Ningún funcionario de entonces ha sido procesado; de 88 sentenciados, algunos, libres

La impunidad aún campea en el quinto año de la matanza de Acteal

La recomendación de la CNDH, desoída Los grupos paramilitares, intactos

DE LA REDACCION

La impunidad sigue reinando en torno a la sangre indígena derramada en Acteal, Chiapas.

Como cada 22 de diciembre en que se cumple un año más de la matanza de Acteal, los balances son obligados, aunque los resultados, pese al tiempo transcurrido, son los mismos, porque hoy, a cinco años de la matanza de 45 indígenas tzotziles, municipio de Chenalhó, los autores intelectuales siguen impunes. No ha habido disposición oficial para encontrarlos y menos para procesarlos.

La justicia para "ese crimen contra la humanidad", como lo calificó el 23 de diciembre de 1997 el entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, no llega aún. Ningún funcionario del gobierno de Chiapas fue juzgado y de los 88 sentenciados como responsables materiales de la matanza, la mayoría indígenas, algunos ya fueron liberados.

A principios de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) apeló contra la liberación de seis indígenas acusados de formar parte de los grupos paramilitares priístas que el 22 de diciembre de 1997 sorprendieron en el paraje montañoso de Acteal, en los Altos de Chiapas, a un grupo de tzotziles, mayoritariamente mujeres y niños, quienes rezaban junto a una ermita y a quienes agredieron de forma brutal.

Aunque en los expedientes judiciales hay evidencias de la responsabilidad oficial en esos hechos e incluso en el libro blanco que la PGR presentó un año después, donde la tesis central es que la matanza se originó en un conflicto intercomunitario, se detalla la coparticipación y complicidad de policías de Seguridad Pública de Chiapas con los grupos paramilitares que dispararon y luego a hachazos mutilaron los cuerpos de hombres, mujeres y niños.

Un año después de la matanza, Luis Hernández Navarro escribió en La Jornada que al igual que con los asesinatos del cardenal Posadas y de Luis Donaldo Colosio, en el caso de Acteal "el poder es incapaz de esclarecer los crímenes que lo involucran. La razón de Estado no admite que la verdad emerja cuando choca con sus intereses".

A propósito de la publicación del libro blanco sobre Acteal, señaló que el documento es "la última cuenta puesta al collar de la ignominia de las versiones oficiales sobre los grandes asesinatos de los últimos años, un episodio más en la autoexculpación de la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre".

La PGR, a cargo en ese diciembre de 1998 de Jorge Madrazo Cuéllar, consideró la venganza "como móvil específico" del crimen colectivo, sin referirse a la actuación de los caciques priístas ni de dirigentes de ese partido en Chiapas, entre ellos Antonio Pérez Hernández, titular de la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas, una de las instituciones desde las cuales se coordinaron las acciones contrainsurgentes que buscaban minar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Las pesquisas nunca se dirigieron a los autores materiales, ni siquiera porque la ejecución de los 45 indígenas a manos de paramilitares prohijados por las instancias estatales, con la tolerancia federal, colocó a Chiapas nuevamente en el escenario mundial.

Diez días después de la masacre, caían las aspiraciones presidenciales de Emilio Chuayffet, quien de manera intempestiva dejó la Secretaría de Gobernación. Un año más tarde, el gobernador interino, Julio César Ruiz Ferro, solicitó licencia indefinida y se fue tranquilamente, premiado después con un cargo de embajador, pese a las voces que pedían se le fincaran responsabilidades por la libertad que tuvieron los asesinos para actuar.

Según el expediente judicial, más de 90 personas armadas con fusiles AK-47, rifles .22 y metralletas Uzi dispararon de las 10:30 de la mañana hasta las 17:30 horas contra 350 indígenas que oraban en un cafetal, junto a la ermita católica del lugar: siete horas de balazos, sin que los 40 policías militarizados que estaban a 200 metros del sitio hicieran nada para impedir el ataque.

Ante el agente del Ministerio Público, el general de brigada retirado Julio César Santiago, coordinador de asesores del Consejo de Seguridad Pública del gobierno de Ruiz Ferro, aceptó haber permanecido cuatro horas junto a la escuela de Acteal. Según los autos del expediente 27/98, mientras la lluvia de balas continuaba y la tierra se regaba con la sangre de tzotziles, varios funcionarios estatales tenían conocimiento de los hechos y no hicieron nada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó sancionar a 17 funcionarios del gobierno chiapaneco, por su responsabilidad en los hechos. Cuatro han sido consignados y 11 fueron inhabilitados para ocupar algún cargo público, pero no se mencionó a ningún funcionario del gobierno federal, tampoco a elementos del Ejército Mexicano. La recomendación no ha procedido y tampoco hay nada del desmantelamiento de los grupos paramilitares del área.

En el libro blanco de Acteal, la PGR documentó la existencia de "grupos de civiles armados en Chenalhó, no organizados, no articulados, no entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano". Nunca se investigó la relación entre militares, policías y funcionarios públicos con los grupos paramilitares, que son la clave para demostrar la guerra sucia contra los indígenas rebeldes de Chiapas.

En marzo de 1998 el gobierno mexicano envió un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que precisa sobre las investigaciones en torno a la matanza de Acteal. "Se ha ejercitado acción penal contra 124 personas, 97 de ellas están sometidas a proceso penal, privadas de su libertad y acusadas de los delitos de homicidio, lesiones, portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa".

El gobierno de Ernesto Zedillo destacó en ese informe que entre los detenidos se encontraba el presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, juzgado como presunto instigador de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal, aclaró que los detenidos no fueron 124, ya que sólo se abrieron procesos penales contra 82 indígenas, de los que 57 fueron sentenciados bajo el cargo de autores materiales y están pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión.

En noviembre del año pasado se liberó a Domingo Entzín López, Martín Santís Entzin, Pedro Méndez Vázquez, Moisés Luna Pérez y Antonio Santís López, a quienes se acusó de formar parte de los grupos paramilitares que masacraron a los indígenas de Acteal. El juzgado segundo de distrito de Chiapas los absolvió.

Una ONG con sede en Washington, Misión Internacional de Justicia, reportó en junio de este año "serias irregularidades" en los procesos judiciales contra 75 de los 88 implicados en el crimen colectivo de Acteal.

Pese a todo, como cada 22 de diciembre, los sobrevivientes de Acteal piden justicia y castigo para quien planeó y mandó ejecutar a 15 niños, 21 mujeres y 9 hombres aquel día negro de hace cinco años.