Alma de hacendado con formato Power Point

Al gobierno de Vicente Fox le brotó el alma de hacendado. El PRI mangoneaba a los ejidatarios como si fueran menores de edad. El PAN quiere tratar a los campesinos cual peones, y al campo como si fuese un rancho de su propiedad.

Después de transitar por una zigzagueante ruta desde noviembre del año pasado en la que distintos funcionarios se contradijeron unos a otros y se llevaron la contraria hasta a sí mismos, el Ejecutivo endureció su posición ante las protestas rurales. El 26 de enero, en contra de su oferta original, convocó, unilateralmente, a una caricatura de diálogo para elaborar una política de Estado para el campo.

Apenas el 7 de enero pasado anunció su disposición para llegar a acuerdos de fondo con el movimiento campesino. Pero 24 horas después cambió de opinión. El 8 de enero, el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, se desdijo de su palabra y dio marcha atrás a la oferta de llamar, junto al movimiento El campo no aguanta más, el Congreso Nacional Agropecuaria (CAP) y El Barzón, a una negociación sobre el futuro de la sociedad rural. Confesó entonces a un grupo de dirigentes campesinos: "La Secretaría de Gobernación me jaló las orejas". Y Gonzalo Altamirano, el funcionario de esa secretaría que hizo las veces de rostro del Ejecutivo mientras el resto del gabinete tomaba sus vacaciones navideñas, les advirtió que la convocatoria era una prerrogativa del Ejecutivo en tanto era el representante de todos los intereses de la nación.

La posición oficial se modificó nuevamente el 23 de enero. Antes de salir rumbo a Davos, el Presidente de la República refrendó la oferta inicial de convocatoria con las organizaciones campesinas. Previamente, Alfonso Durazo, secretario particular de Vicente Fox, se había reunido con un grupo de dirigentes rurales para pedirles que, como señal de buena voluntad, suspendieran la manifestación del 31 de enero. Sin embargo, poco duró la nueva oferta del Ejecutivo. Apenas un día después del anuncio del primer mandatario, los secretarios de Gobernación, Agricultura y Economía dieron "machetazo a caballo de espadas" y anunciaron unilateralmente el llamado al análisis sobre la situación del agro, con sus propias reglas.

El gobierno federal bautizó su iniciativa con el rimbombante nombre de Diálogo por una política de Estado para el campo. Nada hay en ella que apunte a elaborar una política de Estado. Se trata, tan sólo, de una acción coyuntural de gobierno impulsada por el Ejecutivo, sin la participación real de los otros poderes que constituyen el Estado mexicano y con la ausencia de la sociedad rural. ¿Qué política de Estado puede formularse cuando la convocatoria establece la prohibición expresa de modificar el marco legal vigente y obliga a sujetar las propuestas presupuestales a los montos previstos para cada dependencia?

Con esta iniciativa el gobierno de Fox recuperó la vieja tradición de las consultas públicas del PRI, en las que la gente habla y los funcionarios llegan a las conclusiones que desean. Añadió, sí, una innovación tecnocrática a estos foros: las ponencias deben presentarse 48 horas antes del inicio de los trabajos, en formato word, acompañadas de un resumen en formato Power Point.

El Diálogo por una política de Estado para el campo traza una ruta de conversaciones ventajosa para la causa del gobierno y sus amigos. En vez de diálogo y negociación, sólo habrá diálogo. En lugar de compromisos vinculatorios para las partes, se redactarán relatorías. El Legislativo será un invitado más y no convocante. La conducción, mecánica y alcance de las mesas será responsabilidad del Ejecutivo. Sólo dos de los 10 integrantes de las comisiones coordinadoras de las mesas pertenecerán a una organización campesina. Los productores del sector privado agroalimentario tendrán la misma representación que el sector social.

En síntesis, lo que el gobierno pretende es realizar un simulacro de diálogo a modo, en el que no se toque ni con "el pétalo de una rosa" al TLC, no se critique la contrarreforma al 27 constitucional y sea imposible o inútil la participación de las organizaciones rurales democráticas. De esta manera, los opositores a la apertura comercial salvaje aparecerán ante la opinión pública como intransigentes radicales que buscan la desestabilización del país y que trabajan en favor de intereses inconfesables de partidos políticos.

Mientras tanto, el Ejecutivo amenaza con la represión. Cerca de 300 dirigentes campesinos de varias regiones del país tienen órdenes de aprehensión por participar en movilizaciones de protesta en contra del tratado o para exigir que se reduzca el precio de la energía eléctrica o el diesel. A varios líderes se les ha advertido que "todo tiene un límite" y que se les aplicará "todo el poder del Estado".

La cúpula del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha sumado a este clima de intimidación. Reclama aplicar esa variante de la mano dura a la que gusta llamar estado de derecho, para "proteger las inversiones y la estabilidad económica", así como acatar al pie de la letra el TLC.

El Diálogo por una política de Estado para el campo confirma la incapacidad del Ejecutivo para pactar acuerdos y concertar políticas con la sociedad mexicana. Se negó a hacerlo con el movimiento indígena. Incumplió su palabra de promover una reforma laboral con las agrupaciones obreras. Aprobó una legislación sobre medios de comunicación al margen de las organizaciones civiles. Ahora quiere fijar una política para el campo sin los campesinos, afín a los grandes intereses agroindustriales. Está claro: su verdadera alma no es la de ranchero, sino la de hacendado con formato Power Point.