El Poder Judicial requiere un presupuesto fijo, insisten

Cortes de Iberoamérica exigen autonomía económica

Recomiendan a Ejecutivo y Legislativo "velar" para que se cumpla la seguridad jurídica que requiere una economía global

JESUS ARANDA Y DAVID SOSA ENVIADO Y CORRESPONSAL

Cancun, QR, 28 de noviembre. El Poder Judicial debe contar con presupuesto fijo, elaborado por éste, sin que el Ejecutivo o el Legislativo puedan modificarlo, acordaron exigir los presidentes de las cortes supremas de Iberoamérica, quienes se comprometieron a hacer públicas "las expresiones de apoyo, inactividad o retroceso" en que incurran los otros poderes al atender su demanda.

Ante los asistentes a la séptima Cumbre de Cortes Iberoamericanas, el ministro Sergio Salvador Aguirre expuso que en el caso de México, al no contar con un presupuesto fijo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) está imposibilitado para programar a largo plazo su crecimiento, su afincamiento y su perfeccionamiento.

En respuesta a los planteamientos de algunos legisladores, en el sentido de que "no se justifica" que la Judicatura Federal pretenda contar con una partida fija, el ministro indicó que "el hecho de que haya una asignación mínima constitucional no quiere decir que no vayan a justificarse esos recursos"; falta información y existe confusión en el Legislativo para resolver positivamente la petición de la Suprema Corte de contar con al menos 2 por ciento del Presupuesto de Egresos, cifra que duplica la cantidad obtenida este año.

Aquí quedó en evidencia la crítica situación por la que atraviesa el PJF al no contar con un presupuesto fijo, ya que, mientras Aguirre planteó en su ponencia que el Poder Judicial elabore su proyecto de presupuesto y que éste no sufra modificación alguna -que es la aspiración de la Suprema Corte-, los representantes de Costa Rica, Nicaragua y Venezuela comentaron que las constituciones de sus países incluyen ya dicho ordenamiento, pero que el problema radica en que los otros poderes les adjudican nuevas obligaciones sin incrementarles de manera proporcional sus ingresos.

La mayoría de las naciones de Iberoamérica no tiene asignada una partida mínima constitucional para el Poder Judicial, y los que cuentan con esa autonomía -que va de 2 a 6 por ciento del presupuesto de egresos, "ha resultado insuficiente para cubrir las necesidades judiciales".

Aguirre cuestionó también que aun cuando hay naciones que elaboran su propio presupuesto (excepto Ecuador y República Dominicana), el Poder Legislativo lo reduce "drásticamente", sin posibilidad de audiencia, oportunidad de justificación o aclaraciones. Para este año, la Suprema Corte solicitó más de 20 mil millones de pesos, y recibieron únicamente 15 mil 800 millones. Para 2003, la Judicatura Federal pidió 23 mil 600 millones de pesos.

En el contexto de los trabajos de la Cumbre de Cortes de Iberoamérica, el ministro Juan Díaz Romero leyó un documento, avalado por la asamblea, en el que se "recomienda" velar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de cada uno de los 21 países participantes, porque la seguridad jurídica en una economía globalizada "requiere reciprocidad e igualdad en el tratamiento a las exportaciones de bienes y servicios de las empresas iberoamericanas"; que se promulguen normas que comprometan la inversión a plazos determinados, y que den aviso previo de retiro.

Además, que se haga válida la exigencia a los empresarios para que prevalezcan y se cumplan las reglas relativas a la estabilidad en el empleo, la libre sindicalización y la indemnización de los trabajadores cuando decidan retirar su capital, entre otros.

Entre los temas que fueron analizados destacó el relativo al "acceso de la mujer a la justicia", que fue presentado por Zarela Villanueva Monge, magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica, en el que se planteó que los poderes judiciales impulsen una política de género para revertir la "doble discriminación" que sufre la mujer, porque la vulnerabilidad que tiene en los campos laboral, económico y social se "duplica" simplemente por ser esposa, madre o hija.

Los ministros ubicaron tres áreas críticas (violencia doméstica, pensiones alimenticias y materia laboral) en las que los jueces deben abrirse a "percibir" las necesidades de las mujeres, sin que por ello los pierda su imparcialidad.

Este viernes concluyen los trabajos de la cumbre con la adopción de la Declaración de Cancún, que señala: "El acceso a la justicia es un derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con el propósito de obtener la tutela jurídica de sus intereses por medio de una resolución pronta, completa e imparcial", para lo cual se presentará en el espacio judicial iberoamericano una carta de derechos de las personas".