Puede investigar a civiles

Colombia: Congreso confiere al ejército funciones judiciales

AFP, REUTERS Y DPA

Santafe de Bogota, 12 de diciembre. El gobierno de Alvaro Uribe celebró hoy la decisión del Congreso colombiano de aprobar una ley que otorga a los militares funciones judiciales, lo que les permitirá por ejemplo investigar a civiles y hacer allanamientos.

La ley aprobada anoche, que entrará en vigencia en 2005, permite también a las Fuerzas Militares realizar registros y hacer levantamientos de cadáveres, en casos en que no haya autoridad judicial para autorizarlo.

La medida fue apoyada por el fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, quien señaló este jueves que "lamentablemente en esta guerra hay que hacer registros, interrogatorios y pesquisas, recoger algunas evidencias, y donde no pueden llegar autoridades especializadas de fiscalía, puede llegar el Ejército".

Por su lado, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, dijo: ''estamos muy contentos de que haya pasado ese proyecto, porque necesitamos una fuerza pública con mayor capacidad para actuar".

Pero la ley, aun antes de su aprobación anoche, fue recibida con preocupación por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un comunicado de prensa entregado el martes. El organismo cita un concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según el cual la utilización de militares como agentes de policía judicial "puede prestarse a la violación de derechos de los ciudadanos, a la realización de pruebas amañadas o al ocultamiento de pruebas cuando puedan indicar responsabilidades por parte de las Fuerzas Armadas".

Por su parte el senador Hector Helí Rojas consideró que la medida aprobada "resulta extraña en un estado de derecho donde hay una separación de poderes".

Entre tanto, al menos seis personas murieron en distintas acciones perpetradas por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en dos pueblos cercanos a las fronteras con Ecuador y Venezuela, mientras el delegado de la Defensoría del Pueblo en el municipio de San Carlos de Guaroa fue secuestrado por presuntos paramilitares que interceptaron la ambulancia en la que era transportado poco después de sufrir un preinfarto.