Preparan solicitud de amparo contra la reforma a la ley orgánica en materia de pensiones
Protestan académicos de la UdeG por albazo del Congreso de Jalisco
El trabajador, obligado a dejar 10% de su salario en fondo manejado por sindicato y autoridades
JOSE GALAN
Más de 400 académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuestionaron ayer al Congreso de Jalisco por lo que consideraron "aprobación fast track" de las reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones de la ley orgánica y, por ende, del contrato colectivo de trabajo. Afirmaron que se trató de "un madruguete, un albazo" por parte de diputados locales y autoridades universitarias.
Agrupados en el denominado Foro Universitario -organización gremial no reconocida oficialmente por las autoridades de la UdeG, que efectúa sus negociaciones con los sindicatos de académicos y administrativos-, informaron que interpondrán recursos legales, incluida una solicitud de amparo contra la reforma a la ley orgánica, además de demandas laborales por la reducción de derechos que impliquen las modificaciones.
También preparan demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el eventual cambio de régimen, de obligatorio al voluntario en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pretende realizar la UdeG con el nuevo sistema.
Según Juan Carlos Cornell y Francisco Valladares, voceros del foro, los diputados locales aprobaron las reformas a la ley orgánica por 34 votos en favor, dos en contra de José Guadalupe Godoy, del PRD, y Octavio Navarro Prieto, del PAN, y la abstención de Juan José Sánchez Antillón, también de Acción Nacional.
"El dictamen fue elaborado fast track, en apenas 10 minutos que duró la reunión sostenida por la Comisión de Asuntos Legislativos. Pura formalidad sin modificación alguna a la iniciativa enviada por el gobernador Francisco Gabriel Acuña, quien la recibió del consejo general universitario", reveló Román Munguía Huato, miembro del foro.
Las reformas incluyen la constitución de un fondo "solidario" con el que el trabajador debe colaborar "a la fuerza" con 10 por ciento del salario, recursos que serán administrados por los líderes sindicales y la administración universitaria en turno; el postergamiento del problema de las pensiones hasta el año 2030, fecha en que la mayoría de los trabajadores -todos aquellos en el rango de los 20 a los 35 años- se jubilarían, es decir, 10, 15 o hasta 18 años más de la edad de 50 años efectiva con anterioridad, y un programa de vivienda universitaria que impactará con 5 por ciento el salario de los trabajadores, agregó Román Munguía Huato.
Además, los portavoces del foro consideraron que las reformas se llevaron a cabo con base en un estudio actuarial que no incluye la realidad de los trabajadores administrativos que alcanzan entre cuatro y cinco salarios mínimos diarios, e implica un sistema de seguridad social "que suprimirá los derechos a ella". En el caso de la pensión del IMSS, "significa unos 160 mil pesos, tomando como base dos salarios mínimos y una esperanza de vida de 73 años".
Los inconformes exigieron a las autoridades universitarias presentar informes y cuentas claras de la situación en que se encuentran los fondos del SAR, del retiro y las cuotas del IMSS, y dar los pasos pertinentes para regularizar los estados de cuenta de cada uno de los trabajadores. Sobre todo, aclarar "de manera suficiente" la responsabilidad particular de quienes hayan propiciado la "quiebra presente del sistema de pensiones".
