Alejandro Nadal
México rural: encrucijada para el señor Fox
En estos días se juega el futuro del gobierno de Vicente Fox. La confrontación entre organizaciones de productores del campo y el gobierno federal es la primera gran prueba para su gobierno. La manera en que el Presidente enfrente esta coyuntura marcará todo su sexenio y será decisivo para el futuro del país.
La crisis del campo acabó por detonar la movilización más importante en contra de la política económica del sexenio foxista. Las organizaciones que integran el movimiento El campo no aguanta más han demostrado gran lucidez para analizar y proponer soluciones realistas a los problemas del campo. Inicialmente estuvieron a la vanguardia en la lucha para obtener incrementos al presupuesto federal del sector agropecuario. También para que se cobrara el arancel sobre las importaciones de maíz fijado en el TLCAN.
Los resultados de esa lucha revelaron la debilidad del Congreso y la poca capacidad de los partidos. En el caso del presupuesto, escasamente se lograron incrementos marginales que no revierten la tendencia negativa en el sector. En cuanto a los aranceles del TLCAN, apenas se pudo conseguir lo que Fox decretó en Beijing el año pasado: un arancel simbólico para maquillar el dumping perpetrado por el propio gobierno de México contra los productores mexicanos.
Ahora estas organizaciones han pasado a exigir un cambio de política para el sector agropecuario. Este cambio de estrategia estaría relacionado con una redefinición de las relaciones campo-ciudad. Esto implica una revisión del modelo neoliberal porque sin ella no hay lugar para esas reformas. En especial, es evidente que la política macroeconómica debe redefinirse para poder articular ese nuevo pacto campo-ciudad.
Desgraciadamente, el contraste entre la lucidez de los productores del campo y la mediocridad burocrática no podría ser más profundo. Una prueba se encuentra en las declaraciones del secretario Usabiaga, que en lugar de velar por los productores del campo, insiste en que ellos son culpables de sus desgracias. Como si estuvieran al mando de la política comercial o fueran responsables del bajísimo nivel de gasto público destinado al campo (en especial, de la casi nula inversión en infraestructura hidroagrícola y para el manejo y conservación de suelos) o de los altísimos subsidios que se da a la agricultura en los países ricos. Como si los productores del campo fueran los responsables de la caída sistemática de los precios agrícolas y del deterioro para el medio rural de los términos de intercambio entre campo-ciudad. Y como si hubieran provocado el desplome del salario real en el medio rural.
En el imaginario del secretario Usabiaga, los productores del campo son los responsables de la política cambiaria, de la falta de crédito rural o de la política monetaria. Como si hace cuatro días ellos hubieran decretado el aumento en el corto (de 475 a 550 millones de pesos diarios) y el incremento inmediato en la tasa de interés que esto provocó. Esa medida la impuso el Banco de México para estabilizar el tipo de cambio, pero tiene efectos sumamente perniciosos sobre toda la economía mexicana y, desde luego, sobre la oferta y costo del crédito para el campo. En la miopía de Usabiaga todo se ve nublado: los productores del campo son culpables.
Por su parte, el ex secretario de Economía, Ernesto Derbez, insistió en que los defectos del TLC son herencia de gobiernos anteriores. En su lugar el Presidente ha nombrado a uno de los beneficiarios del sexenio salinista con un mensaje: la política derechista se va a endurecer.
Confrontado con la movilización rural, el gobierno ha aceptado convocar a una reunión para discutir la estrategia para el campo. Pero busca celebrarla con la participación de los principales beneficiarios del TLCAN para anular la crítica y justificar su inacción. Vicente Fox recurre a las tácticas del antiguo régimen en su estilo personal de gobernar.
Hoy en México varias crisis caminan en paralelo. La más importante es la del sector agropecuario. Se acompaña con la muerte lenta a la que se quiere condenar al movimiento indígena. Todo esto enmarcado de un inexorable deterioro de la economía mexicana. Sólo la irresponsabilidad del gobierno explica su indiferencia frente a esta realidad.
La retórica de Usabiaga y acompañantes ha sido avalada por el propio Presidente, mostrando que su gobierno no está interesado en resolver problemas, sólo en administrar un modelo que conviene a los intereses que lo llevaron al poder. Mi hipótesis es que el mandatario ni siquiera comprende la magnitud de estas fuerzas.