La sociedad rechaza la privatización eléctrica

LOS LEGISLADORES NO DEBERIAN MODIFICAR LA CONSTITUCION

¿Es nuestra la luz eléctrica? ¿Sí? ¿Qué pasaría si ya no lo fuera? ¿La han cuidado los mexicanos o son los sindicatos los que se han aprovechado de ella? ¿Es malo el servicio? ¿De nuevo hemos envilecido una de nuestras riquezas?

ELENA PONIATOWSKA/ I

¿La corrupción y la ineficacia hacen que se pida a gritos la privatización de la energía? ¿Mediante la privatización obtendríamos mejor servicio? ¿Están arrepentidos los dirigentes de no haber tenido una visión de largo plazo? ¿Los líderes sindicales siguen siendo dueños de casotas, carrotes y flotan en un mar de trácalas y componendas? Todas estas interrogantes bailan una danza macabra frente a los ojos de Humberto Barrales, secretario tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), fundado en 1914, es decir, con 88 años de antigüedad.

Según Barrales hay "un rechazo profundo de la sociedad mexicana a la privatización de energéticos, así lo manifestó 80 por ciento en la Consulta Nacional sobre Prioridades. No deben modificarse los artículos 27 y 28 constitucionales que establecen que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica y que no se otorgarán concesiones a particulares, pero ya hay concesionarios trasnacionales".

Desde 1906 se instalaron en México trasnacionales como la Mexican Light and Power, pero en 1992 se abrió la posibilidad de que entraran trasnacionales con la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que el gobierno les permitió construir plantas generadoras. Para uso propio se estableció que los excedentes deberían venderse a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Esta privatización ha ido avanzando en 16 por ciento. "Demetrio Sodi de la Tijera -afirma el dirigente- quiere que se legalicen las empresas privadas para no perder las inversiones. Ahora se pretende modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para que los particulares puedan generar energía eléctrica, transmitirla, distribuirla y comercializarla; se trata de destruir un pilar fundamental: la soberanía nacional en materia energética.

"Si se diera un mercado eléctrico como el de California (aunque el gobernador Davis se opuso a la privatización hace un año) nos enfrentaríamos a un grave problema, porque allá se especuló con energía eléctrica y no se invirtió en generarla. Una demanda provocó que los costos se elevaran, pero jamás mejoró el servicio, y se multiplicaron los apagones, lo que demostró que la privatización no es ninguna panacea, y eso en Estados Unidos, donde el control de contaminación para poner una termoeléctrica es sumamente riguroso", dice categórico.

"No conozco casos que demuestren que las privatizaciones sean un éxito. No sé si en Europa o en Estados Unidos funcionen, pero en Telecom, Enron, las empresas más fuertes de energía a nivel mundial, hubo grados de corrupción y fraude inimaginables. Enron se derrumbó totalmente y despidieron a sus trabajadores. ¡Que no nos vengan a decir que esas empresas, en un país que se dice democrático, libre y justo, cumplieron con salvaguardar los derechos de los trabajadores: sólo buscaron su interés y algunos se hicieron muy ricos, pero se olvidaron de los trabajadores! En resumen: las bondades de un mercado mayorista de electricidad quedaron en entredicho, ya que de monopolio de Estado pasaron a oligopolio con un poder de mercado incontrolable."

Según Barrales "la privatización es parte de una estrategia mundial para apropiarse de áreas estratégicas y recursos naturales de todas las naciones en aras de la globalización. En México, Ernesto Zedillo dio inició a una campaña en colaboración con los medios masivos para desprestigiar al SME y así justificarla. A partir de la propuesta de Zedillo ese sindicato ha venido exigiendo desde febrero de 1999 que no se entreguen los energéticos a las trasnacionales.

"El porcentaje de trasnacionales es cada vez más alto: Enron, 9 por ciento; Alstom, de Francia, 3 por ciento; Abengoa, de España, 0 por ciento; ABB bnishu, suiza-japonesa, tiene 10 por ciento; Beschtel, de Estados Unidos, 5 por ciento; Trasalta, de Canadá, 5 por ciento; Iberdrola, de España, 15 por ciento; Mitsubishi, de Japón, 13 por ciento; Intergen, de Estados Unidos, 10 por ciento; EDF, de Francia, 10 por ciento; Unión Fenosa, de España, 15 por ciento, y Mitchimen, fusión de Japón y Estados Unidos, 5 por ciento. Las que han tenido mayor desempeño en México son Unión Fenosa e Iberdrola, casi con 30 por ciento."

