Incoherente, que se les persiga, dice abogada en SG

Crean comisión para revisar querellas contra agricultores

Levantarán un padrón de personas con procesos penales

ANDREA BECERRIL

Representantes del movimiento campesino y autoridades de la Secretaría de Gobernación (SG) acordaron ayer integrar una comisión de alto nivel que se encargue de resolver el problema de cientos de dirigentes sociales que están encarcelados o tienen órdenes de aprehensión, por participar en protestas y movilizaciones. Son los casos de Alfonso Ramírez Cuéllar y Víctor Suárez, líderes de dos de las organizaciones que obligaron al gobierno federal a revisar la crisis en el agro.

La abogada Luz Estela Castro, representante de los organismos de agricultores en esa comisión, consideró que es un logro importante, toda vez que hay más de 500 líderes campesinos e indígenas que sufren persecución política y tienen procesos penales en marcha sólo por haber realizado un plantón o un ayuno frente a alguna dependencia.

Reunión en Bucareli

Detalló que ayer, en la reunión realizada en las instalaciones de Bucareli, que encabezó el jefe de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, representantes de El Barzón y el Campo no aguanta más hicieron notar a las autoridades que hay un doble lenguaje gubernamental, porque mientras se propone el diálogo, continúa el hostigamiento y la persecución policiaca contra los dirigentes del agro.

En el caso de Víctor Suárez, de El campo no aguanta más, tiene una denuncia penal en el estado de Chihuahua, acusado de ataques a las vías generales de comunicación y resistencia a particulares, por el ayuno que llevó a cabo en el puente internacional Córdova, de Ciudad Juárez.

Igualmente, el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien está en libertad bajo fianza, acaba de recibir otro citatorio por un nuevo delito. "Suponemos que es por una movilización en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que se llevó a cabo el año pasado, pero el problema es que una vez que empiece este proceso perderá el derecho a estar libre bajo fianza, ya que se le acumularán las acusaciones de delitos".

Castro precisó que hicieron notar a las autoridades de Gobernación -también estuvieron presentes Ricardo Sepúlveda y Jaime Rochín del Rincón, del área jurídica- que se trata de los líderes que han puesto en la agenda nacional el problema del campo, y se les quiere encarcelar para desactivar el movimiento.

Después de discutir el problema durante casi dos horas, las autoridades convinieron en conformar esa comisión de alto nivel, para ayudar a resolver el problema. En ese organismo de coadyuvancia, la abogada Castro representará a las organizaciones campesinas. Por la Secretaría de Gobernación participan Jaime Rochín y Ramón Blancas, de las unidades jurídica y de derechos humanos, respectivamente.

De entrada, acordaron integrar un padrón en todo el país de dirigentes campesinos e indígenas encarcelados o perseguidos penalmente. Se iniciará un plan piloto en Chihuahua, donde hay 70 luchadores sociales bajo procesos penales. Se trata, precisó, de comisariados ejidales y personas que tienen liderazgo en las comunidades.

Al final, Castro hizo un llamado a todos aquellos que han sido demandados por Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Banrural y otros bancos, debido a protestas sociales, con el propósito de integrarlos a ese padrón y revisar sus casos.