El gobierno favorece a las trasnacionales, señala

El desplazamiento generará conflictos, afirma la UNORCA

MATILDE PEREZ U.

Un desalojo, agresión o despojo hacia las comunidades ubicadas en Montes Azules será una embestida contra la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, con presencia en 22 estados, manifestó el coordinador ejecutivo de la UNORCA, Alberto Gómez Flores.

Denunció que las organizaciones ecologistas Conservación Internacional y Ceiba, Grupo Pulsar, Comisión Nacional de Biodiversidad, Instituto Nacional de Ecología de la UNAM y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen interés en esa región de 331 mil 200 hectáreas, decretada en enero de 1978 como reserva de la biosfera.

Este grupo "articula y garantiza la consolidación del proyecto del corredor biológico Mesoamericano financiado por el Banco Mundial, puente del Plan Puebla-Panamá", y pretende impulsar, promover y fomentar proyectos de investigación científica de bioprospección -es decir, de biopiratería-, servicios ecoturísticos de lujo, comercio de especies y de madera", afirmó Gómez.

Puntualizó que varias comunidades campesinas e indígenas asentadas en Montes Azules tienen un historial de expulsiones y desplazamientos por parte de militares y grupos paramilitares, "por lo que pueden considerarse desplazados de guerra, y en un futuro cercano desplazados ambientales ante los intereses privados que existen en ese territorio, donde decidieron y les permitieron asentarse".

El propósito es despojar a los pueblos indígenas de la tierra y los recursos naturales, y favorecer los intereses de empresas trasnacionales, pero esta situación es resultado también de la ausencia de reconocimiento a los derechos y cultura indígenas, como quedó plasmado en los acuerdos de San Andrés. "Los conflictos territoriales en Montes Azules no pueden abordarse sin el reconocimiento previo de los derechos y cultura indígenas", apuntó Gómez Flores.

Advirtió que las presiones y acciones represivas contra los poblados en Montes Azules aumentará la tensión en la zona, lo cual podría generar un conflicto social de mayor magnitud. El gobierno debe detener sus pretensiones de desalojo y si no lo hace será responsable de cualquier situación que allí se produzca.

En el programa de manejo de la biosfera de Montes Azules se establece que aunque por decreto se estableció el territorio que ésta abarca, nunca se llevó cabo el deslinde y sólo se estableció una normatividad de uso de los recursos naturales en esa superficie, donde confluyen las comunidades lacandona y de otros ejidos.