Sobrevendría un aumento de entre 2 y
3 pesos en tarifas de transporte colectivo
Diputados panistas rechazan igualar precios de gas
licuado y gasolina Magna
Afectaría el costo de distribución de
productos y representa un impacto ecológico, dicen
CIRO PEREZ SILVA
La propuesta del gobierno foxista de ajustar el costo
del gas natural licuado de petróleo para combustión automotriz,
a efecto de equipararlo con el de la gasolina Pemex Magna, no convenció
ni a diputados del PAN, quienes en ''número importante'' rechazaron
la iniciativa bajo el argumento de que un incremento en el precio de este
combustible aumentaría a su vez el costo de diversos productos y
servicios en detrimento directo de las familias de menores ingresos.
''Este particular incremento al precio que propone en
la ley de ingresos el gobierno federal significa de entrada un aumento
de entre 2 y 3 pesos al servicio de transporte colectivo; impacta directamente
el costo de distribución de productos de consumo y, por ende, el
precio al consumidor; representa un impacto ecológico y atenta contra
el programa de saneamiento del aire en ciudades como el Distrito Federal
y lesiona las finanzas públicas, ya que 40 por ciento de la flotilla
de los tres niveles de gobierno ya está convertida a gas'', advirtió
el panista Mauricio Candiani Galaz.
La posición del legislador panista, ''que apoya
un número importante'' de legisladores del blanquiazul, se
suma a una serie de diferencias respecto del paquete económico que
comparten en mayor o menor medida todos los grupos parlamentarios en San
Lázaro, y que sustentan la posibilidad de que ley de ingresos y
el presupuesto de egresos se aprueben en los últimos días
de diciembre.
Además
de este frente ''que se abrió por la ineficacia del gabinete económico'',
se sumó a la discusión del paquete económico la demanda
del Poder Judicial de mayores recursos. ''La Suprema Corte no es una agencia
de los poderes Legislativo o Ejecutivo y requiere de un presupuesto que
responda a su realidad histórica y la confianza y credibilidad que
se ha ganado'', afirmó el diputado por Convergencia José
Manuel del Río Virgen.
Simultáneamente, los priístas sostuvieron
que el presupuesto de egresos ''es inconstitucional'', ya que viola el
artículo 73 al pretender utilizar los recursos provenientes de empréstitos,
no en la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento
en los ingresos públicos, sino para el gasto corriente.
Jorge Chávez Presa, ex director general de Política
Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y secretario de la comisión
ad hoc en la Cámara de Diputados, afirmó lo anterior
y dijo que de aprobarse la propuesta del Ejecutivo el gasto corriente representaría
88 por ciento del gasto programable del sector público, en tanto
que la inversión física sólo 11.6 por ciento.
''La Cámara de Diputados tendrá que enmendarle
nuevamente la plana al Poder Ejecutivo, mostrando su papel de contrapeso
y redireccionando el gasto corriente hacia la inversión pública'',
aseveró el priísta, quien condenó el intento gubernamental
por ''disfrazar'' una expansión ''sin precedentes'' en el gasto
corriente bajo el concepto de inversión social.
Indicó que las medidas en las que debe incidir
la Cámara de Diputados para modificar el paquete económico
del Ejecutivo son, entre otras, aumentar la recaudación tributaria
para destinarla a proyectos de inversión física del gobierno
federal o de transferencia a las entidades federativas; revisar las áreas
de oportunidad del presupuesto de gastos fiscales para elevar la captación
de ingresos, y deberá reasignar gasto corriente a inversión
física, especialmente de las áreas administrativas y de apoyo,
de las oficinas de enlaces con el Congreso, contralorías internas
y de áreas de la comunicación social.
''El Ejecutivo federal argumenta que todo el gasto en
educación, salud, vivienda, seguridad pública, seguridad
social, entre otros, constituye en los hechos una inversión en la
gente. Como no hace ninguna diferencia en el tipo de gasto, el presupuesto
de las áreas que no tienen relación alguna con la función
sustantiva, como las administrativas, contralorías y oficinas de
enlace, las acaba contabilizando como inversión social'', subrayó.
Asevera que esta contradicción se complementa con
el argumento oficial de que 64 por ciento de los servicios personales lo
absorben las remuneraciones a maestros, médicos y enfermeras. ''No
obstante, las cifras muestran que al cierre de 2002 tendremos menos o igual
número de maestros, médicos y enfermeras por habitante que
en 2000.''
Para cubrir los incrementos en los servicios personales
''se ha sacrificado'' la inversión física del gobierno federal,
elemento fundamental tanto para ampliar la oferta de bienes y servicios
públicos, como para promover la creación de empleos.
Con esta perspectiva, la posibilidad de que el paquete
económico se apruebe antes de concluir el periodo ordinario queda
en suspenso. Incluso, el próximo presidente de la mesa directiva,
que entra en funciones el próximo 16 de diciembre, Eric Villanueva
Mukul, hizo un llamado a ''no acelerar'', pero tampoco a ''retrasar'' la
aprobación de ley de ingresos y presupuesto de egresos. ''No por
mucho madrugar amanece más temprano'', dijo, luego de afirmar que
el año pasado su bancada ''fue actor de equilibrio e institucionalidad
en la discusión del paquete económico'', y que este año
no será la excepción.
