AGENDA
DEMOLERAN PROPIEDADES IRREGULARES EN TIJUANA
TIJUANA, BC., 30 DE DICIEMBRE. Unas 3 mil propiedades, en su mayoría ocupadas desde hace más de 50 años por extranjeros, mantienen invadida la zona federal marítimo terrestre ubicada en las costas de Baja California, y sólo 4 por ciento de los habitantes de la región ha pagado los derechos correspondientes, indicó Alejandro Alvarez Cárdenas, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en la entidad. El funcionario señaló que la dependencia a su cargo inició procedimientos administrativos para que durante 2003, mediante una resolución judicial, se ordene la demolición de algunos bienes de personas renuentes a regularizar sus propiedades. La zona federal marítimo terrestre comprende 20 metros de costa, y aunque se considera propiedad de la nación, existe la posibilidad de ocuparla mediante la obtención de un permiso federal, y el correspondiente pago de derechos. En el caso de la costa bajacaliforniana, Alvarez Cárdenas indicó que existen construcciones con más de 50 años de antigüedad ocupando la referida franja sin que se haya tramitado permiso alguno. Por ello, desde agosto de 2001 la delegación de Profepa en la entidad ha realizado inspecciones en dichas propiedades para exhortar a los habitantes a que paguen sus derechos correspondientes; sin embargo, esos operativos sólo han logrado disminuir un punto (de 97 a 96) el porcentaje de inmuebles en condiciones irregulares.
JORGE ALBERTO CORNEJO, CORRESPONSAL
EVITAN QUE MEXICANO RECIBA LA PENA DE MUERTE EN EU
El gobierno mexicano logró que el caso del connacional Marco Lara Guerra, acusado de homicidio en Estados Unidos, dejara de considerarse como susceptible de castigarse con la pena de muerte. Lo anterior fue posible al presentar las declaraciones notariadas de los vecinos de Lara Guerra las cuales certifican que éste se hallaba en San Pedro de las Colinas, Coahuila, el día que ocurrió el asesinato que se le imputa. Aun cuando persiste el cargo por homicidio, los testimonios de los vecinos serán presentadas en la corte y el gobierno de México continuará trabajando con el abogado defensor y con la fiscalía para auxiliar a resolver el caso.
