Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 30 de diciembre de 2002
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Capital

La chiquillada pudo asignar recursos a sus propuestas

PRI y PAN negociaron políticamente ajustes al presupuesto capitalino 2003

GABRIELA ROMERO SANCHEZ Y RAUL LLANOS SAMANIEGOX

aldf_presupuesto01En la "danza de los millones" que significó la aprobación del Presupuesto de Egresos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se recortaron y reasignaron cerca de 2 mil 300 millones de pesos respecto al presupuesto original, presentado por Andrés Manuel López Obrador a los diputados locales. En este proceso resultaron más afectados los órganos electorales, programas para jóvenes, el ámbito turístico, Oficialía Mayor y el rubro de vialidades.

Incluso, ya a punto de ser llevado el Presupuesto de Egresos al pleno de la ALDF para su discusión final, los diputados de PRI, PAN, PVEM, Convergencia y Democracia Social, advirtieron que estaban "perdidos" aproximadamente 90 millones de pesos, por lo que a última hora decidieron "ajustar" los recursos del Instituto Electoral del DF para poder cuadrar los números, por lo que le quitaron otros 35 millones de pesos (adicionales a los más de 122 millones que ya le habían recortado) que se le habían otorgado en previsión de una consulta o plebiscito en 2003.

En todo este proceso apenas seis diputados -de un total de 66- fueron quienes decidieron el destino financiero de esta ciudad para el próximo año. Tres del PAN: Federico Döring, Salvador Abascal y Miguel Angel Toscano, y tres del PRI: Marco Antonio Michel, Irina del Castillo y Miguel González Compeán.

Ellos plantearon dónde recortar y reasignar en el Presupuesto de Egresos, cuál programa afectar, qué rubro incrementar, qué candados establecer en el Código Financiero o cuál propuesta incorporar en la Ley de Ingresos. Los panistas y priístas convencieron de tal manera, que excepto por el PRD, no hubo diputado alguno que objetara los términos del paquete económico para 2003 y votara a favor en el pleno.

Cabe mencionar que de los aproximadamente 2 mil 300 millones de pesos recortados y reasignados, 50 por ciento tuvo como destino el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones del Metro, y el 50 restante a delegaciones, comercio ambulante, cultura y apoyo a enfermos de sida.

La lógica de priístas y panistas para esa reasignación respondió a satisfacer las exigencias de la chiquillada (a cambio de su voto y apoyar a sus gobiernos delegacionales o bien a los sectores que todavía les significan capital político electoral).

Así por ejemplo, la única petista en la ALDF, Eugenia Flores, consiguió que se destinaran 26 millones más a la construcción, ampliación y mantenimiento de unidades médicas; Enoé Uranga, de Democracia Social, alcanzó a meter un incremento al presupuesto de la Secretaría de Salud por 5 millones de pesos, que deberán destinarse a "la atención a hombres que tienen sexo con hombres, en la prevención del VIH/sida", y Jaime Guerrero, del mismo partido, 50 millones para promoción de la cultura.

El diputado independiente José Luis Buendía logró que se destinaran 25 millones para el Consejo de la Transparencia (pese a que la Ley de Acceso a la Información fue vetada por el Ejecutivo local). Para los del PVEM, los mayores logros fueron la reasignación de 64 millones de pesos al programa de Control de Residuos Sólidos, y 38 millones al programa de Regulación y Prevención de la Contaminación del Aire.

Los panistas privilegiaron el apoyo a las delegaciones encabezadas por militantes de su partido, con lo que se apoyará a la jefa delegacional en Azcapotzalco, Margarita Saldaña, con 140 millones de pesos para la rehabilitación del parque industrial; el de Benito Juárez, José Espina, tendrá 40 millones para la rehabilitación del corredor universidad, y el de Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag, 60 millones más para el rescate integral del Centro Histórico de Tacuba.

El PRI consiguió recursos extras para los programas Infraestructura para Educación Prescolar (30 millones); Infraestructura para el Transporte Urbano (mil 213.2 millones); Programa de Fomento y Regulación al Comercio (50 millones), e Infraestructura para el Abasto y el Comercio (100 millones).

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