Investiga el GDF si en el manejo de la Plaza México cumple con la ley de espectáculos

El empresario taurino Herrerías, en la mira de las autoridades

Además enfrenta demanda penal por haber amenazado de muerte al juez Ricardo Balderas y al secretario técnico de la comisión que rige esa actividad en la ciudad, Manuel Juárez

ELIA BALTAZAR

Acusado penalmente por proferir amenazas de muerte en contra del juez de la Plaza de Toros México, Ricardo Balderas, y de Víctor Manuel Juárez González, secretario técnico de la Comisión Taurina del Distrito Federal, el empresario Rafael Herrerías ahora también enfrenta la investigación de las autoridades capitalinas para comprobar si cumple con las normas de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, particularmente en lo que se refiere a los plazos para establecer los contratos con ganaderos y matadores, y con el pago de la fianza correspondiente a la Tesorería de la ciudad.

Víctor Manuel Juárez afirma que Herrerías concibe la reglamentación como una intromisión en su negocio, y no es un secreto, aseguró, que constantemente viola la normatividad. "Está imponiendo sus criterios y eso se refleja en todos los aspectos del festejo". Herrerías, afirma Juárez, aplica la máxima de "si yo pago yo decido cómo lo hago".

El conflicto con el juez de plaza comenzó cuando él dio la orden de remitir al encargado de toriles al juez cívico, debido a que se encontraba en estado de ebriedad y abrió las puertas de toriles sin su consentimiento, lo que provocó la irritación de Herrerías, quien contravino la autoridad del juez, insultándolo primero y luego argumentando que la plaza "es mi casa, y yo mando".

Por los hechos, Balderas presentó una denuncia civil, primero, y una penal después, luego de que el empresario no acudió a los citatorios del juez cívico y amenazó de muerte a Balderas y a su familia, según consta en la averiguación previa FAC/50T2/1950/02-12.

El 10 de diciembre pasado las amenazas se extendieron a Juárez, por intervenir en el conflicto y ser portavoz de la Comisión Taurina. De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno capitalino y a las autoridades taurinas, Herrerías está sujeto a investigación, pues se presume su incumplimiento de diversos ordenamientos legales en materia de pago de fianzas y contratos con toreros y ganaderos.

La legislación en materia de espectáculos públicos establece en su artículo 43 fracción cuarta, que para poder vender el derecho de aparato -que en la Plaza de Toros México corresponde a 10 mil localidades aproximadamente, con una derrama económica de 10 millones de pesos-, "el titular deberá anunciar completo el elenco de matadores de toros, con especificación del número de corridas en que actuarán y las ganaderías contratadas, con detalle del número de encierros que a cada una corresponda". Y "no podrá hacer el anuncio de elementos pendientes de contrato".

Sin embargo, Herrerías, para la temporada que actualmente se celebra en el coso, anunció la actuación del torero Eulalio López, El Zotoluco, cuando no se había firmado el contrato, como afirmó el mismo matador unos días antes de que arrancaran las corridas, el pasado 13 de noviembre, según afirmaciones de integrantes de la Comisión Taurina.

Al respecto, la legislación advierte que "los contratos correspondientes al número de encierros anunciados deberán celebrarse con los ganaderos cuando menos con 90 días hábiles de anticipación a la venta del derecho de apartado, y los contratos con toreros cuando menos con 15 días hábiles de anticipación a la venta señalada".

Fuentes del gobierno capitalino, sin embargo, ponen en duda que Herrerías cumpla con la normatividad vigente y han solicitado a la delegación Benito Juárez la información correspondiente, pues son las autoridades de esa demarcación las responsables de vigilar que en la plaza de toros se cumplan la ley de espectáculos y el reglamento taurino, elaborado durante la regencia de Oscar Espinosa Villarreal.

Así, en el contexto del anuncio que hiciera recientemente el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, de que se hará de la ciudad de México un gran centro de espectáculos y diversión, su administración ha emprendido la revisión legal de cada una de las sedes de esas actividades, tanto de las que funcionan mediante permisos administrativos temporales -es decir, concesiones-, como los privados, como es el caso de la Plaza México.

Las autoridades también han solicitado información para saber si Herrerías ha cumplido con el ordenamiento de la fracción octava de la ley de espectáculos, en el que se apunta que el empresario "deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería del DF, a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga y del pago de multas por violaciones a la ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos y condiciones serán fijados por la Secretaría de Finanzas".

Incluso, luego de la amenaza de muerte de Herrerías en contra del juez de plaza Ricardo Balderas, las autoridades del gobierno capitalino decidieron otorgarle a éste protección con una escolta integrada por cinco elementos de seguridad, para que acuda al coso taurino a cumplir con su deber, pues su labor está amparada por el Gobierno del Distrito Federal, responsable de su nombramiento, lo mismo que de los 18 miembros honorarios de la Comisión Taurina.

El presidente de dicha comisión, Carlos Mendoza, lamentó el conflicto, pero advirtió que la ley debe cumplirse y el caso de Herrerías es una demostración de desafío a la autoridad dentro de la plaza de toros y frente al gobierno local.