"No reúne los requisitos" del reglamento del Colegio de Defensa Nacional

Aspirante a cursar estudios en plantel militar demanda al titular de la Sedena

JESUS ARANDA

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, fue demandado ante el juzgado segundo de distrito en materia administrativa por su negativa a aceptar como cursante del Colegio de Defensa Nacional a Martha Lizeth Ramírez Pérez. Es la primera vez que se presenta un amparo en contra de un secretario de la Defensa por un aspirante a cursar estudios en un plantel castrense.

Al responder a la denuncia en la causa A. I.1432/2002, el militar -afirma la demandante- no fundamentó ni motivó la respuesta que le solicitó la juez Ana Luisa Mendoza Vázquez; en lugar de ello señaló que el caso debía ser sobreseído en razón de que se trata de una situación que pertenece "a un quejoso distinto de la quejosa" y que fue promovido en su momento por el señor José Ramón Cibión, "por actos distintos al que demandó la firmante".

Vega también indicó que la quejosa ya había dado por consentido el acto -es decir la negativa de ingreso al Colegio de Defensa-, al aceptar la validez de los oficios 59505 y 32577 del 9 de agosto de 2001 y 15 de mayo de 2002, respectivamente, y las copias de los oficios 91118, 22669, 50576, 59824 de fechas 27 de diciembre de 2001; 3 de abril, 23 de julio y 31 de agosto de 2002, respectivamente.

No obstante, de acuerdo con la ampliación de la demanda enviada el 25 de noviembre pasado a la juez Mendoza, Ramírez Pérez rechazó los argumentos del titular de la Defensa e insistió en que la causa del proceso en su contra -en el que se incluye al subjefe de doctrina militar, general de brigada Salvador Cienfuegos Zepeda- es con relación al escrito del 24 de mayo pasado, dirigido al Presidente de la República en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, a quien de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública le corresponde autorizar el permiso para que la demandante estudie la maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacionales que imparte el Colegio de Defensa Nacional.

El 24 de mayo pasado Ramírez Pérez dirigió un escrito al presidente Vicente Fox en el que le pidió respeto a su derecho de estudio y la garantía del mismo, y solicitó una audiencia para plantearle el problema.

En respuesta, la Coordinadora de Acción Ciudadana, Laura Carrera Lugo, respondió en un escrito el 16 de agosto pasado en el que aseguró que debido a que la agenda del Presidente estaba saturada, se remitiría su demanda a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Vega García contestó a Ramírez Pérez el 2 de octubre pasado por conducto del subjefe de doctrina militar, general Salvador Cienfuegos Zepeda, en el oficio 66831, en el que respondió que "no es posible autorizar que realice la maestría en administración pública para la seguridad y defensa nacionales" por no reunir los requisitos establecidos en el reglamento del Colegio de Defensa Nacional.

Asimismo ratificó el contenido de los oficios referidos a la demandante en los que ya se había negado la petición.

Como consecuencia, Ramírez Pérez presentó su demanda de amparo el 23 de octubre en contra del secretario de la Defensa Nacional y del subjefe de doctrina militar. El acto reclamado es la resolución del 2 de octubre de 2002, emitida por el subjefe de doctrina militar bajo el oficio 66831. La quejosa argumenta que esa decisión viola los artículos 14 y 16 constitucionales, al pronunciar una resolución "sin expresar en forma clara y concisa" los motivos de su negativa realizada a mi petición de fecha 24 de mayo de 2002, así como es omisa en asentar fundamento legal alguno al respecto".

Añade la demanda que "si observamos el cuerpo de la resolución combatida resulta que la respuesta es carente de cualquier explicación que conlleve a establecer el porqué del sentido de la respuesta, así como cualquier fundamento legal que sustente su postura, ya que no menciona precepto legal alguno en tal sentido. Y al carecer el acto reclamado de estos elementos sustanciales resultan violadas mis garantías individuales".

Después de que Vega García respondió a la juez, afirmando que en 1999 se había promovido un juicio de amparo indirecto AMPP-104/99 y que fue sentenciada con su sobreseimiento por parte del sexto tribunal colegiado de circuito en la toca 2706/99, Ramírez Pérez sostuvo que era falsa la argumentación del funcionario.