Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 20 de diciembre de 2002
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Mundo
Líderes opositores aseguran que el fallo no les afecta y convocan a mantener el paro petrolero

Ordena el Tribunal Supremo reanudar labores en PDVSA

Preparan antichavistas megamarcha en Caracas y movilizaciones en al menos 10 ciudades venezolanas

GERARDO ARREOLA ENVIADO

Caracas, 19 de diciembre. Una decisión provisional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó hoy reanudar labores en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estratégica empresa cuya paralización es la columna vertebral del paro opositor que desde hace 18 días reclama la renuncia del presidente Hugo Chávez y una convocatoria a elecciones generales.

En la víspera de que el movimiento antichavista ponga en tensión su capital político, en una demostración de fuerza que llamará La toma de Caracas, líderes opositores dijeron interpretar que el fallo judicial no afecta a los trabajadores y directivos petroleros en paro, y los convocaron a seguir faltando a su trabajo.

La Sala Constitucional del TSJ emitió una medida cautelar en un juicio de amparo promovido por el gerente general de Producción de la División de Occidente de PDVSA, Félix Rodríguez.

El pronunciamiento de la máxima instancia judicial venezolana ordena "a todas las autoridades y particulares vinculados con el restablecimiento de la continuidad económica e industrial de PDVSA, que acaten todos los decretos y las resoluciones de los órganos competentes para lograr la puesta en funcionamiento de la industria petrolera".

Respaldo a decreto

En esa forma el TSJ respaldó con la fuerza de la ley un decreto presidencial del pasado 9 de diciembre, una resolución del Ministerio de Energía y Minas (8 de diciembre) y otra conjunta de esa cartera y la de Defensa (10 de diciembre), que tienden a reactivar la corporación que es el corazón económico del país.

El fallo indicó que los afectados quedan "apercibidos de que el desconocimiento de dicha orden supondrá un desacato a la autoridad".

De acuerdo con el procedimiento del juicio de garantías, el TSJ admitió para su consideración la demanda de amparo del funcionario de PDVSA, cuyo fondo analizará antes de emitir un fallo definitivo.

"La sentencia es clarísima", dijo a periodistas el vicepresidente José Vicente Rangel. "Tienen que regresar a sus labores; si no, se exponen a severas sanciones".

El ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, declaró en cadena nacional de radio y televisión que el fallo "viene a reafirmar lo que hemos venido repitiendo: que todas nuestras acciones están amparadas en el marco constitucional". Agregó que la decisión permite al gobierno "restablecer la normalidad y proteger la integridad de nuestra principal industria" después de afrontar una "acción de sabotaje sin precedente en la historia patria".

La oposición recibió el mandato judicial con distintas posiciones, que sin embargo coinciden en alentar a los trabajadores petroleros en paro a desafiar el fallo.

"Es una maniobra, una estrategia para tratar de amedrentar e intimidar a trabajadores del sector petrolero y petroquímico", sostuvo Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Carlos Fernández, presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, opinó que la decisión "está dirigida a las autoridades militares que resguardan las instalaciones de PDVSA, por lo que en nada aplica a los trabajadores petroleros, que han decidido unirse al paro cívico nacional para restablecer el orden democrático en el país.

"Esta sentencia no modifica el sentir de los trabajadores de PDVSA, por lo tanto el paro petrolero sigue activo", dijo el lider empresarial, quien concluyó su intervención en una rueda de prensa con la consigna del movimiento antichavista: "Ni un paso atrás".

Juan Fernández, vocero de directivos y empleados de PDVSA incorporados al movimiento antichavista, mencionó que la medida judicial "en nada afecta una decisión ciudadana amparada en la Constitución" y que el paro laboral en la corporación "sigue en pie".

En sus declaraciones a la prensa, los dos Fernández citaron la parte sustancial de la resolución del TSJ, pero ambos omitieron la palabra "particulares".

El diputado del derechista partido Primero Justicia y abogado constitucionalista Gerardo Blyde, dijo que el fallo representa la "legalización de un autogolpe de Estado".

El movimiento opositor llevó a PDVSA a un punto cercano a la parálisis, frenó las exportaciones de crudos y derivados e hizo recortar la producción y la refinación.

La decisión del TSJ emergió un día crítico en el abasto de gasolina en Caracas, ilustrado por irritados automovilistas que formaban largas filas frente a las estaciones de servicio, una estampa que se reprodujo en los últimos días en ciudades de provincia.

La misma Sala Constitucional del TSJ había decidido el miércoles regresar el mando de la Policía Metropolitana al alcalde opositor, Alfredo Peña. El cuerpo había sido intervenido por el Ejército y la Guardia Nacional.

La táctica de Chávez de replicar paso a paso al paro, llevó al gobierno a autorizar la incautación del transporte privado, en caso de que se requiera garantizar el suministro de combustible y alimentos, así como la inspección de comercios, mataderos y frigoríficos para confirmar si incurren en acaparamientos.

En esa misma línea, el viceministro de Agricultura y Tierras, Oswaldo Carnevalli, informó que en Puerto Cabello (centro-occidente) empezaron a atracar embarcaciones que estaban fondeadas, bajo el efecto del paro.

Los buques entraron con cargamentos de hierro y aceite de palma, y tomaron turno para la entrada a puerto otros buques que traen trigo, cebada, semilla de papa y azúcar cruda. Esta tarde se realizaba la descarga de sosa cáustica, maíz amarillo, harina de soya y grasa, indicó el funcionario.

La Toma de Caracas

En contrapartida, la oposición convocó a una megamarcha en Caracas y a movilizaciones en al menos una decena de ciudades de provincia. En la capital distintas columnas saldrán por la mañana para confluir en la Plaza Venezuela, en las inmediaciones de la Universidad Central.

También llamada Toma de Caracas, la manifestación representa un escalamiento en las demostraciones de fuerza del movimiento antichavista. El líder Carlos Ortega dijo que "el pueblo seguirá en la calle hasta que el dictador se vaya de una vez por todas".

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