La incertidumbre paralizó a la industria de conversiones de gasolinas, alertan
Se oponen empresarios al impuesto especial sobre el gas LP vehicular
ISRAEL RODRIGUEZ
En caso de que las autoridades apliquen el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) en 2003 para el gas licuado de petróleo (LP) vehicular, medida con lo que se esperan obtener 2 mil 500 millones de pesos, los empresarios fabricantes de equipos para carburación y tanques, instaladoras y talleres de servicio de mantenimiento y técnicos especializados recurrirán a todas las vías legales para impedirlo, como los amparos contra la Secretaría de Hacienda.
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Combustibles Alternos AC ( Anprocoaa), Mario Piña Muñoz, adelantó la decisión e indicó que aceptarán el apoyo de cualquier partido político que los quiera ayudar.
Informó que la incertidumbre que se ha generado en los últimos 30 días por la posible aplicación de IEPS ha ocasionado que la industria de conversiones de gasolina a gas prácticamente se haya paralizado y se ha detenido la adaptación de 25 mil unidades pertenecientes a diversas flotillas. Adicionalmente han quedado suspendidos cuatro programas de conversión que iban a realizar las propias armadoras como General Motors, Volkswagen, Nissan y Ford, con lo que se han frenado proyectos de inversión en esas plantas.
De aplicarse el gravamen, alertó, se creará una nueva espiral inflacionaria con un alto costo social, además de que se manda un mensaje a la sociedad con la imposición de gravámenes a la ecología. ''Se causarán presiones inflacionarias incrementando costos de distribución de muchos productos básicos y costos de operación del transporte público'', indicó.
Mencionó que el sector gubernamental se verá afectado, ya que 40 por ciento de sus vehículos utilizan gas LP como combustible. ''No estamos en contra de la captación de impuestos, sino del método'', externó. Acusó a la Secretaría de Hacienda de desconocer las consecuencias que puede generar un impuesto de esta magnitud y dijo que está condenado al fracaso, como ha ocurrido con el impuesto suntuario.
Vaticinó que mil 500 empresas relacionadas con la industria del gas podrían quebrar en los próximos seis meses, lo que implicaría la desaparición de 10 mil empleos directos.
