Pidieron a magistrados aclarar imputaciones contra Patrón

Concede la SCJN suspensión de acuerdo del Congreso contra Poder Judicial yucateco

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión provisional al Poder Judicial del estado de Yucatán, en contra de un acuerdo del Congreso local que se tomó el pasado 17 de diciembre, con el cual se solicita a cinco magistrados yucatecos que "aclaren, sustenten y fundamenten" ante los legisladores "las graves imputaciones que le hacen" al gobernador Patricio Patrón Laviada por su presunta injerencia en asuntos que competen al Poder Judicial local.

Al resolver ayer el incidente de suspensión de la controversia constitucional 2/2003 interpuesta por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY), el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano concedió la suspensión provisional para que la situación se mantenga en su estado actual y que "el Congreso de Yucatán no gestione o lleve a cabo actos tendientes al cumplimiento del acuerdo referido".

Cabe recordar que los diputados yucatecos aprobaron por mayoría, el 17 de diciembre pasado, un punto de acuerdo en el que solicitaban a cinco magistrados del TSJ y "que aclaren, sustenten y fundamenten ante esta soberanía las graves imputaciones que le hacen al Ejecutivo del estado, y de manera especial, aquéllas que le atribuyen la intención personal de desvirtuar pruebas del expediente en el que fue sentenciado Armando Medina Millet" -quien pertenece a una de las familias más ricas de Yucatán y está acusado de haber asesinado a su esposa-, y propiciar la anulación de la sentencia condenatoria "por razón de amistad".

Este acuerdo fue también remitido al Senado de la República.

Sin embargo, el Poder Judicial de Yucatán interpuso una controversia constitucional ante la SCJN en contra de la exigencia del Congreso yucateco, por considerar que éste se extralimitó en sus funciones en perjuicio de la soberanía de la judicatura local.

Como primer paso, los magistrados solicitaron la suspensión para que los magistrados no se vieran obligados a dar cumplimiento del acuerdo hasta en tanto el máximo tribunal no emita una sentencia definitiva.