Enviará a España a Manuel Quintans; alega violación a la Ley General de Población

Hermetismo, agregado foxista a la práctica zedillista de expulsar a extranjeros

De 1995 a la fecha entregó a 25 presuntos etarras; cumple también peticiones de EU

ROSA ELVIRA VARGAS Y ALONSO URRUTIA

A la práctica de la expulsión sumaria con el argumento de que cometen violaciones a la Ley General de Población, iniciada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la actual administración federal ha incorporado su propio estilo, que incluye no hacer pública la decisión de echar del país a ciudadanos extranjeros.

Esto pasó hace apenas unos días con la entrega a España del presunto etarra José Antonio Borde Gastelumendi, Putxe, y, con la que ocurrirá en las próximas horas, según información llegada desde aquel país, de Manuel Quintans López, ex miembro del Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.

Ahora, para conocer de una medida de este tipo, se requiere que la noticia sea difundida en el país adonde fue enviado el ciudadano al que se determinó expulsar.

Pero los ciudadanos vascos no son los únicos que padecen las formas que aplica la actual administración en esta materia. En julio de este año y a solicitud de la embajada de Estados Unidos en México, la oficina de Interpol pidió y obtuvo de manera expedita la aprehensión y posterior expulsión del médico portorriqueño Rafael Humberto Pagán Santini.

Científico muy reconocido y especialista en investigación y tratamiento de sida, Pagán Santini trabajaba, al momento de su detención, en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Las estadísticas reportan que de 1995 a la fecha el gobierno de México ha entregado a España a 25 presuntos etarras. Borde Gastelumendi representa el primer caso, luego de que apenas la semana pasada el presidente Vicente Fox dijera ante los reyes españoles que "México no será santuario de terroristas ni lavará su dinero''.

Continuidad de métodos

El nuevo "estilo'' del gobierno de Fox en esta materia no es sino la mera continuidad de la política establecida por el gobierno de Ernesto Zedillo consistente en entregar a presuntos miembros de ETA, no por la vía un juicio de extradición como tendría que hacerse, sino alegando violaciones a la Ley General de Población.

Pero este gobierno ha puesto un elemento adicional: un invariable silencio. De hecho, la Secretaría de Gobernación durante este sexenio sólo ha informado oficialmente de la deportación de Codo Callejo, presunto integrante de ETA, el 26 de marzo de 2001. Según la información difundida por la dependencia, Callejo admitió haber ingresado ilegalmente al país mediante documentación falsa en la que se le acreditaba como ciudadano mexicano.

Así, la mayor parte de las deportaciones ocurridas en este gobierno han sido reportadas desde España, una vez consumadas, y casi siempre han estado acompañadas de la declaración de funcionarios de aquel país que agradecen la cooperación mexicana "contra el terrorismo''.

Sin embargo, existen elementos para presumir que en más de uno de estos casos ha habido intervención directa de policías españoles en la detención de los ciudadanos vascos.

Hay además testimonios suficientes para señalar que tras la expulsión, sobre todo de aquellos a quienes se les vincula con ETA, ha habido malos tratos, incomunicación e incluso tortura.

Joseba Agudo, penalista que pertenece al Observatorio Vasco de Derechos Humanos, declaraba hace un año a la reportera Blanche Petrich que en los casos de José Ramón Ramada y su compañera Mila Ioldi, ambos permanecieron cinco días incomunicados en sótanos de la Dirección General de Seguridad en Madrid. Antes de ser presentados ante un juez, se les torturó sicológicamente y Ramada sufrió incesantes golpes en la cabeza, estómago y testículos.

Por lo que hace a la inminente deportación de Manuel Quintans López, un cable de la agencia Notimex fechado en Madrid apunta que las autoridades mexicanas "aprobaron su extradición el 29 de junio de 1999 y se considera que esta entrega es resultado de la cooperación bilateral que en materia judicial tienen México y España''. Se le siguen procesos judiciales por pertenencia a banda armada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y explosivos, atentado y asesinato frustrado.