Toma posesión de ellos, tras declararlos de utilidad pública mediante decreto

Recupera el GDF 3 predios en Santa Fe

Un particular los tuvo en su poder durante décadas, con el apoyo de regímenes priístas

ELIA BALTAZAR

Mediante decreto, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) recuperó ayer tres predios localizados en la zona de Santa Fe, que estaban en litigios promovidos por un particular a quien le fueron concedidos por un convenio con Servicios Metropolitanos (Servimet), durante la regencia de Carlos Hank González.

También por decreto, luego de las irregularidades detectadas en Servimet, el GDF ordenó finalmente la desincorporación de esta empresa del dominio privado, para transferir a lo público los bienes que estaban bajo su posesión, y declara de utilidad pública todas las obras y servicios que estaban bajo su responsabilidad.

Así, ayer las autoridades locales tomaron posesión de dos terrenos y un inmueble, mediante un operativo que se inició a las 7 de la mañana de ayer, en el que participaron 350 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezados por el subsecretario Raymundo Collins, el oficial mayor, Octavio Romero Oropeza, y el director de Patrimonio Inmobiliario, Alberto Pérez.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno del DF, José Agustín Ortiz Pinchetti, explicó que la recuperación de estos terrenos -que suman 11 hectáreas pero liberan una extensión total de 50- se decidió a partir de la necesidad de cumplir con obras de infraestructura urbana que se mantuvieron detenidas o nunca se llevaron a cabo, aun cuando el convenio obligaba al particular a llevarlas a cabo, a cambio de la explotación de dos minas que se encuentran en esos predios, cuya posesión mantuvo desde 1979 por el favor de Hank González, primero, y luego mediante la promoción de 30 juicios interpuestos en contra de las autoridades locales.

Fuentes del gobierno capitalino presumen que las minas se mantuvieron en propiedad privada por un acuerdo que sirvió para proveer de material para la construcción de los ejes viales durante la regencia de Hank González. Ortiz Pinchetti aseguró que el gobierno capitalino llevará a su fin las investigaciones correspondientes, de tipo fiscal, administrativo y penal, para determinar las responsabilidades que correspondan. Agregó que este caso "ilustra una vez más las prácticas de corrupción que fueron permitidas durante el viejo régimen político; la supervivencia de perniciosas prácticas jurídicas, así como de una cultura de los negocios forjados al amparo del poder público, que funda parte de su éxito en la manipulación de las decisiones de los tribunales, con tal de lograr la satisfacción de propósitos individuales de lucro".

De acuerdo con la investigación de las autoridades capitalinas, en 1979 Federico Escobedo Garduño, propietario de Industrias Productoras de Agregados y Artículos para la Construcción, SA (IPAACSA) y de Constructores de Infraestructura Mexicana (Codimex), obtuvo del entonces regente Carlos Hank González -por medio de Servimet- dos convenios para llevar a cabo obras de renivelación de calles y derechos de vía en Santa Fe-Contadero y Santa Fe-Santa Lucía, a cambio de la explotación de varios bancos de arena que se encontraban en la zona. Las obras nunca se llevaron a cabo, pero Escobedo mantuvo la posesión de los terrenos y el usufructo de las minas, aun cuando posteriormente, en 1984 y 1993, se emitieron dos decretos presidenciales que obligaban a la recuperación de esos predios y la realización de obras, al declarar de utilidad pública la zona.

Sin embargo, afirmó Ortiz Pinchetti, "dada la dimensión de los intereses en juego y la colusión de actos entre particulares y servidores públicos, la autoridad no pudo llevar a cabo los trabajos acordados".

Para enfrentar los mandatos de la autoridad, explicó el funcionario, Escobedo promovió 30 recursos legales, amparos, juicios civiles y denuncias penales en contra del gobierno de la ciudad, en los que al parecer hubo prácticas de corrupción.

En algunos de esos recursos Escobedo recibió sentencias favorables, por las cuales había impedido que se concretaran programas para la apertura y ampliación de vialidades, introducción de agua potable, drenaje y alcantarillado, entre otras obras. Por esta situación, incluso se habían tenido proyectos de inversión, como la construcción de una sucursal del hospital ABC. El gobierno capitalino dicidió ante ello emitir dos decretos que declaran la utilidad pública de los terrenos y ordenan su recuperación, así como la transferencia a bienes públicos de todo lo que estaba bajo la responsabilidad y posesión de Servimet.