Representante del distrito 025 de riego pide destituir a Lichtinger, Castañeda y Jáquez

Denuncian negligencia y desorden en el manejo de la cuenca del río Bravo

La suspensión del suministro de agua se debe al pago de la deuda con EU, sostiene

CAROLINA GOMEZ MENA

Al establecer que la representación legal del distrito de riego 025 cuenta con todos los documentos que prueban las "mentiras" en que incurrieron la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "para quitarnos la totalidad del suministro de agua", René Enríquez Valenzuela, apoderado legal del mencionado distrito, cuyo líquido se entregó a Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas de 1944, demandó a la administración federal "demostrar que es el gobierno del cambio" y destituir, por "desleales", a Víctor Lichtinger, Jorge Castañeda y Cristóbal Jaime Jáquez de sus cargos.

En entrevista, Enríquez Valenzuela abundó que la CNA y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en vez de poner orden en el uso de los recursos de la cuenca del río Bravo, optaron por "despojar al distrito 025, primero en noviembre de 2000 y luego en 2001, del agua a que teníamos derecho desde hace más de 50 años".

De esta forma "ocultan su negligencia y desorden, y le entregan el líquido a Estados Unidos", sostuvo Enríquez, quien dijo que el director de la CNA y el titular de la SRE, "mal aconsejados por sus abogados, hicieron firmar al presidente Vicente Fox, en marzo de 2001, la minuta 307, con la cual México reconoce en forma oficial el adeudo, es decir, endilgaron al Presidente los errores y la negligencia de la anterior administración".

En opinión de Enríquez esto fue producto de la "ignorancia que prevalece entre los funcionarios de la actual administración, y también por las presiones de George W. Bush". Agregó que la citada minuta, así como la 308, sobre entrega contingente de agua, "violentan el tratado de límites y aguas al modificarlo de forma y de fondo".

El apoderado legal acotó que desde mediados de año se hizo la solicitud a la Cámara de Diputados de entablar un juicio político en contra de los titulares de las citadas secretarías y de la CNA, lo cual podría tener respuesta en los próximos meses.

En el distrito de riego 025 de Tamaulipas viven poco más de 14 mil 500 agricultores, de clase media y baja, por lo cual la afectación directa es para unas 80 mil personas. Si a esto se le agrega que cada uno de los agricultores da trabajo, en promedio, a diez jornaleros, el total de los afectados se eleva a casi 300 mil.

En esa región, "que hasta hace poco era netamente agrícola, se sembraba maíz cuando recibía entregas de agua de mil millones de metros cúbicos; luego, con la primera reducción de la mitad del volumen, se optó por sorgo, que requiere menos agua, y ahora pues le diré que plantan piedras, porque no hay de otra. En cambio en la cuenca alta de Chihuahua se siembran alfalfa y frutales, cultivos que necesitan tres o cuatro riegos".

Resaltó que la distribución que hace la CNA del agua de la cuenca es "unilateral y discrecional" y criticó el hecho de que el decreto presidencial de 1955, que declaraba veda para abrir nuevas tierras al cultivo, se siga violando en Chihuahua, con lo cual se restringe aún más la disponibilidad de líquido.

El pasado 13 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a los titulares de la Semarnat y de la SRE en la que asegura que hubo conductas inadecuadas y negligentes en este "despojo" de agua, y aunque para los campesinos del distrito 025 el señalamiento "llegó un poco tarde", ya que hace más de año y medio se interpuso la queja, es un reconocimiento tácito de que se cometió un error.

Enríquez relató que la restricción se dio con el argumento de que el "bajo nivel de las presas no garantizaba el abasto para uso agrícola, y que la poca agua que había debía ser para uso doméstico, ello de acuerdo con el orden de prioridad que marcan la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales".

A consideración del apoderado legal, el oficio de la CNA mediante el cual se les informó de la restricción total del agua omitió el argumento principal que explicaba la escasez, es decir, que "ya se estaba pagando una deuda con Estados Unidos que tenía diez años de rezago.

"Por desorden y negligencia en la cuenca del río Bravo se acumularon adeudos (cada año México debe entregar, según el tratado de límites y aguas, 450 millones de metros cúbicos) y se creó un caos en el manejo de los recursos, con lo cual para el año 2000 había un adeudo de mil 600 millones de metros cúbicos".

Para no pagar ese adeudo, añadió, el gobierno mexicano recurrió al argumento de la sequía, la cual "no existía, porque no había una disminución pluvial de 50 por ciento, sólo de 6 por ciento. Así se fue reduciendo el abasto y para 1999-2000 nos estaban dando 500 millones de metros cúbicos con el pretexto del estiaje, cuando en realidad la causa eran las entregas de líquido a Estados Unidos y la proliferación de aprovechamientos y retenciones ilegales en la parte alta de la cuenca".