Recibe 150 quejas mensuales en promedio por violación a derechos humanos: Espino
Protegerá la PGJDF a las víctimas y testigos de delitos
SUSANA GONZALEZ G.
Para proteger a las personas que sean víctimas o testigos de algún delito y se atrevan a presentar la denuncia correspondiente en las agencias del Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que sus direcciones y números de teléfono no aparecerán en las averiguaciones previas.
Dichos datos personales quedarán registrados por separado y se guardarán en un sobre cerrado que será entregado al juez correspondiente en caso de que se ejercite acción penal, informó Margarita Espino del Castillo, subprocuradora Jurídica y de Averiguaciones Previas de la dependencia.
Por otro lado, la funcionaria manifestó que su área recibe en promedio 150 quejas mensuales por presuntas violaciones a los derechos humanos contra detenidos por parte de agentes judiciales y personal de las agencias del Ministerio Público, pero aclaró que de esas sólo unas diez o 20 inician proceso.
Explicó que "podría ser que existen personas que utilizan esto (las quejas) como un recurso para su defensa, pero para eso estamos las instancias que investigamos este tipo de violaciones a los derechos humanos."
Precisó que el índice de supuestas violaciones cometidas por abuso policiaco "son menores" pues representan un siete por ciento del total de quejas y se refieren a lesiones, abuso de autoridad o tortura. Espino del Castillo consideró que por tratarse de tratarse de la integridad psicofísica de las personas que son puestas a disposición del Ministerio Público, las quejas por presuntas a violaciones a derechos humanos es un tema "muy escandaloso y delicado".
En torno a la muerte de Marco Antonio Angeles Sevilla, un presunto delincuente detenido hace dos semanas y quien murió en las galeras de la agencia uno del Ministerio Público, dijo que la procuraduría continúa investigando el caso luego de que los familiares rechazaron que se hubiera suicidado y consideraron que fue torturado y asesinado.
Sobre el ordenamiento para proteger los datos de las víctimas y testigos de un delito, Margarita Espino aclaró que fue emitido por el procurador Bernardo Bátiz mediante el acuerdo A/010/2002, ya publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el 28 de noviembre pasado, sin que se transgredan las garantías individuales de los inculpados.
Para el defensor de oficio o abogado particular de los detenidos, las direcciones y teléfonos de quienes los acusan no son datos fundamentales para el desarrollo del proceso penal.
Según la subprocuradora con esta disposición para confidencializar los datos generales de víctimas y testigos de hechos ilícitos se pretenden evitar actos que atenten contra la integridad de las víctimas del delitos ya que si bien dijo que en la procuraduría no se tienen estadísticas de presuntos delincuentes que hayan amenazado a víctimas, "se presume" que situaciones así ocurran.
"Las víctimas nos han manifestado ese miedo que tienen para denunciar o los testigos también. No tenemos realmente todavía ese dato, pero lo que estamos tratando es promover la cultura de la denuncia en la víctima y que se atreva a denunciar", dijo durante una conferencia de prensa.
Así, al garantizar la confidencialidad de los datos personales de víctimas y testigos de delitos, la procuraduría pretende también generar más confianza entre la ciudadanía, y en caso de que el personal de las agencias del Ministerio Público hagan caso omiso o incumplan con esta disposición, entonces podrán ser reportados a la Contraloría Interna y la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF.