La IP considera inadecuado que una ley regule el ferroviario, terrestre, marítimo y aéreo
Secretaría de Economía: falta invertir en transporte para aprovechar tratados
Aún falta crear alianzas estratégicas y modernizar el marco normativo, señala la dependencia
DAVID ZUÑIGA
La Secretaría de Economía reconoció que México necesita hacer grandes inversiones en equipo, infraestructura de transporte y almacenamiento para aprovechar su red de tratados comerciales con 32 países y convertirse en una plataforma logística para el comercio internacional.
Mientras, en el sector privado persiste el desacuerdo sobre la propuesta para modificar la Ley de Transporte y los representantes de la partes en disputa se reunirán el 8 de enero para tratar de llegar a un consenso.
En un documento titulado El transporte carretero en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), la dependencia señala que falta crear alianzas estratégicas entre empresas de los distintos medios de transporte, modernizar los centros de acopio y distribución y modernizar el marco normativo de la industria, para que México mantenga la competitividad ante la eliminación de aranceles en 2003.
El transporte participa con 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y ocupa a 5.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA); sin embargo, 87 por ciento del personal trabaja en el transporte carretero: 46 por ciento de pasajeros y 41 por ciento de carga, en tanto que sólo 2 por ciento se dedica al transporte ferroviario, uno por ciento al martítimo y uno por ciento al aéreo.
La IP, sin consenso
Las cámaras y asociaciones de transportistas y los usuarios del transporte de carga agrupados en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) acordaron reunirse el 8 de enero para definir la postura del sector empresarial ante el proyecto de Ley de Transporte Federal propuesto por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, el cual se discutirá en el próximo periodo de sesiones.
Esta iniciativa ha provocado fricciones en la Concamin, pues las cámaras de transporte de carga y de pasajeros (Canacar y Canapat, respectivamente) han acusado al presidente del organismo cúpula, Javier Prieto de la Fuente, de favorecer a la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que agrupa a las flotillas que dan servicio a las grandes empresas.
La ANTP ha señalado que el proyecto de la comisión legislativa podría inhibir la inversión extranjera y perjudicar a los usuarios de flotillas privadas, pues se volvería al esquema de tarifas, rutas y concesiones, lo que consideran un retroceso.
La asociación también está en contra de que las flotillas privadas tengan que solicitar permisos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de que ésta convoque a concursos para otorgarlos, y considera inadecuado que una sola ley regule el transporte ferroviario, aéreo, terrestre y marítimo con reglas generales.
