La recomendación, sobre queja de ex policía afectado en sus derechos laborales

Exige la CNDH al gobierno de NL acatar exhorto enviado por la CEDH

Ratifica que se violaron las garantías del ex agente, quien renunció de manera voluntaria a su empleo, pero funcionarios alteraron documentos y establecieron que su despido fue vergonzoso

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió al gobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán, la recomendación 2/2003, por la cual el organismo ratificó que se violaron las garantías individuales de José Guadalupe Huerta Guillén, quien renunció y se dio de baja de manera voluntaria de la Dirección de Seguridad Pública estatal, pero funcionarios gubernamentales modificaron sus antecedentes laborales; lo hicieron aparecer como delincuente, y establecieron que fue separado de su cargo de manera vergonzosa.

Mediante su escrito, la CNDH solicitó al mandatario estatal que acate la recomendación 20/2002, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León le envió el 5 de abril del año anterior al entonces gobernador, Fernando Canales Clariond, para restituir a Huerta Guillén el goce de sus derechos fundamentales. Además pidió a Elizondo Barragán que se aclare que el ex policía renunció de manera voluntaria "y no por causas infamantes", como "equivocadamente lo informó la Subsecretaría de Seguridad del estado de Nuevo León, por medio del coordinador jurídico de esa dependencia, Helio I. Ayala Moreno".

Igualmente, la CEDH solicitó que se investigue, y en su caso sancione, a quien resulte responsable de la comisión de los hechos que afectaron los derechos de Huerta Guillén.

La CNDH precisó que el caso fue recibido por un recurso de impugnación que interpuso Huerta Guillén, ante la negativa del gobierno estatal a aceptar la recomendación 20/2002.

En la investigación del caso se indicó que el 5 de abril de 2002 la CEDH neoleonesa "consideró acreditadas las violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica por parte de servidores públicos estatales a su digno cargo, por lo que emitió la recomendación referida".

Se destacó que en su queja, el ex policía señaló que "debido a la manipulación de sus antecedentes no ha podido encontrar trabajo, ya que las autoridades policiacas de Nuevo león dan referencias de él como persona que ha delinquido, no digna de confianza y que fue despedido de manera vergonzosa", lo cual, sostuvo la CNDH, "no tiene fundamento alguno".

Primero la comisión estatal, y luego la CNDH, comprobaron que Huerta Guillén renunció a su cargo por así convenir a sus intereses el 15 de junio de 1999. De igual forma, ambas instancias fueron informadas que "había una resolución de carácter administrativo de la Comisión de Honor y Justicia (del Sistema de Seguridad Pública del estado de Nuevo León) que sugería la remoción del agraviado por diversas quejas recibidas en su contra por extorsión, amenazas graves, cohecho, sustracción de documentos oficiales e insubordinación".

Sin embargo, ambos organismos de defensa de los derechos humanos indicaron que "el quejoso nunca fue enterado de esa sanción, ni siquiera cuando renunció", y apuntaron que no pasaron por alto que "cuando sucedieron los hechos en mayo de 1999, materia de la queja, no existía jurídicamente la Comisión de Honor y Justicia, que fue creada el 18 de octubre del año anterior, por reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León; ante esto las resoluciones que antes hubiera emitido son nulas de pleno derecho".

También coincidieron en que "los antecedentes laborales del quejoso fueron proporcionados a las personas que solicitaron informes de él, lo que contraviene lo asegurado por las propias autoridades".