Según un visitador que la PGR atraiga el caso no aportará soluciones mágicas

Urge romper la cadena de impunidades en Ciudad Juárez, insiste la CNDH

El gobernador Patricio Martínez, tan indiferente a los asesinatos como Barrio Terrazas, dice

En el caso de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez "hay una cadena de impunidad que hay que romper", asevera Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y para lograrlo, dice, cada autoridad, organismo e instancia implicada debe hacer su parte: "hay que ver qué está pasando, dónde se está atorando el problema y por qué".

Aunque la recomendación 48/98 sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que expidió la ombudsman Mireille Roccatti "está más que superada por el número de muertas que cubría (36), lo cierto es que se trata de una recomendación que no cumplió el entonces gobernador Francisco Barrio Terrazas, hoy contralor general de la Federación, y con ello se propició la impunidad, pero todavía hoy esa recomendación tiene puntos totalmente vigentes que deben cumplirse", abunda el visitador.

El gobierno de Barrio, por principio de cuentas, "no acató los puntos que él dijo que aceptaba de la recomendación", pero, precisa Martínez Bullé-Goyri "una recomendación se acepta de manera total o no, no pueden aceptar sólo los puntos que quieran".

El actual gobierno de Patricio Martínez tampoco ha cumplido la recomendación y con ello se continúa la impunidad. "Este año les solicitamos información para saber si ya corrigieron e integraron debidamente las averiguaciones previas, pero no han respondido", agrega.

"Lo fundamental de la recomendación 48/98, insiste Martínez Bullé-Goyri, era que se perfeccionaran las averiguaciones previas, porque estuvieron mal hechas, que se formaran cuerpos de trabajo interdisciplinarios, interinstitucionales, porque el problema más grave en el caso de Juárez -los crímenes de mujeres- es la falta de capacidad para investigar los delitos".

La entonces presidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, emitió el 15 de mayo de 1998 la referida recomendación en la que denunció públicamente que "en la mayoría de las investigación que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua realizó hay una deficiente integración de las indagatorias, lo que indudablemente genera impunidad.

"En algunas investigaciones hemos observado que hay ausencia de las diligencias necesarias, hay errores en las fechas, fojas sin firma y sin haber sido cotejadas, ausencia de actuaciones tendientes a la identificación, localización y búsqueda de mujeres desaparecidas, y diligencias de levantamiento de cadáver y citatorios sin fundamentación".

Roccatti también hizo pública su preocupación por el "menosprecio sexista" de funcionarios estatales, lo cual, dijo, "no debe ser permitido por agentes de Chihuahua bajo ningún concepto, ni en el ámbito familiar, comunitario, en el ejercicio de la función pública, ni menos en un área tan sensible y delicada como la procuración de justicia".

Esos señalamientos de funcionarios de la procuraduría estatal que sostienen que "muchas mujeres trabajan en las maquiladoras y 'como no les alcanza para vivir, de lunes a viernes desempeñan su trabajo, y los fines de semana se dedican a la prostitución, además de que como provienen de distintas partes, si algo les pasa nadie reclama' preocupan a la CNDH, toda vez que denotan ausencia de interés y vocación para atender y remediar un problema social grave".

Dicha recomendación provocó malestar en el gobierno panista de Francisco Barrio por los señalamientos que Roccatti hizo: "resulta lamentable para esta CNDH que algunos servidores públicos del gobierno estatal hayan expresado calificativos discriminatorios hacia las víctimas de los reprobables hechos que en el presente documento se mencionan, emitiendo juicios de valor que, además de no haber sido suficientemente acreditados, pretenden justificar las deficiencias que en la labor de investigación de los mismos han incurrido, como si el menosprecio a una condición de vida social o económica fuera un elemento que los relevara de actuar de manera pronta, completa e imparcial en la encomienda pública que han recibido".

La ombudsman solicitó a Barrio abrir una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales contra el procurador de Justicia del Estado, Arturo Chávez Chávez, y contra los siguientes funcionarios: el subprocurador general de Justicia de la zona norte en Ciudad Juárez, Jorge López Molinar; el coordinador regional, Felipe Terrazas Morales; la jefa de Averiguaciones Previas, entonces coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas, María Antonieta Esparza Cortés.

Además su recomendación de ocho puntos solicitaba, desde entonces, que se corrigieran las averiguaciones previas; crear equipos interdisciplinarios e interinstitucionales con las diversas procuradurías del país y cuerpos policiacos; establecer un programa de seguridad pública en los municipios con mayor incidencia delictiva; que se iniciara procedimiento administrativo contra Luis Raúl Valenzuela, jefe de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del estado por los actos y omisiones señalados, y que se iniciara procedimiento de investigación administrativa contra quien resulte responsable en materia de seguridad pública en los municipios, con motivo de los homicidios y violaciones ocurridos en la circunscripción mencionada, y de considerarlo necesario, dar vista al Congreso del estado".

Martínez Bullé-Goyri aseguró que "evidentemente si no se cumple con la recomendación continúa la impunidad y ese es el problema más grave. Ahí hay una cadena de impunidad que es necesario romper".

El primer visitador general de la CNDH, Martínez Bullé-Goyri destaca que "lo único que enviaron los gobiernos de Barrio y el de Martínez es que se iniciaron los procesos administrativos contra funcionarios, pero nunca han informado qué ocurrió. Todavía este año al gobierno estatal se le requirió información, pero no han respondido y a estas fechas es seguro que la dicha responsabilidad ya haya prescrito, con lo cual se fomentó la impunidad y ésta persistirá mientras la recomendación siga incumplida".

Para Martínez Bullé-Goyri el problema no se solucionará de un día para otro, "no lo va a resolver la PGR por el hecho de que atraiga el caso. Esa institución podría atraer las muertes que son de su competencia, esto es, los crímenes en los que se utilizaron armas reservadas al Ejército o que estén vinculados con delitos federales".

La CNDH, asevera el primer visitador, "no puede atraer el fenómeno Chihuahua o de Ciudad Juárez, pero con la apertura de nuestra oficina en Ciudad Juárez es indudable que vamos a conocer del problema y coadyuvaremos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lo que nos competa, pero hoy se tiene que actuar, hay que dejar de ver el problema como bloque y empezar una averiguación por cada mujer asesinada, esa es la única forma de romper la impunidad".

Insiste: "hay que romper la impunidad y se requiere dar el seguimiento a cada una de las investigaciones, hay que individualizar los casos y luego hacer un paquete; por ejemplo, qué ha pasado con las mujeres desaparecidas, se ha investigado ese fenómeno o no, a quién se ha interrogado, y hasta dónde se ha llegado. En el caso de las muertas, qué se ha hecho en cada caso, cuántos cadáveres se han encontrado y qué estudios e investigaciones tienen,