El comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del pasado 29 de diciembre es una urgente advertencia del riesgo que implica el anuncio gubernamental de desalojar los poblados asentados en Montes Azules. Los simpatizantes zapatistas que viven en ellos han informado sobre su decisión de mantenerse ahí hasta que no se resuelvan sus demandas y la comandancia rebelde les ha manifestado su apoyo. En esos territorios no habrá "desalojo pacífico", aseguran.

Llega así a un punto crítico una situación que La Jornada documentó sistemáticamente durante las últimas tres semanas y que en su momento fue negada por distintas autoridades. Se trata de una especie de hora cero en la que está en cuestión no sólo la estabilidad de una región del territorio nacional, sino el rumbo de la política gubernamental respecto de la insurrección indígena del sureste.

La defensa de la integridad ecológica de Montes Azules fue utilizada por Ernesto Zedillo como pretexto para justificar una incursión policiaco-militar en contra de las comunidades en resistencia en la selva Lacandona. En mayo de 2000, diversos grupos ambientalistas ligados con la Secretaría del Medio Ambiente pidieron el desalojo de núcleos de pobladores, pues, según ellos, habían provocado varios incendios en la zona. Las denuncias resultaron falsas. Como demostraron varios estudios, nunca se produjeron tales incendios.

Hoy, la administración pública federal ha decidido retomar en Montes Azules el camino de sus antecesores. Apenas unos días después de que el subcomandante Marcos rompiera el largo silencio zapatista enviando un comunicado al Aguascalientes de Madrid, el gobierno de Vicente Fox, después de meses de inacción ante el conflicto chiapaneco, echó a andar un operativo para lanzar a las comunidades establecidas en la reserva de la biosfera, argumentando razones ecológicas.

La decisión de los rebeldes de no tolerar el desalojo de sus bases de apoyo es una clara advertencia al Ejecutivo de que de seguir caminando por esta vía la situación en el sureste mexicano se agravará mucho más de lo que ya está. Desde la aprobación en el Congreso de la Unión de las controvertidas reformas constitucionales sobre derecho y cultura indígenas, el presidente Vicente Fox pareciera haber renunciado a buscar una salida al conflicto. La opinión pública desconoce la estrategia oficial -si existe- para solucionar el problema. Sus declaraciones en distintos foros extranjeros de que en Chiapas hay paz son más un deseo que una realidad.

Debiera ser evidente para los responsables de formular la política nacional que no es posible remediar el contencioso chiapaneco al margen de un acuerdo con el EZLN. Pretender arreglar la problemática de Montes Azules sin un entendimiento con el zapatismo es ineficaz y contraproducente. Ante un asunto de esa gravedad no hay parches que sirvan. La mayoría de los pobladores de esos asentamientos son parte de los 12 mil refugiados de guerra que hay en la entidad. Quienes no lo son forman parte del ejército de pobres carentes de opciones de desarrollo que rodea las áreas naturales protegidas.

Sin la atención a desplazados de guerra e indígenas pobres, los llamados a la conservación de la zona serán ineficaces, como es la oferta de progreso anunciada por el controvertido -y masivamente rechazado por las comunidades- Plan Puebla-Panamá (PPP). Más aún si lo que ocultan es, como en su oportunidad informó este periódico, la intención de limpiar el camino para que grandes inversionistas se apropien de la riqueza de la región, sea a través de proyectos de biopiratería disfrazados de bioprospección o de la edificación de hoteles de cinco estrellas.

Quienes reclaman airadamente la intervención de la fuerza pública para expulsar a los indígenas pobres de la selva Lacandona hablan de la integridad y equilibrio de los ecosistemas, pero ignoran las relaciones sociales que han depredado las tierras, bosques y aguas del sureste. Los que indignados por el ejemplo de San Salvador Atenco quieren restaurar en Montes Azules la autoridad, desconocen que ésta no puede recuperarse con el uso de la fuerza sino sólo por el ejercicio de la política. No hay represión que pueda sustituir la falta de acciones de gobierno.

Más allá de la problemática estrictamente chiapaneca, el documento de los alzados advierte, además, de la acumulación del rencor y la desesperanza que se acumulan dramáticamente en el México de abajo y que anuncian un estallido social de grandes proporciones. La generalización y radicalización de las movilizaciones populares durante todo 2002, ampliamente documentadas en La Jornada, son un indicador de que tal señalamiento se sustenta en bases firmes.

Lejos de acciones que amenazan con crispar aún más la confrontación, en Chiapas se necesita hoy una política de Estado para resolver el conflicto y no medidas coyunturales para administrarlo. Más aún si, como lo muestran las protestas campesinas de fin de año -indudablemente emparentadas con el ejemplo zapatista-, en el horizonte del México de abajo no hay futuro y crece su malestar e indignación.