Barrales es enfático: "Si prosperaran las reformas de modificación a los artículos 27 y 28, si esos 2 mil 500 megawatts ya no se consideraran servicio público, automáticamente pasarían a la iniciativa privada 128 mil 520 servicios entre LFC y CFE, cantidad extraordinaria de servicios de mediana y alta tensión. Los particulares harían el negocio de su vida.

-¿Por qué favorecen algunos senadores la entrada de capital extranjero a la industria eléctrica?

-La gente cree en la privatización porque la campaña de desprestigio insiste en propagar que el servicio es malo y la corrupción generalizada. El SME ha demostrado con documentos, desde diciembre de 2001, que estamos de acuerdo en lograr que los ilícitos sean cada vez menores.

-¿Qué son los ilícitos?

-Pérdidas de energía, no técnicas (12 por ciento), que no se pagan, no se facturan, robos, fraudes y corrupción: son los diablitos que se cuelgan en los postes para robarse la luz. Los ilícitos son pérdidas gravosas en contra de la misma empresa. Como SME generamos sólo 2 por ciento, es decir, la CFE nos vende en bloque la energía y al Estado no le importa que haya ilícitos, gente colgada, mal servicio o que los medidores no funcionen. La CFE alega: "Te di tanto en bloque en energía eléctrica, te tengo que cobrar tanto". Así se descapitaliza LFC. El gobierno sabe del total de pérdidas y en la asignación del presupuesto a LFC sólo le asignó el subsidio a lo facturado, no a la energía total suministrada por el sistema, en este caso el área de control central.

"En México las empresas eléctricas del Estado son dos y mantienen un sistema eléctrico interconectado. LFC tiene un sindicato, el SME, el más antiguo (1914), y lo encabeza Rosendo Flores Flores. El Sindicato Unico de Trabajadores de la República Mexicana (SUTERM) lo dirige Leonardo Rodríguez Alcaine, quien apoya la privatización y abraza a Fox. Es un traidor que no defiende los derechos de sus trabajadores.

-¿No es culpa de los malos administradores? ¿No es responsabilidad de los líderes corruptos?

-Rodríguez Alcaine ha sido incondicional del gobernante en turno. No ha hecho una sola defensa de la industria eléctrica.

-¿Qué pasaría si desapareciera el SME?

-La lucha de 1999 no fue sólo por defender el contrato colectivo. Si estas modificaciones se hicieran, aunque el Ejecutivo dice que no se despediría a ningún empleado y que no se afectarían los derechos de jubilados, nosotros decimos que en menos de dos años los contratos colectivos de CFE y LFC se vendrían abajo. ¿Qué pasaría con los servicios de mediana y alta tensión entregados a particulares? Puedo demostrar que en ese tipo de servicios tenemos en LFC un promedio de mil 348 servicios que consumen arriba de 2 mil 500 megawatts. En la propuesta del Ejecutivo pasados esos 2 mil 500 no se considerarían servicio público y pasarían automáticamente a particulares. Equivaldría a 11 mil 291 servicios, 52 millones de pesos en el caso de LFC. Los particulares podrían usar redes de distribución y transmisión sin que les hubiera costado un quinto. Y por lo visto el gobierno no quiere vender, sino regalar, porque para las trasnacionales no hay cortapisa. Rosendo Flores dice que el presidente Fox re-ga-la-ría a todas estas trasnacionales las redes instaladas. Obviamente se están frotando las manos.

-¿No fue el TLC el que estableció (por conducto de Salinas de Gortari) que los recursos se tenían que entregar conforme a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional?

-En diciembre de 1992 Salinas reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, abriendo las puertas al capital privado mediante la figura de productor independiente de energía (PIE), pero en el anexo 602.3 del TLCAN el Estado mexicano se reservó la prestación del servicio público de energía eléctrica en términos de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Salinas se comprometió a entregar los energéticos a las trasnacionales, y a los mexicanos se les escondió este compromiso con las políticas financieras mundiales. La iniciativa foxista va más allá. De allí que en la marcha del pasado 27 de septiembre, que abarrotó el Zócalo con 250 mil personas, los carteles rezaran: "Si privatizar es la cura, ¿por qué Argentina agoniza?" Los senadores y los diputados deberían actuar de manera más patriótica y no modificar nuestra Constitución.