Informe preliminar de auditorías aplicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda

Irregularidades en programas sociales y dependencias del GDF durante 2001

Destacan pagos dobles o en exceso a prestadores de servicios y alteración de facturas

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) detectó una serie de irregularidades en algunos de los programas sociales aplicados durante 2001 por el gobierno de la ciudad, que van desde entrega de apoyos o becas a personas que no lo requerían, pagos dobles o en exceso a prestadores de servicios profesionales, hasta la falta de registros presupuestales para el control de los gastos erogados, la retención "indebida" de impuestos y la omisión en la aplicación de penas convencionales.

De acuerdo con los resultados preliminares de las auditorías aplicadas por la CMH a ese ejercicio fiscal, y que fueron entregados a la ALDF, se precisa que también se encontraron diversas anoma-lías tanto en dependencias centrales como en delegaciones y órganos autónomos, como el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las cuales deberán ser subsanadas como paso previo a la posible aplicación de alguna sanción administrativa o penal.

Así por ejemplo, el informe de la Contaduría dice, en el caso de la contratación de personal para operar las becas para desempleados, que se encontraron expedientes laborales incompletos; en el caso de los mil 379 contratos de asesores para el área de participación ciudadana hubo retenciones indebidas de IVA e ISR, así como el caso de un extranjero contratado sin contar con el documento migratorio; 51 contratos no firmados por los mismos prestadores de servicios profesionales y 370 más que carecen de bitácora que constate las actividades que realizaron; otros ocho asesores cobraban en dos áreas distintas. En cuanto a personas de la tercera edad se tienen expedientes que no refieren domicilio ni edad.

Mientras que en el Instituto de Vivienda (Invi) faltaron cédulas socioeconómicas -trámite previo a la entrega de créditos- de beneficiarios, y otras están llenadas a lápiz sin señalar nombre y firma de quien las elaboró. Hubo quienes tuvieron su apoyo para vivienda siendo solteros y sin dependientes económicos; otros que demostraron tener propiedad, unos más que rebasaron el tope de salarios mínimos o bien sin presentar comprobante de ingresos.

El DIF-DF "pagó indebidamente becas de discapacidad a 59 personas mayores de 70 años", y a siete personas les pagaron en exceso; algunos expedientes carecían de domicilio y se menciona a fallecidos sin tenerse el acta de defunción ni la devolución de la tarjeta.

En la Tesorería se encontró que 10 contratos de su campaña en televisión, radio y prensa para la condonación de impuestos en 2001 se adjudicaron "sin ajustarse" a la norma, y la comprobación de esos gastos se hizo mediante copias fotostáticas, además hubo desfase entre los contratados y los transmitidos. Un caso similar se presentó en el sector transporte, con la campaña de remplacamiento, pues se adjudicó y debió ser por invitación a cuando menos tres proveedores; también faltaron anuncios por transmitirse y no están reflejados en las facturas los descuentos hechos por las empresas de comunicación.

En la policía sectorial se comprobó que dos servidores públicos tenían dos equipos celulares cada uno, y en otros tres era personal que no deberían tenerlo, junto al hecho de que se registró exceso en el pago del servicio medido, en tanto que en la Policía Auxiliar se encontraron contratos irregulares en cuanto a los turnos que deberían cumplir los uniformados.

En Coyoacán, la Contaduría comprobó que un funcionario que causó baja definitiva en agosto de 1999 seguía en la lista de raya hasta 2001, incluso estuvo en la nómina de aguinaldos de ese año; en Cuajimalpa, un concursante ganador de una licitación incumplió con lo marcado en la ley y nunca se le descalificó; en Gustavo A. Madero se compraron dos carros de lujo a pesar de que lo autorizado eran cuatro austeros, mientras que en Venustiano Carranza se pagó servicio de agua a inmuebles ajenos a su administración.

Respecto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Contaduría encontró que en 2001 -todavía bajo la gestión de Luis de la Barreda-"se adquirió equipo detector de explosivos con una empresa que no reunía las mejores condiciones del mercado" y ajena a esa materia; además rebasó los montos de actuación establecidos y no estaba en su programa anual de adquisiciones. También "se detectó alteración de facturas que amparan las operaciones efectuadas con proveedores".

Finalmente, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la falta de actualización de inventarios llevó a que se presentaran 15 mil 681 bienes muebles "con valor de un centavo", y otros 4 mil 38 carecían de valor de adquisición.