"Berrinche desproporcionado", la reacción de Washington sobre el caso Ocosingo

"Bájenle", exige Salazar Mendiguchía a EU

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 4 de febrero. El gobierno estatal declaró que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emprendido una campaña de desprestigio contra esta entidad, derivada de la disputa entre un matrimonio de estadunidenses e indígenas de Ocosingo. Washington ha pedido incluso la intervención del Ejército Mexicano para "proteger" las propiedades de sus ciudadanos.

En 1995, un año después del alzamiento zapatista, Ellen Jones y Glenn Wersh adquirieron una propiedad de 10 hectáreas a la que llamaron rancho La Esmeralda, ubicado en el municipio de Ocosingo, a un kilómetro de las ruinas arqueológicas de Toniná y colindante con el ejido Nuevo Jerusalén, habitado por indígenas bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Durante tres años se dedicaron al cultivo de flores y plantas de ornato, para enseguida construir al menos 12 cabañas que actualmente rentan a turistas extranjeros, promocionándolas como un atractivo para el "ecoturismo".

El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía explicó que cuando el matrimonio estadunidense adquirió la propiedad, conocía la situación política y social por la que atraviesa la zona.

"De algún modo tenemos información de que había una especie de acuerdo tácito, o no sé si fue explícito, entre este señor y las comunidades de bases zapatistas para que lo dejaran estar y convivir con ellos sin ningún riesgo contra su persona", expuso el mandatario estatal.

Sin embargo, a principios de diciembre un grupo de "ambientalistas" -presuntamente excursionistas que organiza la fábrica de jeeps Izuzu- acamparon en La Esmeralda, y vestidos a semejanza del Ejército Mexicano realizaron diversas prácticas "deportivas".

Ello provocó el temor de los habitantes del ejido Nuevo Jerusalén -unos 200-, quienes se reconocen como integrantes del municipio autónomo zapatista San Manuel. El 7 de diciembre pasado, los indígenas, que poseen al menos 500 hectáreas en la zona, acordaron vigilar los accesos para prevenir la llegada de los que consideraron "personas armadas".

El matrimonio acudió entonces a la embajada de su país para denunciar que los zapatistas presuntamente iban a invadir su rancho, el primero de enero, lo que no sucedió, dado que los indígenas de la zona señalaron que únicamente protegían su región.

Desde entonces permitieron la entrada y salida del matrimonio, de los trabajadores del rancho y de cualquier persona que arribe al lugar, siempre y cuando no porte uniformes y armas. Los propietarios prefirieron tomar rutas alternas para no toparse con los indígenas vecinos.

"En respuesta a las denuncias de sus ciudadanos, autoridades del Departamento de Estado nos pedían que moviéramos al Ejército para que actuara garantizando la propiedad de este señor (Wersh)", explicó el gobernador. Esto no ocurrió debido a que se tenían informes de que la presunta invasión al rancho era falsa y porque una situación de ese tipo crearía tensión y conflicto en todo el estado.

"No tuvieron la respuesta que hubieran esperado y digamos que hicieron un berrinche desproporcionado, y ahora viene este comunicado", dijo Salazar en relación con la petición del Departamento de Estado de ese país para utilizar la fuerza pública, y al exhorto de la embajada estadunidense a sus ciudadanos señalando que Chiapas no es un lugar seguro.

"Fue un llamado de atención muy desproporcionado. Con todo respeto yo quiero decirles que no compartimos en Chiapas esto. No son ciertamente los turistas de Estados Unidos los que más prefieren Chiapas, es el turismo europeo el que principalmente nos beneficia en la derrama de recursos. No es despreciable el turismo estadunidense, pero creo que se está extrapolando un asunto que es totalmente particular", sostuvo.

Salazar solicitó una entrevista con el embajador Tony Garza. "Quiero pedirle respetuosamente que le bajen a esta campaña que no tiene que ver ni con el estado ni con una problemática social."

Con todo, este fin de semana el matrimonio estadunidense y al menos 10 de sus trabajadores empezaron a mudarse. Según relataron a un diario local, el administrador del lugar, Ernesto Cruz Kánter, fue agredido por los indígenas.