A clientes de Diego Fernández irían mil 214 millones

SRA pide 3 mil mdp para pagar indemnizaciones

Tenemos obligaciones ineludibles, justifica Herrera Tello

ANGELES CRUZ, ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, aludió ayer públicamente a la necesidad de que se otorguen recursos adicionales a la dependencia a su cargo por 3 mil millones de pesos, para cubrir indemnizaciones millonarias a particulares, entre ellas la de los clientes del senador Diego Fernández de Cevallos.

La SRA tiene ''obligaciones jurídicas ineludibles'' para cuyo cumplimiento requiere más de 3 mil millones de pesos, cantidad que no está prevista en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003, dijo la titular de la dependencia.

Cerca de la mitad de esos recursos, mil 214 millones, serían para pagar a los herederos de Gabriel Ramos Millán después del litigio que -asesorados por el despacho del panista- ganaron en forma acelerada ya en el sexenio foxista, pese a que el asunto estuvo congelado más de una década.

Por ello, las declaraciones de Herrera Tello provocaron molestia entre legisladores priístas y perredistas, sobre todo porque se sabe que la funcionaria ha formulado el mismo planteamiento a los integrantes de las comisiones de Reforma Agraria de ambas cámaras, en momentos además en que se discute en el Congreso la necesidad urgente de dotar de mayores recursos al campo.

Senadores de PRI y PRD advirtieron que no permitirán que frente a la austeridad presupuestal se destinen más de mil 200 millones de pesos para pagar la indemnización a los clientes de Fernández de Cevallos, dentro del juicio que ganó de manera poco clara a la SRA el año pasado.

El presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Félix Castellanos, comentó que formalmente no han recibido la propuesta de Herrera Tello, y aunque finalmente la hiciera llegar, no se va a aprobar. Sería irracional, dijo, sobre todo porque el presupuesto de la dependencia es menor a la indemnización pretendida para los Ramos Millán.

Ayer, luego de inaugurar la reunión de delegados del Registro Agrario Nacional (RAN), Herrera Tello resaltó que para 2003 se fijó un presupuesto de 990 millones de pesos a la SRA, monto inferior en más de 10 por ciento a los mil 100 millones ejercidos en este año. Subrayó que la cantidad asignada no permitirá saldar las deudas de la dependencia, pero más grave aún es que ese dinero es insuficiente para realizar los programas, sobre todo los que llamó fundamentales como el de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y el de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag).

Recalcó que por ningún motivo sería conveniente que la SRA dejara de atender esas tareas estratégicas e insistió en que por la falta de financiamiento en los últimos dos años no se ha podido avanzar en la regularización jurídica de las tierras. Alrededor de 6 mil 500 núcleos agrarios están rezagados en esta materia. Explicó que parte de la problemática con las más de 4 millones de hectáreas involucradas tiene que ver con conflictos jurídicos de los terrenos, la lejanía y su difícil acceso. Pero definitivamente, señaló Herrera Tello, influye la carencia de recursos. Aunque ''hemos sido eficientes'' en el ejercicio del gasto, no es suficiente, agregó.

Sin embargo, se refirió de manera insistente a las ''obligaciones jurídicas de la SRA''. Explicó que son parte de las ''deudas heredadas'' de la dependencia a su cargo. Definitivamente, dijo, el Congreso de la Unión ''tiene la última palabra; nosotros expresamos nuestras necesidades de lo que se requiere en el sector. Ojalá y hubiese más recursos para todos, pero sabemos que son pocos y se van a distribuir de la mejor manera posible''.

La carga económica más pesada de la dependencia la constituye desde marzo pasado la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que determina su obligación de indemnizar a los herederos de Gabriel Ramos Millán, por la expropiación de los terrenos ubicados en el ejido de Santa Ursula Coapa.

El despacho de Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia logró un fallo discutido hasta el momento, ya que la indemnización equivale al pago de más de 3 mil pesos el metro cuadrado. El asunto se ha dado en medio de una discusión sobre tráfico de influencias que el panista no pudo ocultar, toda vez que en mayo la Secretaría de Hacienda le hizo llegar a él mismo un escrito -en su calidad entonces de presidente de la Comisión Permanente- a fin de que el Congreso decidiera sobre los recursos necesarios para pagarle a su cliente.

En medio de la polémica, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados respondió el pasado 23 de junio a la SHCP, que es esa dependencia la que deberá definir la forma y mecánica que deberá seguirse para cubrir la indemnización a los Ramos Millán y no el Congreso.

El tema quedó pendiente, aunque se sabe que Fernández de Cevallos y Lozano Gracia han seguido presionando e incluso en la Suprema Corte se analiza sancionar a la Secretaría de Reforma Agraria. Ayer, Herrera Tello se refirió a la limitada asignación presupuestal para la dependencia a su cargo en 2003, y aunque no mencionó claramente la deuda con los clientes de Fernández de Cevallos, la incluyó en la cifra que se necesita para cumplir con las ''obligaciones jurídicas ineludibles de la dependencia''.

En el Congreso hubo reacciones inmediatas. Los senadores Oscar Cantón Zetina y José Bonilla Robles, del PRI, y el perredista Jesús Ortega, consideraron que en todo caso estarían de acuerdo en que se dieran más recursos a la SRA para apoyar a los campesinos, no para los litigantes del PAN, como Fernández de Cevallos.

Cantón Zetina dijo que la postura de Herrera Tello ''es una clara muestra de que el presidente Vicente Fox y su gabinete están más preocupados por cumplirle a socios, amigos y demás particulares, que al pueblo de México''.

Mientras millones de campesinos padecen hambre y el país se sumerge en la inestabilidad social, ''los hombres y mujeres que juramentaron velar por los intereses de la nación, y por ende de los mexicanos, sólo están interesados en agradar y enriquecer a unos cuantos en detrimento de las mayorías''.

El priísta dijo que la actitud de la secretaria, de pedir 3 mil millones de pesos adicionales, la mayoría de ellos para cubrir los casos de los litigantes del PAN, cuando el presupuesto de la Reforma Agraria para 2003 es de menos de mil millones, es muestra de la insensibilidad del gobierno foxista y amerita que se analice su remoción.

Sobre el tema, el coordinador perredista, Jesús Ortega, afirmó que no permitirán que de un presupuesto tan austero como el actual ''se destinen mil 200 millones para pagar a los clientes de cualquier legislador que haya utilizado su puesto para ganar juicios''. Sin desacatar la resolución de la Corte, sugirió que se integre en el presupuesto de la SRA del próximo año recursos para pagar a los clientes de Fernández de Cevallos, pero en abonos, a razón de 100 pesos mensuales.