Luis Hernández Navarro
Campo: elecciones y movimiento
El destino final del nuevo movimiento campesino en formación es incierto. La naturaleza desigual de las fuerzas que lo integran, el malestar profundo, pero aún desorganizado de la sociedad rural, la vacilante actitud del gobierno federal ante la negociación y la inminencia de elecciones en todo el país empujan la frágil convergencia hacia derroteros inesperados.
El nuevo ciclo de lucha agraria arrancó el pasado 2 de diciembre con la protesta de la UNORCA en la ciudad de México y con la elaboración, por parte de 12 organizaciones campesinas, de las Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano. Le siguió, un día después, una manifestación de 5 mil campesinos del movimiento El campo no aguanta más, que marchó del monumento a la Revolución a la Sagarpa, pasando por la embajada de Estados Unidos, donde exigió la moratoria al capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC) como parte de la Semana nacional por la salvación del campo.
El interlocutor principal de esas movilizaciones fue el Congreso de la Unión y su objetivo central fue buscar influir en el presupuesto destinado al campo y reabrir la negociación del tratado. La presión campesina tuvo éxito al conseguir que el monto de recursos destinados al campo se ampliara, pero no en forzar al Senado a asumir la defensa de los intereses nacionales. Por presiones de la embajada estadunidense el Legislativo -incluidos los senadores del PRD- se negó a quitarle un punto o una coma al acuerdo comercial.
No es la primera vez que un grupo de organizaciones de productores rurales cabildea ante la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto. Desde hace cinco años, la UNORCA y cuatro redes nacionales (ANEC, CNOC, AMUCSS y MOCAF) lo hicieron. Lo novedoso en esta ocasión fue que al proceso se sumaron siete nuevas organizaciones que, en vez de presentar pliegos petitorios con demandas particulares, elaboraron propuestas generales para el agro, y que las peticiones fueron acompañadas de la toma de calles.
Después vendrían la contraproducente y torpe entrada a caballo de El Barzón a la Cámara de Diputados, la huelga de hambre y la toma del puente internacional de Ciudad Juárez el primero de enero, y el ayuno de varios dirigentes nacionales de UNORCA, del 6 al 15 de enero en el Angel de la Independencia. Ambos ayunos buscaron sensibilizar e impactar a la sociedad civil.
Estas movilizaciones tuvieron como telón de fondo varios elementos que las alimentaron o condicionaron: la caída de la rentabilidad agropecuaria y el deterioro generalizado de los ingresos y niveles de vida de los pobladores del campo. Más de dos años de protestas campesinas regionales en todos los estados y sectores productivos, que en ocasiones encontraron resonancia en la Cámara de Diputados. La crisis y disputa por la conducción de la CNC entre el madracismo y el labastidismo. Y un déficit de representación parlamentaria de la mayoría de los dirigentes campesinos tradicionales en los partidos políticos con registro.
Paralelamente han surgido multitud de luchas rurales de resistencia regional por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, en contra de la realización de obras de infraestructura que afectan bienes de las comunidades, en favor del patrimonio cultural y para proteger el territorio y la identidad cultural, o de jornaleros agrícolas que buscan condiciones dignas de empleo. Muchas han sido protagonizadas por los sectores más pobres del campo asociados en organizaciones locales, que desconfían de las centrales campesinas tradicionales y de los partidos políticos.
Ellas constituyen una franja social que practica lo que, a falta de mejor nombre, he caracterizado como política informal. Por recelo han estado ausentes de la movilización nacional en curso. Observan que varios de los líderes que la encabezan son los mismos que traicionaron la lucha agraria sumándose a la contrarreforma salinista al 27 constitucional. Temen, no sin razón, que la convergencia sea utilizada por líderes que ambicionan una diputación, o por partidos, que lo único que buscan son votos. Esta sospecha es compartida también por no pocos analistas políticos y por la administración de Vicente Fox.
La lamentable solicitud de El Barzón y la UNTA al despacho GEA de que les elabore una propuesta de política para el campo -que ellos deberían haber hecho-, como tienen otras organizaciones, evidencia que las suspicacias tienen fundamento.
La movilización actual ha sido protagonizada centralmente por campesinos medios y agricultores vinculados estrechamente con el mercado, o por campesinos pobres ligados a cultivos de exportación, colocados por las políticas comerciales y agrícolas en una situación límite. Salvo excepciones como los cafetaleros, no tienen vínculos, ni discurso, ni un liderazgo que la franja de la política informal -entre la que se encuentra una parte muy importante del movimiento indígena- reconozca como propios.
En la legislatura 1997-2000 participó un número significativo de líderes campesinos, algunos sumamente destacados, pero el balance final para el movimiento resultó desfavorable. Si los dirigentes nacionales del movimiento El campo no aguanta más aceptaran la oferta de ser diputados por el PRD o por cualquier otro partido terminarían dándole la razón a sus críticos y se anularían a sí mismos y a la convergencia que han construido como referencia de largo plazo para la reorganización del movimiento campesino. Lo que hoy está en juego no es, como señala Armando Bartra, la adecuada combinación entre la política desde arriba y desde abajo. Hoy no hay espacio para ambas. La disyuntiva es más cruda: o un movimiento campesino con autoridad política y reconocimiento nacional, o diputados campesinos sin movimiento.
