Antonio Gershenson

La energía y las comunidades

Se publicó el pasado jueves 13 de febrero un interesante reportaje sobre la posibilidad de que se construyan presas sobre el río Usumacinta, fronterizo entre México y Guatemala a lo largo de una muy amplia parte de su trayecto, para generar electricidad y, tal vez, en algunas partes, también para riego. El entrevistado, y también otras fuentes que se citan, sólo ven en esa posibilidad una serie de peligros: inundaciones, desplazamiento masivo de comunidades indígenas, más militarización en algunas zonas, entrega a extranjeros, etcétera.

Estos peligros deben, en efecto, ser tomados muy en cuenta. Pero si dejamos las cosas de este tamaño, si la resistencia de las comunidades se limita a querer seguir igual de amolados que ahora, la posible victoria será, a la larga, muy poco estimulante. Ya ha ocurrido, en repetidas ocasiones, que se rechaza algún proyecto depredador, se logra evitar, y lo único que queda es la ausencia total de desarrollo. Ya que se emprende algo de este tamaño, una resistencia de semejante envergadura, lo menos que se puede hacer es tomar lo positivo, dar alternativas que eliminen los elementos negativos de los planes oficiales y pelear por una que represente avances para las comunidades y para el país.

Al día siguiente se publica en la sección El Correo Ilustrado una carta enviada por el gerente de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad. Nos dice que "la CFE no tiene ningún plan para construir una central hidroeléctrica de cortina alta en la región conocida como Boca del Río" ni algo similar. Agrega que ese organismo público realiza estudios de factibilidad, "con la instrucción precisa de conocer la posible utilización del caudal del río Usumacinta para generar electricidad sin alterar su cauce"; esta última condicionante es reiterada un par de veces. Ayer sábado se publicaron en esa misma sección datos contrapuestos con algunos de los que envió el representante de la CFE.

Aunque el funcionario no lo menciona en su carta, hay una razón específica para no desviar el río: es la frontera entre los dos países mencionados. Cambiar el cauce del río puede dar lugar a problemas mayores. Baste recordar que perdimos el territorio denominado La Mesilla a raíz de un cambio en el cauce del río Bravo y, claro, de otros hechos lamentables.

Este mismo gerente niega una serie de elementos de la información anterior, pero no aclara suficientemente qué es lo que sí se proyecta. No nos dice cómo sí se piensa poder generar electricidad pero sin cambiar el cauce del río. Aquí trataré de señalar por lo menos una posibilidad, un camino de cómo sí se pueden hacer las cosas.

Hay un caso en el que pude conocer no sólo el proyecto oficial, de una presa muy grandota que inundaría grandes extensiones de tierra, sino un proyecto alterno. Se trata del proyecto denominado La Parota, en Guerrero, sobre el río Papagayo y afluentes suyos. Con el proyecto alterno, basado en varias presas medianas, la superficie inundada se reducía a 2 por ciento de la que se hubiera tenido con el proyecto oficial. La generación total, sin embargo, era muy similar. Si bien, por la economía de escala, el costo del proyecto oficial propiamente dicho hubiera sido menor, ya contando los costos externos, por las áreas inundadas, retrasos derivados de posible conflictos con la población, indemnizaciones, etcétera, hacían que el proyecto oficial fuera no sólo más costoso en su conjunto, sino más inseguro.

Hay otro elemento importante: existe ya una tecnología bien desarrollada para construir presas sin desviar el río, con buzos, con grandes grúas, con bloques de concreto compactados, trasladados en bandas sinfín y luego ensamblados en el sitio. En este tema la principal experiencia se ha dado en Brasil. Si bien es cierto que no en todos los casos es fácil el empleo de tal técnica, también lo es que en muchos de los que tenemos en México es utilizable. El tiempo se reduce, en números redondos, a la mitad, lo mismo que el costo de la obra civil, que generalmente ha sido el componente más importante de la inversión realizada en las plantas hidroeléctricas.

No se trata de alternativas exclusivamente técnicas, aunque en un momento dado éstas son indispensables. La diferencia empieza con la gente. En un caso, se ha empezado por buscar inversionistas, ofreciéndoles oportunidades de negocio. De ahí se desprende que el cálculo del costo se va a hacer para la obra propiamente dicha, lo que hemos llamado costos internos del proyecto; la gente de la región queda relegada y, claro, se inconforma. En el caso alternativo, con quien primero hay que ponerse de acuerdo es con la gente de la región en la cual se hará el proyecto. De ahí no sólo se va a desprender la alternativa que menos terreno inunde, sino la que tenga mayores beneficios sociales y generales para los habitantes de la región: tecnologías intensivas en mano de obra (para los movimientos de tierra, por ejemplo, usar pala y pico; no emplear maquinaria para todo, sino para lo más indispensable); uso de la mano de obra local; retribución por los terrenos ocupados, con obras sociales, inversión productiva y capacitación para el trabajo ya en la hidroeléctrica terminada, etcétera. Finalmente, si no se los tiene ya, se buscan los recursos, que con un buen proyecto van a fluir sin mayor problema. En general, los fabricantes de los principales equipos tienen apoyo de la banca de desarrollo de sus respectivos países, con tasas preferenciales y largos plazos.

Visto desde el ángulo de la nación, esta última alternativa tiene una gran relevancia. En la entrevista a la que nos referimos al principio, se habla de más de 9 mil megavatios en capacidad instalada. Aun con la mitad de esta capacidad, se evitaría la necesidad de instalar por lo menos ocho plantas como la que se supone que debe entrar en operación en marzo próximo en Campeche, con un enorme ahorro de gas natural y, por tanto, una reducción importante de las importaciones de este producto estratégico. Esto, entre muchas otras ventajas.