Seguro popular, apuesta oficial para resolver el problema

Instituciones de salud, al borde de la insolvencia

En 10 años, el IMSS no podrá continuar con la prestación de servicios: Levy Posible desabasto de fármacos en el ISSSTE

ANGELES CRUZ

El segundo año de gobierno foxista termina para el sector salud en medio de una crisis económica en las instituciones de seguridad social que, a decir de sus directores, prácticamente las mantiene en una situación de insolvencia, y con la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) de impulsar la restructuración financiera del sistema sanitario.

Con la premisa de que los recursos destinados al sector son parte de la inversión que el país debería hacer para alcanzar el desarrollo económico, la Ssa apuesta a convencer a los legisladores para que incrementen los fondos destinados al ramo, y principalmente a legitimar la existencia del seguro popular de salud.

Este panorama podría cambiar si el titular de la Ssa, Julio Frenk Mora, logra la dirección general de la Organización Mundial de la Salud, puesto para el que fue postulado por el gobierno de la República, y para lo cual empezó actividades en busca de los votos de los países miembros del organismo, con "pasarelas" en foros internacionales, acompañando al presidente Vicente Fox Quesada. Mañana asistirá a la celebración del 100 aniversario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se realiza en Washington.

En cuanto a los programas de la Ssa, a diferencia del primer año de gobierno, en el cual la dependencia presentó más de 20 estrategias para mejorar la salud de los mexicanos, en 2002 se enfocó en la consolidación del seguro popular, que pretende ser el proyecto social más importante del sexenio.

De acuerdo con los lineamientos de la estrategia, beneficiará a la población que no tiene acceso a los servicios de seguridad social, y está basado en un esquema financiero similar al de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir, de aportación tripartita. Su principal objetivo es terminar con la desigualdad en el acceso a la atención médica y evitar el empobrecimiento de alrededor de 2 millones de familias que cada año enfrentan gastos catastróficos para curar sus enfermedades.

Con el propósito de introducir el seguro popular en la política de Estado, el Ejecutivo federal envió al Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley General de Salud.

Descapitalización en la seguridad social

El director general del IMSS, Santiago Levy Algazi, empezó a hablar abiertamente de lo que ya era un secreto a voces: la crisis financiera que enfrenta la institución y el riesgo de insolvencia que la amenaza por el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, así como por la insuficiencia de recursos del Seguro de Gastos Médicos de Pensionados.

Levy Algazi planteó la problemática casi siempre en tono alarmista; incluso señaló ante legisladores que de no actuarse a la brevedad, en 10 años el IMSS no podrá continuar con la prestación de los servicios médicos, y para evitar esto es necesario reformar la Ley del Seguro Social. De no hacerlo, advirtió, el monto que se necesitará para rescatar al instituto será superior al destinado al Fobaproa.

En días pasados, el funcionario planteó que los cambios a la legislación podrían presentarse en uno o dos años, y mientras deben analizase las alternativas, entre ellas incrementar la edad de retiro, limitar los beneficios de la seguridad social, establecer un sistema de copago de medicamentos y modificar el régimen de pensiones.

En el ISSSTE también sobresalió la descapitalización, que desde hace varios años lo mantiene prácticamente en quiebra financiera. El director general de esta institución, Benjamín González Roaro, planteó en diversos sitios la problemática que enfrenta, y que este año se vio agravada por los recortes presupuestales.

El funcionario admitió el riesgo de desabasto en las unidades médicas, y dijo que los 45 mil millones de pesos asignados al ISSSTE en 2002 no alcanzaban para cubrir las necesidades de fármacos y material de curación, y que los ingresos adicionales por aportaciones de las dependencias de gobierno le permitieron solventar el problema.

A pesar de la crítica situación financiera, a la fecha las autoridades del instituto no han planteado con claridad las alternativas de solución, y según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el próximo año no será distinto. Apenas se le destinan 4 mil millones de pesos más respecto a lo ejercido en 2002. Esa cantidad forma parte del subsidio fiscal que se utiliza para el pago de más de 400 mil pensiones y jubilaciones, y que en el próximo año ascenderá a 26 mil millones de pesos, de los cuales 17 mil millones provienen de las arcas federales.