobierno decidiera encarcelar a los líderes faltarían espacios en las cárceles nacionales para encerrar a todos los campesinos movilizados", advirtió. Añadió que si se mantiene la represión y la amenaza contra sectores afectados por la pérdida patrimonial y la indigencia, se llevaría al enfrentamiento de cuerpos de seguridad con los campesinos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón, sostuvo que la gobernabilidad ya no se puede conseguir únicamente con la construcción de las reglas de equidad para la competencia política y electoral. "En una sociedad rural tan agraviada sólo puede ser producto de la reconstrucción productiva, de la rentabilidad agrícola y de la suficiencia alimentaria.

"Y esa gobernabilidad, depende del acuerdo nacional para el campo, no del blindaje de papel anunciado en diciembre. No es la pelea por la morralla asistencialista lo que se espera de esta negociación, es más. No venimos por más de lo mismo, de lo que desde hace tres décadas hemos visto y también sufrido. Lo que buscamos es un contrato nacional fincado en la corresponsabilidad, con obligaciones plenas y cuantificables para todos, con objetivos y metas sociales y productivas claramente fiscalizables y con sanciones al incumplimiento".

Ante la incertidumbre de los campesinos de que los acuerdos realmente se lleguen a cumplir, Creel dijo que el diálogo pierde sentido si no existe confianza. "La palabra empeñada es nuestro más valioso activo. Los campesinos hoy tienen la palabra y con ella la posibilidad de llegar a acuerdos. Por nuestra parte, estamos por honrar los acuerdos a los que arribemos", aseguró.

Las organizaciones habían fijado de plazo hasta el día de ayer para que el gobierno retirara los anuncios de apoyo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como condición para continuar en las mesas de diálogo. La respuesta de Creel fue que el tema se iba a revisar con el resto de los integrantes del gabinete que han participado en las mesas de diálogo, para tomar una decisión al respecto.

En la mesa que concluyó ayer se presentó el menor número de ponencias, tan sólo 86. Los temas centrales fueron la impartición de justicia para los indígenas, la problemática de la tenencia de la tierra, carteras vencidas, reglas para las organizaciones sociales, persecuciones políticas, justicia para la mujer del campo e invasiones y despojos de ranchos. No sólo participaron organizaciones campesinas, sino también instituciones como ITAM, IPN, UNAM y hasta el Tribunal Unitario Agrario. Las jornadas de diálogo continuarán el jueves con el tema de la agenda legislativa para el campo.