El senador Ricardo Aldana obtiene un amparo

Suspendidos, juicios de desafuero del Pemexgate

GUSTAVO CASTILLO Y CIRO PEREZ

Los juicios de desafuero en contra de líderes petroleros implicados en el Pemexgate quedarán suspendidos porque la Procuraduría General de la República (PGR) deberá desahogar nuevas diligencias, afirmó la abogada Odette Mobarak Vale.

Lo anterior, tras conocerse que el juzgado cuarto en materia de amparo concedió la protección de la justicia federal a Ricardo Aldana, senador y tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a fin de que la PGR le dé acceso a las indagatorias y la autoridad investigadora dicte nuevos acuerdos dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/102/2002.

Mobarak Vale, promotora del amparo 1628/2002, aseguró que la decisión de amparar a Aldana Prieto beneficia también al líder petrolero y diputado federal Carlos Romero Deschamps, así como al diputado local de Tamaulipas, Jesús Olvera. ''Con ello se demuestra que la averiguación previa de la UEDO no había sido concluida y que se violaron las garantías ministeriales de los implicados, motivos por los cuales los requisitos que exige todo juicio de desafuero no fueron cumplidos por la PGR."

Según la decisión del juez cuarto de distrito en materia de amparo, Amado Chiñas Fuentes, el fiscal de la UEDO que estuvo a cargo de las investigaciones del Pemexgate, por los cuales se solicitó el desafuero de los tres legisladores, violó las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales de Ricardo Aldana.

A decir de la abogada, esto significa que no se le dio el debido acceso y derecho a defenderse y a conocer las acusaciones que existen en su contra.

La resolución del juicio de amparo señala que la UEDO deberá dejar insubsistentes los acuerdos mediante los cuales negó, supuestamente, a Aldana Prieto el derecho a una adecuada defensa, copias de las actuaciones ministeriales y la imposibilidad de presentar pruebas a su favor.

Según la versión de la litigante, las nuevas indagatorias que debe realizar la PGR abarcarán también el desahogo de todas las pruebas de descargo que ya han sido presentadas ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

La resolución de Chiñas Fuentes se emitió el pasado 20 de diciembre, y por ser un juzgado de primera instancia, a la PGR aún le queda el recurso de la apelación, por lo que una vez interpuesto éste la dependencia que dirige Rafael Macedo de la Concha podría revertir este ordenamiento si así lo determina un tribunal.

De acuerdo con lo declarado por la abogada, mientras esto se desahogue en los tribunales la Cámara de Diputados no podrá continuar con los procesos de desafuero de Aldana Prieto, Romero Deschamps y Jesús Olvera porque, de acuerdo con sus estimaciones, como la PGR pidió en un solo pliego el desafuero de los tres legisladores, el beneficio de este amparo y la demostración de que no se cumplieron todos los requisitos de la averiguación previa impide también que con los otros involucrados siga adelante el proceso de desafuero.

Como se recordará, los tres dirigentes del STPRM están acusados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de ser copartícipes del desvío de más de mil cien millones de pesos de Pemex, de los cuales 640 millones ha-brían sido transferidos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000.

En contraparte, Ricardo Moreno Bastida, presidente de la Sección Instructora, afirmó que el amparo otorgado sólo surte efecto en el caso del senador Ricardo Aldana, que fue quien lo promovió; sin embargo -subrayó- será necesario esperar para saber si la defensa lo presentará como elemento para detener el juicio de desafuero. Mientras tanto el procedimiento en la Cámara de Diputados continúa de manera normal. El legislador por el estado de México insistió en que hasta conocer el contenido del amparo no pueden detenerse los trabajos de la Sección Instructora, y que a partir de su contenido se podrá determinar si tiene efectos para los tres implicados, y no sólo para el senador Aldana.

En tanto, el priísta Felipe Solís Acero consideró que si hay una suspensión del acto reclamado ésta tiene efectos positivos para el encausado en el caso del procedimiento de desafuero. Hay una relación directa entre un caso -el de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada- y el que se sigue en la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, para determinar si procede retirar el fuero constitucional a efecto de que los legisladores respondan ante el Ministerio Público sobre los actos reclamados.

Coincidió con Moreno Bastida en que es necesario conocer los alcances y contenido del amparo.