Miguel Concha
México ante la Corte Interamericana
El 17 de febrero las organizaciones denunciantes ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos -Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en San José, Costa Rica-, así como las autoridades federales mexicanas, como denunciadas, fueron notificadas formalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la demanda que ha interpuesto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno de México por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde hace casi 11 años en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd. El presente caso trasciende no únicamente por las graves violaciones a los derechos humanos de que entonces fue objeto este ciudadano mexicano-estadunidense, sino también porque será el primer asunto que México tendrá que enfrentar ante el máximo tribunal interamericano de derechos humanos.
El actual gobierno federal recibió el 30 de octubre pasado un informe final de la CIDH en el que emitió diversas recomendaciones, dándole un plazo de dos meses para que las cumpliera. Dentro de ellas, la CIDH solicitó la liberación inmediata de Martín del Campo, quien fue torturado por 10 policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la madrugada del 30 de mayo de 1992, y forzado bajo ese medio a declararse culpable del asesinato de su hermana y su cuñado, sin que existieran más pruebas que lo relacionaran con esos delitos. Ante el incumplimiento de las autoridades federales para acatar la recomendación, la CIDH determinó presentar el caso ante la Corte Interamericana.
La corte, a diferencia de la comisión, no emite recomendaciones, sino sentencias obligatorias para los estados que han aceptado su jurisdicción. El gobierno de México aceptó esta jurisdicción en diciembre de 1998, por lo que de llegarse a emitir una sentencia condenatoria el gobierno tendrá que acatarla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no juzga a individuos, como sí lo hará la Corte Penal Internacional, pero tiene competencia para analizar la responsabilidad de México por las violaciones a los derechos humanos de Martín del Campo, pudiendo en su caso pedir su liberación y dictar además medidas apropiadas para reparar los daños. La Corte Interamericana ha conocido con anterioridad de casos mexicanos, a partir de la solicitud que organizaciones de derechos humanos han realizado para que se brinde protección a individuos (medidas provisionales), sin embargo, éste es el primer asunto que el gobierno tendrá que litigar. El Presidente de la República tiene la capacidad legal de otorgar un indulto a Martín del Campo y así lograr cumplir con parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana, pero hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha negado a dialogar con la víctima y sus representantes legales, a pesar de que había declarado que "encontraría la manera de cumplir" con la CIDH si ésta recomendaba su liberación. Por ello la CIDH es ahora también parte acusadora en el proceso que la corte sigue contra el gobierno de México, y cabe señalar que de los más de 30 casos que le han sido sometidos, sólo uno lo ha perdido por una cuestión procedimental. El proceso puede, sin embargo, demorar de uno a dos años, tiempo en el que desafortunadamente Alfonso Martín del Campo Dodd seguirá preso.
Cabe señalar que el incumplimiento por parte del gobierno federal de la recomendación emitida por la CIDH contradice abiertamente el discurso que el Presidente ha hecho a nivel nacional e internacional, en el sentido de que el tema de los derechos humanos es prioridad de su administración, y que el presente asunto, además de haber sido ya ventilado en repetidas ocasiones en la prensa nacional e internacional, ha sido documentado ampliamente por otras organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y el Secretariado Internacional de Amnistía.
Además de ordenar su liberación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá solicitar al gobierno que realice reformas jurídicas a las leyes mexicanas para que se adecuen por fin a los estándares internacionales en la materia, lo cual sin duda redundaría en beneficio de la sociedad en su conjunto, pues desde hace tiempo la CIDH y el relator de Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura han realizado recomendaciones que, como muchas otras, hasta la fecha no han sido cumplidas.
