El pago a Fernández de Cevallos es ineludible

LA CORTE DEFINIRA SI QUIEN DIRIGE LA SECRETARIA HA SIDO CONTUMAZ

Las obligaciones jurídicas, dice la funcionaria, hay que cumplirlas; señala que la dependencia a su cargo "heredó" un conflicto por el que ha sido requerida para saldar un adeudo que, admite, no puede ser negado ni pagado en abonos

MATILDE PEREZ U.

Las obligaciones jurídicas hay que cumplirlas, dice la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, quien comenta que será destituida de su cargo y consignada si esa instancia federal no paga mil 264 millones de pesos a Armando Bernal Estrada y Gabriel Ramos Millán, clientes del abogado y senador Diego Fernández de Cevallos, por la expropiación de 33 hectáreas en Santa Ursula.

La ex magistrada afirma que no hay ningún conflicto con Fernández de Cevallos porque "no está autorizado en ese expediente. No puedo decir que la SRA tenga un adeudo con el senador". Explica que el asunto es herencia de otra administración, pero las consecuencias son para la actual titular de la SRA. "La condena ya existía, es parte de los asuntos ya resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que causaron ejecutoria; ahora la autoridad administrativa lo único que debe hacer es cumplir, pues no es decisión de la SRA pagar o no, hay una orden del Poder Judicial federal". Pero, puntualiza, esta secretaría no tiene recursos para ese y otros asuntos por los que debe más de 2 mil millones de pesos.

_¿Hay un plazo de vencimiento para el caso de Santa Ursula?

-El requerimiento fue hecho hace varios meses, nos daban 24 horas para cumplir. Se hizo del conocimiento de la autoridad (SCJN) que se carecía de recursos y hubo un requerimiento de ésta para que se solicitara el dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Nosotros actuamos escrupulosamente dentro de la ley.

-¿Y si no paga esta administración, o lo hace en abonos, como sugirió un senador del PRD?

-El requerimiento no es en ese sentido, trae apercibimiento.

-Destitución y consignación, ¿le preocupan?

-Es un asunto delicado. Es una sanción que a ninguna persona, aunque no sea servidor público, le gustaría recibir, pero eso lo decidirá la SCJN en su momento y determinará si hubo o no contumacia porque en realidad cuando hay contumacia por parte de la autoridad al no pagar es cuando se hace acreedor a la sanción. Lo que va a determinar la SCJN es si quien es titular en este momento en la SRA es contumaz a estos requerimientos que ya le tocó recibir. Tengo un nombramiento, estoy cumpliendo con él, he actuado conforme a derecho y, como parte de otro poder, respeto las decisiones de la SCJN.

-Y como integrante del gabinete del presidente Fox, ¿cuál es su propuesta?

-En realidad en este tipo de asuntos normalmente se hacen negociaciones porque hay la comprensión de que no se tienen los recursos; hay muchos asuntos pendientes por falta de presupuesto. En este caso la deuda es superior al presupuesto de la SRA.

-En el caso de Santa Ursula, ¿tendría que intervenir el Presidente ante el senador Diego Fernández de Cevallos por ser éste el representante legal de los demandantes?

-No tengo como representante autorizado al senador Fernández de Cevallos dentro del expediente y el Presidente (Fox) no ha sido requerido, no tiene por qué intervenir. En la SRA hay un departamento jurídico y un director jurídico, y es allí adonde la gente acude para que se haga efectiva la condena o se establezcan las bases de un convenio.

Nuevos proyectos

La situación del caso Santa Ursula parece no perturbar a la titular de la SRA, quien durante la entrevista charla de los proyectos a corto plazo para esa instancia a la que -destaca- hay que darle la oportunidad de que acceda a otra etapa dentro de las tareas asignadas. "La SRA no se puede quedar únicamente en el reparto de documentos (títulos de propiedad), que son importantes y facilitan la inversión, pero no es lo único que puede hacer la secretaría", puntualiza.

La realidad del campo, donde faltan oportunidades para que sus habitantes se incorporen al desarrollo económico del país, requiere de una nueva ley agraria, "no hay que estar parchando leyes". Como parte de esa nueva propuesta legal adelanta que en la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados está la propuesta de cambiar el párrafo segundo del artículo 27 constitucional, que establece que toda expropiación debe hacerse por causa de utilidad pública mediante indemnización; la modificación es que se haga previa indemnización y que se establezca la garantía de audiencia previa a la expropiación; que los tribunales agrarios (actualmente autónomos) formen parte del Poder Judicial y la instauración de un código de procedimientos agrarios, ya que la Ley Agraria remite al Código de Procedimientos Civiles.

En el caso de los ajustes al párrafo segundo del artículo 27 Constitucional, la titular de la SRA precisa: "la decisión de ese cambio no es derivada de lo que pasó en San Salvador Atenco. En ese asunto la SRA actuó escrupulosamente, apegada a la ley. El hecho de estar observando la garantía de audiencia se deriva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que los extranjeros tienen garantía de audiencia cuando se les va a expropiar, y lo que buscamos es esa igualdad para los mexicanos".

Esos cambios, sumados a la regularización, ordenamiento territorial, capacitación, organización y apoyo para que se sumen al desarrollo económico, ayudarían a mantener la paz social en el campo, donde factores políticos, religiosos, étnicos y hasta la explotación de los recursos naturales influyen para que se genere algún conflicto.

Advierte que a los habitantesdel campo no hay que verlos co-mo pobladores incapaces. "La pobreza subsiste porque nos ha faltado enseñarles cuáles son sus derechos jurídicos y agrarios, que si decide desprenderse de su tierra pueden obtener un pago más elevado del que demanda".

Como titular de la SRA considera que su reto "es avanzar en la regularización de tenencia de la tierra, ordenamiento y capacitación para lograr que los sujetos agrarios sean parte de la población objetivo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y no de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Ahora son pobres, pero tienen tierra; si la venden ya no tendrán otras oportunidades de desarrollo".

A la gente del campo no hay que verla como incapaz de desarrollar un trabajo; tiene habilidades, capacidades, lo único que requiere es apoyo, insiste Herrera Tello luego de manifestar su preocupación por el bajo presupuesto de la SRA, particularmente para los proyectos de organización productiva destinados a las mujeres (Promusag).

Indemnización a yaquis, asunto inconcluso

A pocos días del anuncio oficial de que la tribu yaqui había aceptado 97 millones 100 mil pesos de indemnización por la expropiación de 2 mil 688 hectáreas (La Cuchilla y La Isleta) en 1997, la titular de la SRA aclara que los ocho gobernadores tradicionales e incluso los tres paralelos que existen en dos de los pueblos habían manifestado su conformidad de recibir la indemnización; ello tras conocer que en septiembre habían perdido el juicio de amparo contra la expropiación. Y enfatiza: "no hay ningún engaño de nuestra parte".