Señalan que la administración foxista ha sido incapaz de combatir la impunidad

La erradicación de la tortura es sólo retórica, denuncian ONG

Funcionarios de menor jerarquía ejercen prácticas violatorias de garantías

VICTOR BALLINAS

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) elaboraron un informe sobre la tortura en México en el que resaltan que en el "gobierno del cambio" esa práctica continua, a pesar del discurso del presidente Vicente Fox de que en su administración se respetarían los derechos humanos y se castigaría a quienes violaran esas garantías.

En este gobierno aún se siguen registrando quejas de personas que han sido torturadas o de sus familiares, con lo cual se evidencia que el discurso oficial "no ha podido llegar a los servidores públicos de menor jerarquía, quienes siguen con las mismas prácticas que han cubierto la tortura y fomentado su impunidad".

La CMDPDH y ACAT señalan en su estudio que la tortura está tipificada como delito en la ley federal correspondiente que se expidió en 1991. Diecisiete entidades (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas) consideran la tortura como delito en sus códigos penales; Guerrero y Yucatán no la han tipificado y en los estados restantes se cuentan con legislaciones especiales sobre ese delito, aunque la clasifican de manera muy diversa.

El estudio de los organismos no gubernamentales de derechos humanos señala que el gobierno del presidente Fox "reconoce la práctica de la tortura, pero como un fenómeno del pasado". Sin embargo, resaltan, "en este gobierno han ocurrido denuncias por ese delito: como muestra está el caso de Guillermo Vélez Mendoza, quien fue torturado por policías de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta causarle la muerte".

La tortura, apuntan las ONG, es utilizada en muchos casos como método de investigación para que delincuentes comunes confiesen un delito que pudieron o no haber cometido; también ha sido aplicada como instrumento de lucha en contra de grupos subversivos, para obtener información sobre las estrategias de guerra o en contra de miembros de comunidades en donde presuntamente operan esos grupos.

También se han documentados casos en los que miembros de comunidades indígenas han sido obligados bajo tortura a firmar hojas en blanco que posteriormente son utilizadas en procesos como declaraciones autoinculpatorias.

En el estudio de ACAT y la CMDPDH se destaca que "Guerrero se caracteriza por ser la entidad con el mayor número de denuncias de tortura, y aunque no está tipificada en el código penal como delito, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado la caracteriza como tal, sólo que al sancionar los jueces a personas por ese delito y aplicar el código penal, no se les sanciona por ese acto ilícito". Yucatán, se añade, "es el único estado en donde la tortura no es punible".

De acuerdo con la información a que las ONG pudieron tener acceso, entre 1990 y 2001 se consignó penalmente a 57 funcionarios públicos por el delito de tortura. Los jueces federales concedieron 39 órdenes de aprehensión, de las que se cumplieron 24. Sólo en ocho casos se emitieron sentencias condenatorias. En ese mismo periodo, añaden, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 73 recomendaciones dirigidas a la PGR.

Las organizaciones civiles precisan que en todos los casos conocidos en que se ha sentenciado por tortura "se ha partido de la presunción de que los servidores públicos han actuado aisladamente y por su cuenta y riesgo. Las investigaciones ministeriales y la acción de los jueces no han tomado en cuenta que la práctica de la tortura requiere de un cierto grado de institucionalidad -espacios adecuados, grupos de varios individuos, aislamiento, etcétera- y que en términos generales las declaraciones de las víctimas señalan a varias personas, que aun si no cometieron los actos de tortura contribuyeron ayudando a quienes la perpetraron".